
Mientras la Corte Suprema se prepara para un juicio histórico, las fuerzas políticas están divididas entre su defensa y la búsqueda de un nuevo liderazgo.
Jair Bolsonaro nunca ocultó a nadie su certeza de que fuerzas ocultas conspiraban contra él. Por miedo al sabotaje, evitó viajar en aviones privados. Protegido por un batallón de guardias de seguridad, no renunciaba a dormir con una pistola debajo de la almohada. Para evitar el riesgo de intoxicación, pedía a alguien que probara la comida antes de servirla. De todos los fantasmas que habitaban la mente del expresidente, sin embargo, el peor fue el que le susurraba al oído la existencia de un complot para sacarlo del poder. Incluiría a ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Tribunal Superior Electoral (TSE), partidos de izquierda y “gente del sistema”. La trama imaginaria implicaba una maquinación que habría manipulado las máquinas de votación electrónica en 2018. “Yo debía ganar en la primera vuelta”, solía repetir Bolsonaro, al intentar explicar la flagrante paradoja. Para la Fiscalía General, este comportamiento paranoico fue sólo una artimaña para disfrazar el inicio de la planificación de un asedio a la democracia, una obsesión que, de demostrarse, ahora podría resultar en hasta cuarenta años de prisión para el expresidente.
El martes 18, el fiscal general, Paulo Gonet, acusó formalmente a Bolsonaro, a cuatro exministros de su gobierno, a cuatro asistentes directos y a otras 25 personas, entre militares y civiles, de actuar juntos en lo que pudo haber sido el intento de golpe más vergonzoso de la historia. La difamación presenta a Bolsonaro como líder de una organización que actuó para perturbar las elecciones de 2022, impedir que el presidente electo asumiera el cargo, imponer medidas excepcionales, arrestar autoridades e incluso eliminar físicamente a opositores. En un documento de 272 páginas, Gonet recopiló un caudal de información, mensajes, actas, hojas de cálculo, manuscritos, notas e innumerables pruebas que fueron recopiladas por la Policía Federal durante un año y medio de investigación sobre las acciones de un grupo que conspiró contra las instituciones y, que, por poco, por muy poco, no hundió al país en un abismo institucional.