Ejecutivos de la Camargo Correa tenían amigos en el Congreso boliviano

El 29 de noviembre de 2005, Marcos de Moura Wanderley, CEO de la empresa Camargo Correa en Perú, comunica en un correo electrónico a Carlos Fernando Namur, exdirector de esta firma en San Pablo (Brasil), la aprobación del crédito de la CAF para la construcción de la vía El Carmen Rivero Tórrez-Arroyo Concepción; a la vez informaba de una reunión programada para el siguiente viernes (2 de diciembre) en el hotel Maksoud, de la capital paulista. En el e-mail señalan también el pago de un anticipo por $us 60.000 para la aprobación de una ley que viabilice el inicio de las obras.

“Estamos tramitando la ley en el Congreso (son nuestros amigos)”, así decía parte del correo al que tuvo acceso EL DEBER, registrado en el cuaderno de investigación de la Policía Federal de Brasil.

Consultado sobre el tema, el abogado Carlos Alarcón, vocero del expresidente Carlos Mesa, dijo que estos documentos deben servir como el principal elemento para la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investiga el caso Odebrecht-Lava Jato.

“Según el artículo publicado (el domingo) por EL DEBER, hubo tres depósitos en bancos de Nueva York a una entidad bancaria en Bolivia por un monto total de $us 460.000; por esto creemos que el Gobierno debe pedir el registro de viajes de los parlamentarios de entonces e indagar sus registros bancarios”, afirmó Alarcón.

Contratista medió en pagos

Según los correos electrónicos, el 29 de noviembre de 2005 se involucra en los mensajes a Firmino Robson Oliveira Sodré, como representante de Camargo Correa en Bolivia. Firmino menciona lo que sería el “último acuerdo con los gardelones”, en alusión a los parlamentarios o miembros del Gobierno. En consecuencia, Moura Wanderley transmite a su compañero Carlos Fernando Namur la información sobre los “aciertos firmados” referentes a la obra de Roboré-El Carmen Rivero.

Firmino figura como representante legal de la Camargo Correa en el contrato que se firma con el Servicio Nacional de Caminos el 27 de enero de 2005, en La Paz.

El 8 de mayo de 2006, Moura Wanderley pide a Carlos Fernando Namur “pagar en Brasil y en moneda local (real)”, también anuncia “futuras instrucciones”.

EL DEBER intentó comunicarse con la presidenta de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa, diputada Susana Rivero, pero desde su despacho informaron de que tenía un ajustado cronograma de entrevistas.

Mientras, Rivero, en entrevista en radio Patria Nueva, afirmó que la adjudicación a empresas brasileñas para la construcción de la carretera Roboré-Arroyo Concepción tuvo un sobreprecio de $us 42,5 millones en el Gobierno de Mesa, además de irregularidades en el proceso de licitación.

“Fue adjudicada en el Gobierno de Mesa; se firma el contrato principal para el tramo Roboré-El Carmen por $us 118,9 millones para Camargo Correa y la otra para el tramo El Carmen-Arroyo Concepción por $us 93,6 millones para Odebrecht. La CAF negó el aval al financiador por evidente sobreprecio”, afirmó.

Para el MAS, el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé cambió algunas irregularidades y se decidieron renegociar los contratos, que se firman por $us 23,9 millones menos en el tramo Roboré-El Carmen, y $us 18,6 millones para el tramo El Carmen- Arroyo Concepción.

Por su parte, el senador Arturo Murillo (UD), que preside la comisión paralela de oposición que investiga este hecho, manifestó que desconocían sobre la reunión que sostuvieron parlamentarios bolivianos en Brasil con directivos de Camargo Correa y que pedirá la respectiva documentación a la Asamblea; así también, observó que el oficialismo politizó el caso y solo investiga la gestión de la presidencia de Mesa.

Previamente, el expresidente Rodríguez Veltzé, consultado por EL DEBER, negó haber tratado estos asuntos con funcionarios de las empresas mencionadas y dijo que no tenía conocimiento de la realización de pagos irregulares a ninguna persona.

Podrían ser juzgados

Para el abogado constitucionalista Jorge Santistevan, de corroborarse el viaje de exparlamentarios a un hotel de Brasil para negociar leyes para hacer viable una obra, se debe abrir un proceso de investigación que sea sujeto de evaluación en el comité de ética y, a partir de ahí, se evalúa si deben pasar a la justicia ordinaria, en la que cualquier ciudadano puede declararse denunciante.

“Es incomprensible que estos parlamentarios, extralimitándose de sus funciones, negocien leyes de carreteras; es arbitrario e inconstitucional”, sustentó el constitucionalista.

Según Santistevan, ningún mandatario puede eludir su responsabilidad; al ser la máxima autoridad del Estado debe rendir cuentas a la sociedad. “Rodríguez Veltzé, por ejemplo, no puede decir que no sabía o no firmó nada”, observó.

Son cuatro correos en total a los que accedió EL DEBER, el último data del 23 de mayo de 2006, a cuatro meses del ascenso en el Gobierno del presidente Morales, tal como se evidenció en el cuardo de investigación de la Policía Federal de Brasil.

Sobre el proyecto

Los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción forman parte de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, una ruta declarada prioridad nacional mediante ley 1105, en septiembre de 1989. Mesa reseña en su blog que las obras se hicieron posible a través de dos decretos en 2004, que instruían al SNC licitar y suscribir los contratos.

Entre el 18 de enero y el 1 de febrero de 2004, en la gestión de Mesa, se aceptan las condiciones de financiamiento; el 27 de enero y el 14 de marzo de 2005, el SNC firma los contratos para la construcción de los tramos Roboré-El Carmen, con el consorcio ARG-Camargo Correa, y el contrato para la construcción del tramo El Carmen-Arroyo Concepción, con IASA-Odebrecht.

Mesa sostuvo que debido a la grave situación económica del Estado, durante sus cuatro meses de gestión no pudo conseguir el financiamiento para cumplir con la parte de los recursos, razón por la que los citados contratos no entraron en vigencia.

En cuanto a los firmantes de la vía El Carmen Rivero-Arroyo Concepción, figuran del lado brasileño Fernando Fernandes Meias Bessa, preso actualmente en Brasil. Por la parte boliviana aparecen como contratantes los entonces ejecutivos del Servicio Nacional de Caminos, el fallecido José María Bakovic, en esa época presidente de la institución; Patricia Ballivián, entonces gerenta administrativa del SNC, y Humberto Landívar, gerente de construcción. Se firmó el contrato por $us 75 millones.