El Salvador: Cinco años más de Bukele con la separación de poderes en entredicho

Nayib Bukele se declaró a sí mismo y a su partido los máximos ganadores de los comicios generales en El Salvador y gobernará por cinco años más, tras una candidatura inédita en el país, donde desde 1983 la Constitución prohíbe la reelección inmediata. Con cuestionamientos de corrupción, acaparamiento de los poderes del Estado y violaciones de los derechos humanos, la población del país tendrá a quien se denomina a sí mismo ‘dictador’ un quinquenio más en el cargo.

La mayor incógnita de este 4 de febrero fue el porcentaje con el que ganarían Nayib Bukele y su partido, Nuevas Ideas, en las elecciones a presidente y la Asamblea Legislativa, respectivamente. Las encuestas ya los daban como los favoritos indiscutibles de los comicios generales, con una ciudadanía encandilada con los beneficios en seguridad que ha aportado la guerra contra las pandillas del mandatario.

Entrada la noche del domingo, Bukele salió a anunciar que la oposición había quedado “pulverizada” al haber conseguido el 85% de los votos, es decir, 1.600.000 sufragios, muy por encima de su segundo en la contienda, Manuel Flores, aspirante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que consiguió apenas 139.000 votos. El mandatario también sostuvo que en las legislativas su partido había reunido 58 de los 60 escaños en juego. Bukele se adelantó a las cifras oficiales, que aún no han sido publicadas por el Tribunal Supremo Electoral, encargado de supervisar los comicios.

Bukele centró su campaña en advertir que, si no ganaban, la seguridad que el país ha conseguido con su mandato caería en saco roto. “Con tan solo un diputado menos pondremos en riesgo la guerra contra las pandillas”, repetía, y ese discurso no pasó desapercibido, a pesar de las constantes críticas a su candidatura por contradecir la Constitución, que prohíbe mandatos consecutivos.

Una Asamblea Legislativa al servicio del Gobierno

Tampoco fue sorpresa que Nuevas Ideas, el partido de Bukele, arrasara en la Asamblea Legislativa. Había 11 partidos políticos inscritos, pero el oficialismo obtuvo -según Bukele- 58 de los 60 diputados que representarán a la ciudadanía por 14 regiones.

El número de escaños fue reducido en 2023, cuando la mayoría de Nuevas Ideas en la Cámara y sus aliados votaron para modificar la cantidad de legisladores de 84 a 60, que constituirán el nuevo Congreso a partir del 1 de mayo. La reforma permitió que se modificara el número de escaños y la forma en que se distribuyen entre los distintos partidos.

Estos movimientos suscitaron críticas entre quienes sostienen que fue una maniobra para asegurar que Nuevas Ideas no perdiera poder en la Cámara, el cual le ha permitido hacer cambios sustanciales en el Poder Judicial y otras esferas del Estado, promovidos por Bukele. “El proyecto Bukele prácticamente es hegemónico y lo de hoy podría reafirmarlo”, dijo Edgar Ortiz, experto en riesgo político y derecho constitucional, a France 24.

Una oposición en estado de coma

Los resultados evidenciaron la decadencia de los partidos tradicionales, barridos por Bukele y Nuevas Ideas. El izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que durante décadas gobernaron el país, ahora cuentan sus votos en porcentajes que no llegan a dos dígitos.

Bukele ya había marcado distancias en 2019, cuando ganó con un 53%, en medio del rechazo de los ciudadanos contra los partidos mayoritarios debido a décadas de escándalos de corrupción, así como por falencias en materia económica y en derechos sociales como, el acceso a la salud y la educación. El éxito de Bukele “es comprensible teniendo en cuenta el hartazgo con los partidos tradicionales” indica Ortiz.

Ni estos partidos, ni el resto de los 11 que participaron en las generales lograron responder al descontento de ciudadanos preocupados por las violaciones a los derechos humanos durante el estado de excepción en la guerra contra las pandillas declarado por Bukele, que para diciembre de 2023 dejaba más de 200 muertos bajo custodia, desde marzo de 2022. Tampoco ganaron apoyo entre los que se quejan de la crisis económica que sigue viviendo el país, con un 30% de la población en situación de pobreza, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Con un nuevo mandato de Bukele por cinco años y otros tres asegurados de Nueva Ideas en el Congreso, la oposición, tal y como se conoce, tendrá que buscar nuevas formas para conquistar a un electorado que parece haberse casado con los beneficios de salir a la calle sin temor.

“No sé yo si esos partidos son los llamados a hacer oposición o si hace falta que en El Salvador surja otra opción política”, indica Ortiz.

Sin oposición ni garantías a la prensa

Al margen de los partidos tradicionales, para Jorge Rodríguez, coordinador del Observatorio Universitario del Instituto de DD. HH. de la Universidad Centroamericana (UCA), no será fácil cuestionar al Gobierno, debido a un deterioro de la posibilidad de hacer oposición y al debilitamiento de los medios de comunicación.

“Tenemos periodistas que han tenido que salir del país” por persecuciones políticas, asegura Rodríguez a France 24. El experto cita una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, que encontró que el 60% de la población no se siente totalmente segura al hablar de la situación política en la nación. “Estos indicadores nos muestran el deterioro de las posibilidades de hacer oposición”, agrega.

En el ránking sobre libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, el país cayó del puesto 81 en 2019, al 115 en 2023, de 180 países analizados. “El presidente Nayib Bukele ataca y amenaza a los periodistas no afines a su Gobierno”, denuncia la ONG en su portal.

Durante su mandato, integrantes de Nuevas Ideas han tildado a los periodistas con frecuencia de “activistas de oposición” y la Asamblea Legislativa permitió a ‘youtubers’ acreditarse para cubrir las sesiones legislativas.

Una investigación de la Universidad Francisco Gavidia detectó al menos 70 cuentas de YouTube con millones de visitas que apoyan a Bukele y atacan a sus detractores. Sin embargo, varios de estos ‘youtubers’, que dicen apoyar espontáneamente al Gobierno, habrían tenido o tendrían contratos con el Estado, según el estudio.

La concentración de poderes, un fantasma que sigue a Bukele y acecha a El Salvador

Los detractores de Bukele le acusan de haber unido a su Gobierno el Poder Legislativo, dominado por su bancada, y de haber debilitado las instancias judiciales a tal punto que no pueden contradecir sus políticas.

Indican que utilizó el dinero público para consolidar su poder en las legislativas de 2021, con las que consiguió 56 diputados de los 84 de la Asamblea Nacional. “El presidente quitó los fondos del presupuesto dispuestos por ley a las alcaldías, de tal manera que se hizo también del control de qué municipio tendría recursos y cuál no. Los paquetes de alimentos comenzaron a ser distribuidos por candidatos activistas de su partido, Nuevas Ideas”, denuncia una columna de ‘El Faro’.

Con la mayoría en la Cámara, en su primera sesión, el 1 de mayo de 2021, la Asamblea sustituyó al fiscal general y a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, quienes habían votado en contra de las políticas que impulsó Bukele durante la pandemia. Tras ello, la Asamblea nombró nuevos jueces y un nuevo fiscal, señalados de tener vínculos con el Gobierno.

Los cambios no quedaron aquí, tras ello, la Cámara nombró a diez de los 15 jueces de la Corte Suprema del país, cuando por legislatura solamente le es permitido nombrar cinco. Y, por si fuera poco, emprendió una reforma al Poder Judicial que llevó a la renovación de un tercio de los cerca de 690 jueces de la nación. La reforma determinó que la Corte Suprema, modificada por Nuevas Ideas, sería la encargada de nombrar a los nuevos magistrados.

La anulación de los contrapesos del Estado permitió que en 2022 iniciara su guerra contra las maras o pandillas, mediante un estado de excepción aprobado en la Asamblea en marzo de ese año y prorrogado hasta la actualidad.

Con esta medida, el Gobierno ha hecho prisioneras a 73.000 personas acusadas de pertenecer a bandas criminales, que antes dominaban el 80% del país y aterrorizaban a la población. Según el Gobierno, El Salvador pasó de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019, a 2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023.

Pero el estado de excepción ha anulado derechos constitucionales y grupos de derechos humanos como Human Rights Watch y Naciones Unidas han advertido de arrestos arbitrarios, condiciones carcelarias inhumanas y el creciente autoritarismo en el país. De los 73.000 detenidos, el Gobierno ya ha reconocido que 7.000 eran inocentes, aunque esta cifra podría ser mucho mayor. Entretanto, sobre Bukele también hay acusaciones de que pactó con las maras para bajar las tasas de violencia en el país antes de iniciar su guerra contra estas.

Rodríguez puntualiza que el Observatorio Universitario del Instituto de DD. HH. de la UCA ha detectado un hacinamiento del 250% en las cárceles y que la tortura y demás violaciones de los derechos humanos van en contra de la “labor de reincorporación” a la sociedad. Por contra, para el analista se trata de “una bomba de tiempo que puede estallar en los próximos años” si los presos vuelven a salir a las calles sin un proceso para incorporarse a la vida civil.

Reelección fuera de la Constitución

A Bukele le fue permitido ser candidato a la reelección debido a que la Sala de lo Constitucional, modificada por Nuevas Ideas, realizó en 2021 una interpretación de la Constitución que le avaló postularse si este dejaba sus funciones seis meses antes de finalizar su periodo. La sentencia causó rechazo en parte de la población, pues contradice diversos artículos de la Constitución que prohíben explícitamente esa posibilidad.

Tras ello, existen temores de que Bukele y su partido sigan quitando contrapesos al Estado y se instauren a largo plazo. “Estamos en contra de una reelección, la cual consideramos inconstitucional e ilegítima, y le pedimos a la comunidad Internacional que no reconozca un grave error (…) todos aquí están en una prestación de una dictadura”, decía antes de las elecciones Ivania Cruz, vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador.

Entretanto, la crisis económica sigue siendo uno de los principales desafíos del país. De acuerdo con la Cepal, la pobreza afecta a un 30% de la población, mientras que la tasa de personas en pobreza extrema pasó de 5,6% en 2009 a 8,7% en 2022.

Con esta reelección y el poder de Nuevas Ideas consolidado en la Cámara, los analistas señalan que nada garantiza que, dentro de cinco años, ya sea alegando la necesidad de mantener la seguridad o de paliar una nueva crisis, Bukele vuelva a presentarse para otro mandato con el beneplácito de la Sala de lo Constitucional. Por lo pronto, sin separación de poderes, con una oposición en estado de coma y con miles de ciudadanos que aplauden su gestión, no es fácil saber qué tanto quedará del Estado de derecho para 2029.