
El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, visitó a inicios de marzo al gobierno encargado de Delcy Rodríguez y afirmó que compañías estadounidenses podrían evaluar reabrir proyectos mineros si avanzan los cambios regulatorios del gobierno venezolano en esta materia. | CNN
La presidenta ha destallado un aura autoritaria que sustituye simbolismos propios de la era chavista.
Hace pocos Delcy Rodriguez ha cumplido 100 días al frente del gobierno venezolano luego de que el 3 de enero la administración estadounidense invadiera Venezuela cargando con el expresidente Nicolás Maduro acusado de ser parte de una estructura criminal vinculada al tráfico de estupefacientes.
En este tiempo la presidenta Rodríguez ha abierto las puertas del país a una serie de acuerdos comerciales con los Estados Unidos y ha permitido que, por ejemplo, su gobierno se convierta en el principal socio de empresas petroleras de cuño, se levanten las sanciones que pesaban contra el Banco Central de Venezuela y otras instituciones.
Aunque Rodriguez lleva más de cinco años ocupando posiciones clave en el área económica, los ajustes que impulsa en esta etapa se alinean con las exigencias de Estados Unidos. Sin embargo, su capacidad para administrar la crisis y mantener en pie la estructura autoritaria responde a un atributo propio, cultivado durante años en el núcleo del poder.
En estos tres meses, el país ha experimentado un cambio visible en la estética del poder: La célebre boina roja de Chávez ha sido sustituida por blazers azul marino o en tonos pasteles y la paleta de colores de la comunicación oficial se ha “googlelizado”. La identidad gráfica es más limpia, tecnológica y corporativa, a tono con el reposicionamiento de Delcy, quien ha sido perfilada como autoritaria moderada.
No es, sin embargo, sólo una variación cosmética. El 9 de abril, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley de Minas, cuyo objetivo es “atraer capital extranjero con seguridad jurídica”. Desde la época de la independencia, el Estado es propietario de la riqueza del subsuelo.
En esa misma sesión, la AN designó como fiscal general a Larry Devoe, funcionario del oficialismo y negacionista de los crímenes de lesa humanidad, junto con una nueva defensora del pueblo, Eglee Lobato, abogada con experiencia electoral, sin trayectoria en la defensa de derechos humanos y de un sector moderado no oficialista.
En el país ha habido un torbellino en este lapso, pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿Se encamina Venezuela hacia una transición democrática o estos cambios solo apuntan a una adaptación de autoritarismo?
Sobre el país persisten tres corrientes: quienes creen que Estados Unidos tiene un plan real para la democratización; quienes confían en que esta vez todo será distinto porque los Rodríguez no serían tan implacables como Maduro; y quienes ven una oportunidad de negocios bajo un autoritarismo “eficiente”. Como en una autopista de varios carriles, hay quienes se van ubicando en cada canal dependiendo de las circunstancias.
Mientras tanto, la población lidia con la inflación, que ya supera 71,83 % en lo que va de año. En este lapso de cien días, las métricas de desempeño son: 17 indicadores están en rojo (81%), tres en amarillo (14%) y solo uno en verde (5%).
Además de las nuevas leyes de Hidrocarburos y de Mina, en su mensaje del 8 de abril, Delcy Rodríguez anunció un aumento salarial “responsable”, insinuó una reforma laboral, otra fiscal; dejó abierta la posibilidad de privatizaciones de empresas públicas -con excepción de la petrolera-.
Este andamiaje busca facilitar la llegada de capital extranjero en un país cuya arquitectura económica fue diseñada para el control estatal. El esfuerzo se concentra en lo económico porque el modelo revolucionario se agotó en ese terreno. Las libertades civiles y políticas, en cambio, se dosifican para generar una sensación de apertura. La aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero lo evidencia: más de 400 presos políticos siguen en las cárceles y a otros se les niega el sobreseimiento. De acuerdo con la organización Justicia, Encuentro y Perdón, “el Estado instrumentaliza el volumen de presos del contexto de 2024 para alimentar una ilusión de pacificación”.
Aunque algunos atribuyen los cambios económicos a la presión estadounidense, lo cierto es que la élite gobernante, con Delcy como figura central, ya había identificado estas fallas y venía aplicando ajustes que sectores de izquierda calificaron como un giro neoliberal.
El tutelaje estadounidense y la amenaza creíble de uso de la fuerza han sido, hasta ahora, un factor disuasivo que mantiene a raya a figuras como Diosdado Cabello, quien tras el fraude electoral de julio de 2024 había asumido un rol central en la represión. Hoy parece replegado estratégicamente.
Mientras tanto, los hermanos al mando apelan a un discurso de paz, ofrecen garantías al capital y mantienen una intensa actividad diplomática.
En estos cien días, la dictadura ha logrado adaptarse, ganar tiempo y estabilizarse, aprovechando las expectativas que generó la salida de Maduro el 3 de enero.












