Los derechos de las personas LGBT se han vuelto un arma política en América Latina

En lugar de desviar la atención hacia enemigos imaginarios como la “ideología de género”, los mandatarios deberían dirigir sus propuestas hacia problemas económicos y sociales reales.

En toda América y más allá, la oposición a la llamada ideología de género se ha convertido en un conjunto de proyectos políticos sofisticados cuyas consecuencias van mucho más allá de las personas LGBT. Se ha transformado en una poderosa herramienta a través de la cual líderes populistas y de tendencia autoritaria consolidan su poder, fabrican enemigos políticos y redefinen el debate público en torno a la identidad, el nacionalismo y los valores democráticos.

El auge de estas políticas antigénero demuestra que operan de manera transnacional, intercambiando y adaptando lenguaje, narrativas y estrategias entre países. En América Latina, han encontrado un terreno especialmente fértil porque se entrecruzan con profundas ansiedades sociales: la inseguridad económica y ciudadana, la desconfianza en las instituciones públicas, las preocupaciones ante los cambios demográficos y la creciente polarización política.

A veces, estos movimientos simplemente promueven un proyecto ideológico sincero, aunque peligroso. Pero con frecuencia son oportunistas: las personas LGBT, especialmente las personas trans, así como las defensoras de los derechos de las mujeres, se han convertido cada vez más en enemigas simbólicas y son utilizadas de manera cínica y partidista.

Este enfoque, que suelen emplear los recién llegados a la política, que buscan movilizar a los electores socialmente conservadores, es peligroso y a menudo eficaz porque rara vez utiliza un lenguaje explícitamente excluyente. Más bien, sus defensores se presentan como protectores de la niñez, de los padres, de la religión, de los valores nacionales, de la ciencia o incluso de la libertad misma. Este reposicionamiento estratégico desplaza el debate de la discriminación hacia reclamos contrapuestos de protección, en los que las feministas, las personas LGBT y sus aliados son presentados como la amenaza.

La estrategia ha dado frutos políticos, aunque sus objetivos varían de un país a otro. En Brasil, los grupos conservadores se metieron con políticas educativas que incluyen información sobre género, sexualidad o diversidad. En Argentina, el presidente Javier Milei ha utilizado repetidamente este enfoque para criticar duramente los supuestos excesos de Gobiernos anteriores y desmantelar instituciones relacionadas con la igualdad de género y la inclusión.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha criticado las “ideologías [de género] en las escuelas y universidades” y ha censurado materiales educativos sobre diversidad. En Ecuador, los fallos favorables de la Corte Constitucional sobre identidad de género han desencadenado llamados para que el Congreso “fiscalice” a la Corte, lo cual concuerda con la estrategia del gobierno de socavar la independencia de la institución.

Estos ataques rara vez abordan seriamente los problemas sociales subyacentes de discriminación o desigualdad y, por sí solos, no ofrecen soluciones creíbles. Brasil sigue enfrentándose a altos niveles de violencia de género. Argentina mantiene niveles persistentemente altos de feminicidios, con casos de gran repercusión que siguen sacudiendo a la sociedad. Las personas LGBT salvadoreñas siguen enfrentándose a la violencia y discriminación de las fuerzas de seguridad pública y los centros de salud. Ecuador enfrenta niveles persistentemente altos de violencia sexual en entornos educativos. Estas realidades apremiantes están siendo desplazadas cada vez más por pánicos morales ante la amenaza amorfa que tratan de infundar los grupos antiderechos.

Estas campañas suelen estar vinculadas a esfuerzos por socavar la democracia. Las restricciones dirigidas a los debates sobre sexualidad o género en las escuelas pueden alimentar amenazas más amplias a la libertad académica y al acceso a la información. Los ataques contra organizaciones LGBT pueden fusionarse con presiones más amplias sobre la sociedad civil. Los argumentos sobre la protección de la niñez o la preservación de la moralidad pueden justificar la expansión de la autoridad estatal sobre la libertad de expresión y la vida pública. Lo que comienza como una campaña contra un grupo puede convertirse en un mecanismo más amplio para controlar las instituciones y reducir el espacio democrático.

Hacer frente a los movimientos antigénero significa resistirse a los esfuerzos más amplios por reducir el espacio democrático y debilitar las instituciones que protegen a todas las personas. Si la política antigénero se entiende simplemente como un desacuerdo sobre valores o cultura, es probable que las respuestas permanezcan fragmentadas y a la defensiva. Una respuesta más eficaz comienza por volver a centrar la atención en un principio sencillo: las sociedades democráticas dependen del pluralismo, y toda persona merece dignidad, seguridad y trato igualitario ante la ley.

También requiere conexiones más sólidas más allá de las fronteras. Dado que las narrativas, las tácticas y las campañas de desinformación empleadas por los movimientos antigénero se propagan a nivel internacional, lo mismo debería ocurrir con las iniciativas para contrarrestarlas. Lo más importante es que grupos como las personas LGBT no deben ser retratados como un sector pequeño y aislado. Son familiares, amigos, vecinos, compañeros de clase, compañeros de trabajo y ciudadanos. Cuando se restringen sus derechos, las consecuencias se extienden mucho más allá de quienes son blanco directo de estas medidas.

El desafío es resistir campañas populistas que sustituyen las soluciones por chivos expiatorios. En lugar de desviar la atención hacia enemigos imaginarios como la “ideología de género”, los políticos latinoamericanos deberían dirigir sus propuestas hacia problemas políticos, económicos y sociales reales.