Gobierno admite que Inteligencia siguió las marchas por el Día de la Democracia

Un día después de las marchas y concentraciones en los nueve departamentos del país por los 35 años de la democracia en Bolivia, el Gobierno admitió que Inteligencia de la Policía siguió y vigiló las marchas y a los dirigentes opositores -con lujo de detalle de conversaciones-; eso le permitió dar información pormenorizada de cada uno de los actos en los que hubo protestas contra la intención de repostular al presidente Evo Morales en 2019, pese a que la Constitución se lo prohíbe y a que una mayoría le dijo No en el referéndum del 21-F del año pasado.

“Todos los días nuestra misión es hacer seguimiento a lo que sucede en el país, en todo el país; y para darle un ejemplo, hubo una movilización del denominado Codelpa a las 15:00 en puertas de la Casa Social del Maestro, donde estaban José Luis Álvarez, Severo Apaza, Eliana Zorillo, Carlos Pérez y Mohamed Daniel Lozano. Estas personas debatían qué hacían en la concentración y estas personas decidieron no participar porque dicen que no estaban con los opositores, lo tenemos registrado también; hubo otra movilización de Adepcoca, tenemos todos los detalles,  nuestra misión es hacer seguimiento”, admitió el ministro de Gobierno, Carlos Romero, cuando fue consultado si había un trabajo de Inteligencia de la Policía para tener un informe tan detallado de las movilizaciones.
En rueda de prensa ayer, Romero dio detalles de todas las personas que estaban en las movilizaciones, incluidas las fotografías de cada uno de ellos, además de la descripción de su filiación política o el trabajo que realizaban para los partidos tradicionales.

El informe de Inteligencia sobre las marchas del Día de la Democracia en Bolivia clasificó en seis grupos a los movilizados: los cocaleros de Yungas (Adepcoca), el Comité de Defensa de La Paz (Codelpa), los comités cívicos, los seis líderes políticos opositores del denominado ‘G-6’ y los colectivos ciudadanos. Todo con una trama de vínculos y relaciones, horarios de actividades y vínculos políticos. Por ejemplo, se vincula al líder cívico cruceño, Fernando Cuéllar, que encabezó los discursos de la plaza 24 de Septiembre, con el gobernador Rubén Costas, que no fue visto en la movilización de Santa Cruz.

Además de Romero, la ministra de Comunicación, Gisela López; el ministro de la Presidencia, René Martínez; y el viceministro de Autonomías Hugo Siles, ‘ningunearon’ las movilizaciones realizadas por los 35 años de la democracia y en contra de la repostulación.  
La lámina expuesta por el ministro Romero lleva el logo de la Dirección General de la Oficina de Control Interno. Él explicó que el reporte fue preparado por el Viceministerio de Régimen Interior sobre los informes de Inteligencia.

Acusan un “Estado policiaco”
Los métodos explicados por Romero fueron descalificados por los aludidos y todos coincidieron en referir que hasta ahora solo se presumía que los dirigentes siempre eran vigilados por agentes de Inteligencia, pero que es la primera vez que el Gobierno admite que se utiliza a la Policía para convertir al país en un “Estado policiaco”.
“Todos sabíamos que siempre hubo seguimiento, eso no es novedad, la novedad sería que ellos ahora lo admiten y lo más penoso es que reducen su análisis de lo que pasó a una mera descripición de las movilizaciones y ponernos a los activistas en un organigrama como delicuentes, es una pena”, dijo José Antonio Quiroga, sobrino del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, que fue desaparecido por el golpe de 1980.
“No hemos hecho nada ilegal”, contestó el presidente del Comité pro Santa Cruz, que dijo que “obviamente” el Gobierno quiere intimidar, para luego aclarar que sus actuaciones son públicas y que no quiere confrontarse con nadie.
Por su parte, el cívico de Cochabamba, Luis Flores, recordó que cuando ellos fueron al Tipnis, los dirigentes que les bloquearon el paso los ubicaron por las placas de los autos y que ellos sabían quiénes estaban a bordo y cuál era la labor. “Entonces, no es raro que nos hagan seguimiento, pero ligarnos a los partidos, eso es inconcebible porque mi trabajo es conocido por el (presidente) Evo e incluso por Felipe Cáceres, ellos me conocen”, explicó Flores.

De las acusaciones

Según el ministro Romero, en La Paz es donde se pudo percibir a la mayoría de los dirigentes políticos entre los asistentes a la concentración en la plaza San
Francisco. Así dijo que Samuel Doria Medina y la alcaldesa Soledad  Chapetón, los dos principales dirigentes de UN, orquestaron la movilización con personal del municipio, unas 2.000 personas, y que la asistencia se controló.
Romero dijo que una revisión de los informes le permitió afirmar que las marchas en todo el país aglutinaron a unas 10.000 personas en total (algo objetado por los manifestantes).

El día después de las marchas del 10 de octubre (10-O), el oficialismo desplegó su capacidad de comunicación para denostarlas. La ministra López, por ejemplo, cree que la cobertura de prensa a estas movilizaciones exageró. El diputado masista Édgar Montaño acusó que en Santa Cruz llevaron ‘barra bravas’ del fútbol para engrosar el tumulto.

En perspectiva, el analista y exministro de Carlos Mesa, Gustavo Pedraza, señaló que los diferentes gobiernos han usado Inteligencia para fines de seguimiento, pero lo que le llama la atención es cómo se trata de minimizar el 10-O.

El gabinete y varias versiones

La reunión de gabinete de los miércoles por la madrugada fue diferida para la tarde. Esta sesión fue larga, casi cinco horas. Al final, los ministros hablaron de las marchas del 10-O y el análisis del gabinete. Pero, aparentemente, no coordinaron una respuesta para explicar a los medios de prensa. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, dijo que las movilizaciones fueron analizadas por el pleno del gabinete, pero que no fue el punto principal. El canciller Fernando Huanacuni admitió que el equipo reunido con el presidente trató el tema.

Pero el ministro de Desarrollo Rural, Eugenio Rojas, y el viceministro Siles lo negaron. Luego la ministra López explicó que las movilizaciones sí fueron tratadas (30 o 40 minutos) pero  que quizás sus colegas lo negaron por no estar autorizados para explicarlo.