Leopoldo y Ernesto exigen absolución igual a Rubén

Todo fallo de la justicia sienta jurisprudencia, un antecedente que refiere a los jueces a actuar de la misma forma en casos abiertos y de iguales características. A ese principio del derecho se aferran los exprefectos de Pando, Leopoldo Fernández, y de Beni, Ernesto Suárez, respecto a los juicios que la Contraloría General del Estado les inició por el uso de recursos departamentales para la realización de los referendos autonómicos de 2008, después de conocer que el gobernador electo de Santa Cruz, Rubén Costas, fue absuelto de culpa en un caso idéntico.

Si Costas, que destinó más de Bs 10 millones para la consulta del 4 de mayo, fue absuelto el miércoles por un juzgado del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Fernández y Suárez buscan lo mismo y han salido a decir que ese precedente es suficiente para que pase lo mismo en Pando y Beni.

“A nosotros nos corresponde lo mismo, se nos debe absolver de pena y culpa”, argumentó el ex prefecto pandino, a quien la Contraloría acusó de un supuesto uso indebido de recursos públicos por autorizar el desembolso de Bs 2,2 millones para que la entonces Corte Departamental Electoral realice el referendo del 1 de junio. 

“Lo lógico es que la absolución de Rubén siente jurisprudencia para nuestro caso; exigimos que la justicia actúe conforme al precedente también con nosotros”, explicó Suárez, que es procesado desde hace cinco años por el desembolso de alrededor de Bs 3,3 millones para llevar a cabo la consulta en el mismo día que lo hizo Pando.

Apelación

Pero el contralor general tiene otro punto de vista. Para él, sí hubo delito. “Están las instancias de apelación correspondiente en este caso, esperando que además este tribunal de apelación pueda valorar el trabajo que ha realizado la Contraloría y pueda además resarcirse el daño económico que se le ha causado al Estado con este referendo”, sostuvo el contralor general interino Gabriel Herbas.

Al exdiputado del MAS y contralor le parece ‘raro’ que se hubiese liberado de culpa a Costas, cuando según su juicio fue él quien autorizó el uso ilegal de recursos del Estado, con la corresponsabilidad de 22 ex consejeros departamentales y tres secretarios del prefecto. 

Siete años atrás, el prefecto de Tarija Mario Cossío, en coordinación con las autoridades que gestaron la autonomía y articularon la ‘medialuna’, también autorizó el uso de alrededor de Bs 5,6 millones para celebrar el referendo autonómico. Cossío, que accedió a un refugio político en Paraguay, aún no se pronuncia sobre el fallo que benefició a Costas y que -si Fernández y Suárez tienen razón- puede favorecerle también a él.

En los cuatro departamentos donde se ejecutó la consulta en 2008 se impuso la votación del ‘sí’ a favor de la autonomía, pero el Gobierno desconoció los resultados, calificó de ilegales los referendos y enjuició a los exprefectos, muy a pesar de que algunos preceptos del estatuto autonómico cruceño fueron incluidos en la Constitución.

De modo que la apelación de Herbas no solo apunta al fallo que favoreció a Costas: también está en juego la suerte de Fernández, Suárez y Cossío en al menos en uno de los múltiples juicios que tienen en contra