Gobierno rechaza demandas de cívicos y plataformas ciudadanas

Luego de conocerse al menos 10 demandas que se plantearon, el martes, en los cabildos regionales que se realizaron en las nueve ciudades capitales del país que van desde el cese de la persecución política, revocatorio de Luis Arce, reforma judicial, conformación de guardias departamentales, hasta la solicitud de nombrar a defensores de pueblo departamentales, ayer el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) descalificaron una a una las propuestas de los cívicos y de las plataformas ciudadanas.

A través de una serie de menajes en su cuenta de Twitter, el ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó la decisión cívica de crear una “guardia departamental” para Santa Cruz y recordó que, de acuerdo a las leyes y a la propia Constitución, la Policía Boliviana tiene mando único y es parte de las competencias privativas del nivel central del Estado.

“Una guardia o policía departamental es inconstitucional. Conformarlas a ese nivel es un delito de orden público”, aseveró la autoridad.

Lima también rechazó la intención de nombrar un defensor del Pueblo departamental”. Recordó que la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, en el pasado, ya intentó tomar ese camino y falló en el intento al percatarse que es institucional.

El Gobierno también desahució la posibilidad de que el presidente Luis Arce apruebe una ley de amnistía, como exigen los cívicos, para beneficiar a los presos políticos.

La posición fue expresada por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. La autoridad recordó que el GIEI elaboró un informe con “recomendaciones sobre los hechos de violencia y muerte ocurridos antes, durante y después de la crisis de 2019”.

Para el vocero presidencial, Jorge Richter, por la escasa convocatoria del Comité Cívico de Santa Cruz no se llevó el conflicto a un escenario nacional en su objetivo de buscar la impunidad para los responsables del golpe de Estado de 2019.