Los conflictos mineros ocurridos en el país vulneran la ley contra el avasallamiento, la ley de armas y la Ley General de Cooperativas Mineras, según coincidieron dirigentes mineros cooperativistas. Observan que hay permisividad de parte del Gobierno al no hacer respetar su cumplimiento.
En lo que va del año se registraron tres conflictos entre mineros cooperativistas, uno entre las cooperativa Machacamarca y Bancuni, otro entre UllaKaya Condorini y Palma Flor y el más reciente en la cooperativa Cruz del Sur, todos en La Paz. En los tres casos existen denuncias contra comunarios o cooperativistas que quieren avasallar yacimientos mineros, que hacen uso de armas de fuego (hubo muertos en el primer y segundo caso) y que además utilizan dinamita para amedrentar a pobladores.
Tanto el avasallamiento como portar armas y utilizar dinamita para afectar a otra persona, están sancionados dentro de la ley contra el avasallamiento y la ley de armas, pero no se aplican, observó el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Edmundo Polo, quien dijo que el avasallamiento es la principal causa de los enfrentamientos por minas.
El artículo 367 de la Ley de Avasallamiento de Minas señala que el que ocupe un área minera con violencia o cualquier otro medio, impidiendo el ejercicio de actividades mineras o despojando derechos al Estado o a titulares de derechos mineros será sancionado con 4 a 8 años de cárcel. Además, afirma que quien explote recursos minerales sin contar con autorización o derecho será sancionado con privación de libertad de 4 a 8 años.
Por otra parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Máximo Panti, hizo notar que hasta la fecha no existe ninguna persona sancionada por avasallamiento, por lo tanto esta ley tendría que “mejorarse”.
“No hay seguridad jurídica para las cooperativas, eso está a la vista. El Gobierno no está haciendo cumplir la ley de avasallamiento que más que todo proviene de parte de las comunidades. Los comunarios piensan que son dueños tanto del suelo como de los recursos naturales, pero según la Constitución Política lo del Estado pertenece al pueblo y lo administra el Estado”, dijo.
Pero tampoco se cumpliría la ley de armas que sanciona la portación de armamento sin licencia. A criterio de Panti, en el país no sólo los mineros están armados sino que existen muchas personas que tienen algún tipo de armas en su poder porque es “fácil” conseguir un revólver en el mercado negro, por lo tanto, afirma que el Gobierno tendría que aplicar esta normativa para ejercer control.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer a este medio que en los conflictos mineros donde se denunció que habría grupos armados, de acuerdo a la ley de armas, amerita el decomiso del armamento, dependiendo si existe el permiso para portarlas y de los resultados de la investigación.
“Obviamente si hay armas, independiente que tengan licencia o no, se ha utilizado esas armas en un hecho violento y sangriento. Lo más importante es adelantar rápidamente las investigaciones y establecer responsabilidades penales”, dijo.
Según el secretario General de Fecoman, Julián Chino, también se vulnera la Ley General de Cooperativas Mineras porque las comunidades, sin hacer un trámite previo como indica la norma, quieren ocupar las minas y explotarlas.
EXIGEN EXPERTOS
El secretario General de Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz, Julián Chino, pidió ayer al Poder Judicial que se designen a jueces y fiscales de materia minera que tengan conocimiento del área, debido a que existen casos registrados desde el 2009 que no concluyen porque las autoridades judiciales encargadas no conocen a cabalidad los temas de minería.
“Nos hacen gastar mucho dinero y los años pasan sin resolver los casos”, dijo Chino, quien aseguró que tampoco existen personas condenadas por los casos de avasallamiento que se registraron en el país.
La actividad minera en El Choro está paralizada
El secretario General de Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz, Julián Chino, que forma parte de la comisión que hace seguimiento al reciente conflicto minero surgido en El Choro, confirmó que los trabajos de minería en esa zona están paralizados desde el pasado fin de semana.
Chino dijo que los cooperativistas mantienen paralizada la zona minera debido a que continúa la investigación por parte de la Fiscalía y la Policía, después de que la mañana de este sábado se registrara un enfrentamiento entre cooperativistas mineros de Cruz del Sur y los pobladores, dejando como saldo a dos comunarios muertos y tres personas heridas de Trinidad Pampa de la población El Choro, en los Yungas de La Paz.
El fiscal de distrito de La Paz, José Ponce, sostuvo que la representante del Ministerio Público a cargo de las investigaciones, Roxana Cuba, recolectó elementos probatorios como los casquillos de los proyectiles que habrían sido utilizados para victimar a los dos comunarios.
Entre tanto, el ministro de Gobierno Carlos Romero, indicó ayer que la zona está controlada por los 40 efectivos policiales enviados al lugar desde el pasado fin de semana quienes realizan un rastrillaje y trabajos de control. “Están resguardando que no se pueda producir ninguna acción de hecho”, señaló.
Según denuncias de los comunarios, unas tres familias armadas controlan la explotación de la mina de oro en la zona y el problema surgió luego de un acuerdo para que la mina sea administrada por el Estado, algo a lo que los cooperativistas de Cruz del Sur se opusieron.
DESMIENTEN QUE CONFLICTO SEA POR MINA
Erbol
Comunarios del Sindicato Agrario de Choro Grande denunciaron, a través de un Voto Resolutivo, que personas armadas y en estado de ebriedad querían saquear sus domicilios durante el conflicto que derivó en la muerte de dos personas el fin de semana.
“Subieron con la intención de saquearnos nuestras casas en estado de ebriedad y portando armas de fuego que muy bien (lo) saben los policías que estaban en el lugar, también hermanos de la Asamblea de Dios y la comunidad de Huaycuni que vieron desde sus lugares de ubicación”, dice el documento en su artículo quinto.
El sábado dos personas murieron a bala al día siguiente de que se pacte una reconciliación entre las comunidades de El Choro y Choro Grande que se separaron años atrás para favorecer la explotación de una mina aurífera ubicada en la segunda localidad, según el dirigente Víctor Flores.
Al respecto, la resolución de Choro Grande desconoce la reconciliación que, según ellos, fue avalada por habitantes de su comunidad que “no cumplen función social y económica”. En este sentido, el artículo tercero de la resolución dispone la expulsión de 13 personas de la comunidad por supuestamente “incitar a la violencia y maltrato entre comunarios”.
Según la versión de Flores, la violencia y los asesinatos fueron producidos por un grupo armado de la cooperativa Cruz del Sur que rechaza la reconciliación de El Choro. El comunario, Samuel Mamani, agregó que los supuestos agresores tomaron rehenes. La resolución de Choro Grande desmiente que el conflicto sea por el control de la mina de oro y subraya que el problema es entre ambas comunidades.
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