Hallan al menos ocho anomalías en selección judicial

La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia  halló al menos ocho anomalías  en el proceso de selección de candidatos a altos cargos judiciales. Los puntos  que se identificaron   se enmarcan en  cuatro ámbitos: puntuación, participación ciudadana, impugnaciones y en lo referido a  la independencia. 
La plataforma está integrada por  11 organizaciones, entre las que están  la Fundación Construir, la Coordinadora de la Mujer, la Alianza libres sin violencia, y   el Capítulo Boliviano de Derechos humanos, Democracia y Desarrollo.    Independencia 
La plataforma  identificó  la ausencia de una política de “conflicto de intereses”, que permita conocer y transparentar otro tipo de relaciones o situaciones que pudieran comprometer la independencia de los  postulantes. 
“Creemos que hay personas que no generan confianza y credibilidad de independencia, pero otras que sí. Pero si hubiera habido una política para evaluar declaraciones anteriores o condiciones que denoten falta de independencia, hubiera permitido excluirlos”, declaró Mónica Bayá, una de las participantes de la plataforma. 
Los miembros de Iniciativa Ciudadana explicaron que el hecho de que los juristas hayan  trabajado  en entidades públicas y dentro de la administración de justicia no es reprochable, pero sí el hecho de que algunos    fueran personal de confianza del  Gobierno, como un asesor jurídico o   jefe de gabinete.
“No está mal que un funcionario público en ejercicio se presente, puede ser un abogado de un ministerio,  pero otra cosa sería si el postulante no hubiera sido sólo abogado sino el director  jurídico o asesor jurídico, ese es el conflicto de intereses; ese elemento es el que no se ha considerado en el reglamento”, dijo Marco Loayza.  
Puntaje y evaluación 
En el ámbito de la puntación, esta  plataforma identificó que el reglamento no estableció notas mínimas de habilitación en todas las fases de evaluación, como requisito para avanzar en el proceso. 
También  detectó que el puntaje mínimo para pasar a la etapa de entrevista fue de tan sólo 36 puntos sobre 70, lo cual implicó -dice el informe- que varios postulantes llegaran a esta última fase con un “estándar muy bajo”. 
De igual forma se observó que la nota mínima para pasar a la votación en el Legislativo fue  de 56 sobre 100 puntos, “dejando un margen amplio para la preselección de postulantes entre las/os mejor calificados y los/as que tuvieron un menor rendimiento”. 
Participación ciudadana  
En el campo de la participación ciudadana, el informe de la iniciativa de monitoreo  observó  que en la etapa de examen escrito sólo se permitió el ingreso del personal del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana  y de los medios de comunicación, lo que contraviene  lo dispuesto en el artículo 18.II del reglamento, que garantiza el carácter público de todo el proceso de preselección.  
“Se destaca que tanto la fase de evaluación curricular, como la  de entrevistas hayan prestado las condiciones para la presencia de ciudadanos y público interesado, aunque se observa que no sucedió lo mismo con la fase del examen escrito”, se lee en el informe final.  
De las impugnaciones 
La plataforma observó  que el plazo establecido para las impugnaciones “fue insuficiente” para una  documentación adecuada. “Muestra de esto es que varias de ellas fueron desestimadas por aspectos formales (presentación de fotocopias simples o documentación no idónea)”, indica el documento presentado ayer.    
También se detecta que los plazos  asignados para las impugnaciones se hayan contabilizado en días calendario, no en días hábiles, “puesto que al existir feriados y fines de semana se restringieron las posibilidades efectivas para que la ciudadanía participe en esta fase”. Otra observación fue que el reglamento no incluyó expresamente causales de impugnación.

Las  observaciones

• Notas mínimas   El reglamento no estableció notas mínimas de habilitación en todas las fases de evaluación.
• Puntuación  El puntaje mínimo para pasar a la entrevista fue de tan sólo 36 sobre 70. Esto  “implicó que varias y varios postulantes llegaran a esta última fase con un estándar muy bajo”.
• Margen amplio   El reglamento estableció una nota mínima de aprobación para pasar a la votación en el Legislativo de 56 sobre 100 puntos, lo cual dejó “margen amplio” para la preselección.
• Participación   En la fase de examen escrito sólo se permitió el ingreso del personal del CEUB y los medios.
• Plazo   El plazo establecido para las impugnaciones “fue insuficiente” para una  documentación adecuada, “muestra de esto es que varias de ellas fueron desestimadas por aspectos formales”.
• Días calendarios    Los plazos asignados a las impugnaciones se  contabilizaron en días calendario, no así en días hábiles.
• ¿Causales?   El reglamento no incluyó expresamente causales de impugnación. “Un número elevado de impugnaciones se basaron en que los postulantes trabajaron en el servicio público, siendo que muchos de ellos ejercieron funciones dentro de la administración de justicia y este criterio más bien evidencia la experiencia para los cargos postulados”, se lee en el informe.
• Independencia  Hubo una ausencia de una política de “conflicto de intereses”.