Impugnarán ante el TCP el acuerdo para producir armas

UD y el PDC sostienen que, al fabricar armas, Bolivia deja de ser un país pacifista y que eso contradice a la Carta Magna. Por eso decidieron recurrir al Tribunal Constitucional. El oficialismo  opina que están en su derecho de recurrir a esa instancia

La bancada de Unidad Demócrata (UN) y la del Partido Demócrata Cristiano (PDC) anunciaron ayer, por separado, que recurrirán al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para darle batalla a la ley sancionada en la Asamblea Plurinacional que aprobó el convenio de cooperación militar para la fabricación de armas que se selló en 2016 con Bielorrusia.

El senador del PDC, Víctor Hugo Zamora, manifestó que la observación principal radica en el tema de constitucionalidad del acuerdo suscrito: “los convenios internacionales deben pasar por esa revisión cuando se detecte la posibilidad de necesitarlo. Es decir que este acuerdo debió, obligatoriamente, pasar por el Tribunal Constitucional”.

Sin embargo, lamentó que eso no ocurrió, pese a que él mismo lo alertó en la discusión cuando la ley estaba en la comisión de política internacional de la Cámara Alta. “El camino que queda por delante es presentar un recurso abstracto de constitucionalidad, porque ya está sancionada, y con seguridad es lo que haremos”.

Por su parte, el jefe de bancada de UD en el Senado, Arturo Murillo, aseveró que “está claro que este proyecto de ley requiere urgente un chequeo del Tribunal Constitucional”.

Ambos senadores coincidieron en señalar que el documento se contradice con la Constitución Política del Estado, porque esta identifica a Bolivia como un país pacifista y no armamentista.

El asambleísta del MAS Efraín Chambi replicó que “están en su derecho y pueden recurrir a instancias legalmente constituidas como el Tribunal Constitucional, y esperemos que este se pronuncie objetivamente con relación a esa solicitud que plantean”.

El acuerdo señala en su parte central que ambos países se comprometen en “la cesión de derechos exclusivos de producción de armamento y material bélico, garantizando el asesoramiento y capacitación técnica en el proceso de producción de dichos productos”, dice el documento.

Zamora criticó el hecho de que Bolivia fabricará armas, cuando la tecnología de esta industria en el mundo evoluciona en un ritmo muy acelarado y dentro de una competencia muy fuerte.

“Resulta que Bolivia se meterá a hacer lo que hizo con Quipus, fabricando computadoras. Este proyecto murió rápidamente. Fue un ensayo millonario que se emprendió de pura gana y que no reportó ningún resultado”, acotó.

Murillo complementó que “Bolivia no tiene capacidad para competir, como tampoco la teníamos para instalar una planta nuclear y se está montando una sin un ingeniero nuclear en el país. Sabemos cual será el resultado”.

La senadora oficialista Adriana Salvatierra explicó a este medio el lunes que la producción de armas no tendrá fines comerciales, y que solamente se limitará a la capacidad de fabricar sus propias armas.

Murillo manifestó que esa aseveración no tiene sentido, “qué cantidad de armamento ocupan las FFAA, un convenio solo para eso, no le veo sentido”.

El oficialista Chambi lamentó que la oposición, en lugar de propuestas, “anda perdida y solo busca generar polémica de todo y de nada. Si bien
Bolivia es pacifista, está también en su derecho de equiparse como cualquier otro Estado. Ante una eventualidad de activar este aspecto, pues el país estaría preparado para hacer uso en defensa propia”.
Sin embargo, dijo que el principio es la paz. “El armamento de las FFAA es muy obsoleto, eso motiva todo esto”, afirmó.

Además, el legislador, contrariamente a su colega Salvatierra, indicó que “por qué no se podría generar la comercialización de la producción propia”.

El senador Arturo Murillo fue más allá en la crítica. “No veo otro motivo para este convenio que promover grupos armados en Bolivia como ocurre en Venezuela”. Chambi lo descartó y señaló que la idea es equipar a los únicos grupos armados permitidos por la CPE: la Policía y las FFAA.

Critican al régimen bielorruso
Bielorrusia es un país cuestionado en occidente por mantener en el poder al mismo presidente hace más de 20 años, es conocido como la última dictadura de Europa.

Aleksandr Lukashenko está al frente de esta nación desde 1995. Ganó en los últimos 23 años cinco elecciones, lo que no ha sido suficiente para que la comunidad internacional lo reconozca como mandatario legítimo. Lo acusan de mantenerse en el cargo a través de un régimen que ha logrado acallar a las voces disidentes y manipular el sistema electoral a su favor. 

Es considerado por sus detractores como un hombre hábil que ha sabido combinar un régimen represivo con una política económica y social relativamente exitosa. Poco antes de ganar las elecciones de 2005, en las que arrasó con 83% de los votos, el periodista Andrei Aliaksandrau señaló al diario El Confidencial que lo que gobernaba en su país era “una dictadura que funciona bien” y que consiguió “cierto nivel de vida”. “Nunca en su historia el bielorruso ha vivido mejor que ahora, y no quiere cambiar”. (www.eldeber.com.bo)