Es el mandato del pueblo boliviano: el controversial fallo que permitirá a Evo repostularse

“Es el mandato del pueblo boliviano”, dijo este miércoles el presidente de Bolivia, Evo Morales, sobre un controversial fallo que le permitirá aspirar por cuarta vez al puesto que detenta desde 2006.

Gracias a un decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de ese país hecho público este martes,Morales y todas las otras autoridades electas no tendrán ninguna clase de límite de mandatos, por lo que podrán buscar ser reelegidos en las urnas cuantas veces quieran.

En su breve comparecencia en el palacio de gobierno, Morales afirmó que el fallo del TCP fue “una gran sorpresa” y constituye una “gran oportunidad” para poder seguir con el proyecto de gobierno, informó el diario boliviano El Deber.

Vía Twitter, el presidente también afirmó: “La Revolución Democrática y Cultural sigue. ¡Hasta la victoria siempre!”.

La consecuencia más inmediata (y polémica en Bolivia) es que Morales podrá cumplir su muchas veces anunciada intención de seguir aspirando a la presidencia cuando su actual mandato se acerque a su fin, en 2019.

El límite constitucional en Bolivia para los mandatos consecutivos del presidente, vicepresidente, gobernadores y alcaldes era de dos períodos.

De acuerdo a la sentencia del TCP, esas barreras establecidas en la Carta Magna boliviana socavan los “derechos políticos” de las personas.

La Constitución por debajo del Pacto

El reciente fallo del TCP boliviano no surge de manera espontánea.

Se produce ante un recurso de inconstitucionalidad abstracta presentado en septiembre de este año por miembros de la bancada del partido de Morales en la Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso).

En aquel recurso, una senadora y varios diputados planteaban que la Constitución limitaba los “derechos políticos” de las personas al poner un límite a la cantidad de veces que alguien puede aspirar a un cargo público.

Entre los argumentos se señalaba que la Convención Americana de Derechos Humanos firmada en Costa Rica en 1969 es reconocida dentro del marco legal boliviano con rango preferente y allí se establecen los “derechos políticos” de las personas de los países suscribientes.

Aquel tratado también es conocido como el Pacto de San José, debido a que fue firmado en esa ciudad costarricense.

El planteamiento fue aceptado por el TCP boliviano que, en el fallo conocido este martes, concluyó que se declara “aplicación preferente” de la Convención “por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos” sobre los artículos de la Constitución boliviana que hablan de un límite de mandatos.

El fallo, además, declara inconstitucionales cinco artículos de la ley electoral boliviana que hacen referencia a que las autoridades pueden ser reelectas de manera continua solo una vez.

En el texto de la sentencia, el TCP alega que tomó esta decisión debido a que de la Constitución boliviana señala que los derechos ciudadanos serán reconocidos e interpretados “de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”.

El debate

El fallo del TCP ya era esperado por los grupos de oposición.

De hecho, en las últimas semanas se organizaron masivas concentraciones en las principales ciudades de ese país en contra de la reelección presidencial, algo que fue contestado por el oficialismo con otras grandes manifestaciones que pedían la continuidad de Morales.

Por ello, una vez confirmada la decisión del TCP, no tardó en empezar el debate al respecto de la sentencia.

El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) afirmó que el fallo “destruye las garantías democráticas”.

El fallo “convierte a Bolivia en un país sometido al arbitrio del presidente Morales y burla la majestad de la Ley”, señaló el exmandatario.

Mesa indicó que el Tribunal Constitucional desconoció la voluntad de los bolivianos expresada en el referendo del 21 de febrero de 2016 en el que el “No” se impuso a la iniciativa oficialista de permitir a Evo Morales volver a postularse a la presidencia en 2019.

Por otra parte, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997) afirmó que los magistrados del TCP no tenían competencia para realizar una sentencia así.

“Ellos están encargados de proteger los artículos de la Carta Magna. Por lo tanto, han invertido sus obligaciones y eso es un grave delito”, señaló la exautoridad en una entrevista con el diario boliviano El Deber.

“Refleja que el Tribunal ejecuta los deseos del Órgano Ejecutivo, y particularmente del Presidente. Inaugura una fase en la que ya no hay respeto a la Constitución y todo vale”, añadió.

Tanto Cárdenas como Mesa han realizado críticas al actual gobierno boliviano en el pasado.

Sin embargo, para el oficialismo el fallo no solo goza de legalidad, sino es visto como un avance.

El embajador boliviano ante la ONU, Sacha Llorenti, afirmó que “el TCP ha ampliado las garantías democráticas” en Bolivia.

“La soberanía del pueblo se expresará en las siguientes elecciones. La democracia se ha profundizado porque los electores tendrán todas las opciones”, señaló el diplomático que entre 2010 y 2011 fue ministro de Evo Morales.

Lo que no menciona Llorenti es que en 2016 los electores ya votaron mayoritariamente en contra de un nuevo mandato de Evo.

Evo Morales lleva tres mandatos al frente de Bolivia. El primero bajo el antiguo régimen constitucional que estuvo vigente en ese país hasta 2009 y los siguientes dos con la Constitución que su gobierno promovió y promulgó.

Precisamente alegando ese cambio de Constitución, Morales logró que su primer periodo no fuera contabilizado a la hora de buscar la reelección para su tercer mandato en 2014.