Desatinos diplomáticos entre Bolivia y Brasil

Acaba de añadirse un nuevo capítulo a la errática diplomacia de los pueblos con la salida del Senador Roger Pinto de la Embajada de Brasil en La Paz hasta el país que le concedió asilo.

Se trató, sin duda, de una operación cuidadosamente planificada pues al abortar hubiese provocado un grave incidente diplomático en un contexto ya de por sí confuso y complicado. Brasil – seguramente – intentó reducir al mínimo cualquier nuevo elemento de conflicto en caso de frustrarse este viaje y, por tanto, es razonable pensar que el traslado de Pinto al Brasil, que implicaba atravesar por tierra cerca de 1700 kilómetros de carretera durante 22 horas entre las principales ciudades del eje en Bolivia, haga parte de un plan elaborado con sumo esmero.

Desde esa perspectiva, la reacción oficial brasileña es evasiva aunque previsible, en la medida que pretende mostrar un plan ejecutado por el circunstancial jefe de la misión diplomática brasileña en La Paz, un funcionario jerárquico pero de segundo nivel inspirado en aparentes motivos humanitarios, lo que resulta poco creíble, tanto por la estricta disciplina de Rio Branco y su destacado Servicio Exterior basado en estrategias precisas, cuanto por los elementos de seguridad y logística en el traslado de Pinto: vehículos, equipos armados, recepción en Corumbá, conferencia de prensa y vuelo hasta Brasilia.

En fin, todo indica que se trató de una acción planificada. Brasil tiene infinidad de razones para poner paños fríos a este asunto puntual y buscar las salidas más apropiadas para ponerle punto final, en el marco de una visión estratégica con Bolivia, principalmente el común enfoque geopolítico hacía el Pacífico, el adecuado cumplimiento de los acuerdos de provisión de gas, el cuidado de la vasta frontera amazónica que une ambos países, reducir el daño del narcotráfico y tantas otras razones que hacen a la vasta agenda bilateral y una tradicional relación de amistad y respeto.

Sin embargo, más allá de estos parámetros formales e intereses legítimos, Brasil también dejó sentado los límites de tolerancia, su capacidad estratégica y su “peso específico regional”. Celso Amorim, actual Ministro de Defensa del Brasil y sobre todo diplomático de peso, advertía en un reciente artículo titulado: “Sumar poder duro al poder blando del Brasil” que “…ningún país puede confiar la defensa de sus intereses exclusivamente al poder blando. De hecho, en un mundo impredecible donde vienen a sumarse nuevos desafíos a las viejas amenazas, los gobernantes no pueden desestimar el poder duro.”

El desenlace del asilo otorgado por el Brasil al Senador Pinto debería llevar a una catarsis de las autoridades bolivianas ante su pueblo, distraído por declaraciones bravuconas e inapropiadas, e informar debidamente qué hay detrás de la actitud brasileña, la que muestra comprensibles signos de fatiga, pero además comporta una señal inequívoca de fastidio y de tratar de poner las cosas en su lugar, a través de una mini operación comando en nuestro territorio.

El Gobierno de Bolivia debe pues explicar su sistemática actitud de desdén, improvisación y desatino con el Brasil, país con el que no sólo compartimos más de 3500 kilómetros de frontera, nos unen vínculos tradicionales y con el que debieran prevalecer visiones comunes de futuro, más que mezquinos e improductivos “coup de force”, sin medir cabalmente la relación de fuerzas y las repercusiones que provocó una continua y creciente serie de desaciertos diplomáticos con Brasil, desde la intervención militar en los campos gasíferos administrados por Petrobras, la requisa de aviones oficiales brasileños en recintos militares, la prolongada y abusiva detención de súbditos brasileños y, finalmente, el empecinamiento en dejar irresuelto el asilo otorgado al Senador Pinto, asunto clave en la doctrina interamericana que, en criterio boliviano, parece poderse aplicar a discreción nuestra.

Las relaciones diplomáticas boliviano brasileñas aplicadas durante la Presidencia de Luis Ignacio da Silva, “Lula”, gozaron de un tratamiento especial y dependieron de Planalto por medio de un equipo político – diplomático que respondía directamente al Presidente. Ello desembocó en un manejo ágil, evitando trabas burocráticas, desactivando problemas tempranamente y al que se acostumbró el Gobierno boliviano. Al asumir la Presidencia Dilma Rousseff el manejo diplomático recayó en Itamaraty y las relaciones volvieron a los conductos regulares y sus limitaciones. Este hecho ha llevado a que se desarrollen situaciones complicadas y difíciles de resolver, como es el caso del asilo en que la negociación se empantanó y condujo a un diálogo de sordos y a la crisis.

En estas circunstancias tan delicadas ningún servicio de inteligencia en Bolivia pudo detectar la preparación y desarrollo del plan de extracción de Pinto de la Embajada y del territorio nacional hasta su llegada al Brasil que, como sabemos, no pudo concretarse durante 15 meses por la negativa boliviana de cumplir con las normas del derecho de asilo y concederle el salvoconducto correspondiente, generando una respuesta equivalente con el operativo de 22 horas en que también se violaron reglas del asilo diplomático para lograr hacerlo efectivo. La precipitación se debió, probablemente, al hecho de que el abogado de Pinto solicitó un Habeas Corpus en Brasilia que debía cumplirse en estas fechas y para las autoridades brasileñas era urgente cerrar el caso.

Parece indispensable e ineludible que el Gobierno de Evo Morales, una vez por todas dé señales de acatamiento a las reglas internacionales en su política exterior, como debió hacerlo con la última decisión del Mercosur sobre asilo político, firmada por los Jefes de Estado en Montevideo el 12 de julio de 2013, dejando de lado acciones inspiradas por enconos y réditos internos, pues no se puede conducir las relaciones exteriores con dualidad, ya sea por desconocimiento, omisión o incomprensión de los otros y, en consecuencia, permitirse reiteradas tropelías. Más aún, terminar destrozando aspectos mínimos que definen las relaciones internacionales y la política exterior de cualquier país, como se ha hecho con la institucionalidad del servicio exterior, donde sólo parece campear la improvisación y una esperpéntica diplomacia con resultados calamitosos.

Todo este embrollo pudo haberse evitado y resuelto oportunamente si Bolivia actuaba hace 460 días atrás en conformidad con la doctrina del derecho de asilo, norma histórica entre los países de América Latina, y admitía que estos sólidos fundamentos facultaban al Brasil, en ejercicio de su soberanía, a conceder asilo al Senador Roger Pinto.