MAS lanza advertencia a vocales por habilitación
Que se atengan a las consecuencias, ellos conocen sus competencias y sus atribuciones; además saben qué tienen que hacer”, esa fue la advertencia que lanzó ayer el vicepresidente del MAS, Gerardo García, frente a la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decida inhabilitar a Evo Morales para una nueva repostulación.
El dirigente enfatiza que dicha instancia no tiene la potestad de dejar fuera de las elecciones primarias al primer mandatario y reitera que se asumirán acciones judiciales en caso de que eso suceda. En algún momento hasta se habló de un proceso de responsabilidades contra los vocales.
A su turno, Jacinto Herrera, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), recalcó que el TSE no tiene ninguna competencia para inhabilitar a Evo.
“Ellos no pueden interpretar una norma, tienen que administrar la elección. No está en su competencia, estarían incurriendo en inconstitucionalidad y vulnerando una sentencia. Para nosotros, el único árbitro es el Tribunal Constitucional, para nosotros está claro que ellos (TSE) solo tienen que administrar la elección”, declaró el dirigente.
Tuto defiende el 21-F
Al respecto, el expresidente Jorge Quiroga advirtió a los vocales con procesos y cárcel si habilitan ilegalmente al binomio del MAS: Evo y Álvaro.
Explicó que los mandatarios están inhabilitados por voluntad del pueblo, reflejada en el referéndum del 21 de febrero de 2016, proceso en el que la ciudadanía votó en contra de la cuarta repostulación. “El próximo gobierno democrático va a tener que procesar a los vocales que estén violando el 21 de febrero (…). El que contravenga la ley desde el Tribunal Supremo Electoral que gobierna su funcionamiento va a tener que devolver la cuota de 160 millones de bolivianos y van a ir presos”, señaló.
Manifestó que una sentencia del Tribunal Constitucional no puede estar por encima del 21-F, aunque señaló que el TS E “servil y funcional” si habilita a Morales “va a tener que responder por sus actos económicamente y penalmente”.