Según los abogados de Tuto, la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia impondrá medidas cautelares, porque se trata de un juicio político.
La Procuraduría General del Estado pidió a la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia de Sucre incrementar la fianza a medio millón de bolivianos para el exmandatario Jorge Tuto Quiroga, procesado por el caso petrocontratos. Para los abogados del expresidente ésta es una señal de que le quieren inhabilitar políticamente.
“La Procuraduría General del Estado pide que la fianza económica sea impuesta en la suma de 500 mil bolivianos, además del arraigo, porque tiene facilidades para abandonar el país”, solicitó uno de los juristas de la Procuraduría ante los miembros de la Sala Penal Segunda, que sigue el proceso contra el expresidente.
El pasado martes, la Fiscalía solicitó una fianza de 100 mil bolivianos, la detención domiciliaria y el arraigo del exmandatario, acusado de ser responsable de la firma -supuestamente irregular- de al menos cuatro contratos con empresas petroleras transnacionales durante su gobierno (2001-2002).
Mientras tanto, representantes del Ministerio de Hidrocarburos solicitaron la detención preventiva bajo el argumento de que el expresidente Quiroga puede obstaculizar el proceso.
Uno de los abogado de Quiroga, Alaín Canedo, señaló que la Fiscalía y la Procuraduría “alegremente” solicitan fianzas altas, pero no justifican el peligro de fuga. “Tuto tiene domicilio fijo y familia que radica en Bolivia, por lo tanto, ninguna de las partes acusadoras expuso argumentos legales y creíbles”.
Hoy, el Tribunal tiene previsto anunciar su decisión sobre las medidas cautelares, tras dos meses de audiencias, cuyo desarrollo se caracterizó por varios incidentes procesales presentados por la defensa del exmandatario y único imputado presente en este proceso.
Quiroga, en declaraciones a la red PAT, dijo anoche que no se irá del país y que afrontará los procesos en su contra sin temor porque no cometió ninguna irregularidad como le acusan.
La Sala Penal Segunda de Sucre, conformada por los magistrados Maritza Suntura y Pastor Mamani, rechazó todas las observaciones que durante la audiencia realizó la defensa legal del exmandatario.
A la conclusión de la audiencia de ayer, el expresidente volvió a criticar el accionar de la justicia boliviana y reiteró que su caso responde a un interés del Gobierno de Evo Morales de inhabilitarlo políticamente.
“La guillotina jurídica de jueces y fiscales del Gobierno está preparando un regalo de Navidad a Evo Morales, que es el de llevar preso a uno de sus principales rivales políticos”
Según el abogado Canedo, los jueces emitirán un fallo contrario a los intereses de Quiroga.
Fiscalía no logra notificar a ejecutivos
La fiscal Magaly González, que investiga a exfuncionarios de empresas petroleras y de YPFB , informó que varios ejecutivos no son encontrados, lo que dificulta las investigaciones en el denominado caso petrocontratos II.
“Se han tomado declaraciones a algunos funcionarios de YPFB y responsables de las empresas, pero aún buscamos el domicilio de otros imputados para que presten su declaración. Conocemos que algunos están en el exterior y otros en el interior”, indicó la fiscal, sin precisar nombres ni cargos de las personas buscadas por el Ministerio Público para que presten su declaración informativa.
El caso petrocontratos fue instaurado ante la Fiscalía por denuncias presentadas por Juan Gabriel Bautista, Roberto de la Cruz, Jaime Solares Quintanilla y Alberto Costa en contra de exautoridades gubernamentales por la suscripción irregular de 107 contratos petroleros entre 1997 y 2004.
González advirtió que si las investigaciones determinan ampliar el proceso a otras personas, se lo hará en su momento.
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