MAS impulsó 4 leyes de protección; expertos dicen que éstas son ilegales

Bolivia vive inmersa en una crisis política y social desde las fallidas elecciones de octubre de 2019. Los reclamos de los sectores sociales afines al MAS son constantes y ocasionaron que sus legisladores busquen leyes de “protección” para los movilizados en al menos cuatro veces. El constitucionalista César Cabrera y el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Arturo Yáñez, aseguran que estas normas son inconstitucionales.

La primera ley que se aprobó, pero el Ejecutivo mandó al Tribunal Constitucional Plurinacional, fue la ley de garantías, luego de los conflictos de octubre y noviembre que derivaron en el fallecimiento de más de una treintena de personas.

“¿Por qué nace la ley de garantías?, por la persecución  política que se tuvo en octubre y noviembre. A quien dijera que es masista se lo detenía y todo eso se daba pese a que se tenían los acuerdos y reuniones. Se acordó no judicializar a los detenidos, pero todo eso fue desoído”, señaló la senadora del MAS, Carola Arraya.

Asimismo, se intentó proteger a través de leyes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al expresidente Evo Morales y todo su gabinete ministerial que ahora está refugiado en diferentes países. La misma norma se intentó aplicar a los dirigentes que promovieron diferentes protestas y bloqueos, principalmente en El Alto y Cochabamba.

La ALP ahora hace su cuarto intento. Luego de los 12 días de bloqueo de carreteras con 172 puntos en todo el país, los parlamentarios  del MAS buscan resguardar a los dirigentes bajo la premisa de evitar la “persecución política”.

“Vamos a realizar un proyecto de ley, ese proyecto no debe violar la Constitución Política del Estado, tampoco las leyes y, por lo tanto, va a proteger a los dirigentes que en su legítimo derecho están pidiendo equipos de bioseguridad, están pidiendo libertad de expresión y democracia”, manifestó el diputado del MAS, Édgar Montaño.

Durante los 12 días de conflicto, cerca 50 personas perdieron la vida debido a la falta de oxígeno para tratar el coronavirus. El Gobierno responsabilizó de las muertes a los bloqueadores por las dificultades para el paso de los camiones que transportaban este insumo.

Sin embargo, el constitucionalista César Cabrera observó que estas leyes que se pretenden impulsar son inconstitucionales. Además que hay varios delitos observados que habrían cometido los bloqueadores.

“En Bolivia hay una prohibición de portar armas”, dijo Cabrera en alusión a las imágenes que circularon de manifestantes con diferentes armas de fuego.  Asimismo, observó que si bien se tiene el derecho a la protesta, éste termina cuando el del otro comienza. “Se afectó el derecho a la libre circulación y en un momento de pandemia esto afectó al derecho a la salud”, dijo.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Arturo Yáñez, aseguró que la propuesta del MAS induce  a la conflictividad social y a los excesos, por lo que  es inconstitucional y vulnera tratados internacionales.

Esta institución emitió un pronunciamiento y rechazó esta norma. “Si la ley rige se estaría vulnerando varios derechos, por eso alertamos de esta situación a los legisladores. Se vulnera el derecho a juicio previo, derecho a la tutela de salud, entre otros”, dijo.

Aseveró  que es inaudito que los legisladores premien a los que cometen delitos y explicó  que no se necesita una ley de protección a  los derechos porque estos ya están vigentes.

Dirigentes del trópico denunciarán al Gobierno por muertes por Covid-19

Más de 4 mil personas fallecieron por coronavirus en Bolivia. Por este motivo, el dirigente de la Central Provincial Carrasco, Juan Carlos Jiménez, dijo que se asumirán medidas legales por estos decesos.

Este anuncio de proceso surge luego que se anunciaran medidas legales contra los dirigentes que promovieron los bloqueos de la semana pasada. Principalmente, porque se apunta a estas medidas como las causantes  del desabastecimiento de oxígeno que llevó a varias personas a la muerte.

“Si la persecución sigue, vamos a tener que tomar otras medidas (…) Nosotros vamos a tomar medidas legales por más de 4 mil muertos en esta pandemia, por no atender las medidas necesarias para la salud”, manifestó el dirigente.

Asimismo, anunció posibles procesos contra el viceministro de Régimen Interior,Javier Issa, por decir que los manifestantes estaban portando armas en los puntos de bloqueo.

“Por qué no procesan a la Resistencia que han agredido mujeres y niños, hasta ahora no hay ningún procesado. Ellos agreden día a día, agreden en los puntos de bloqueos”, reclamó Jiménez.

El dirigente señaló que las acciones del Gobierno son persecución política a los movimientos sociales. Bajo este argumento pidió que no se criminalice el derecho a la protesta y se tenga celeridad a la ley de protección a este sector.