Mesa presenta pruebas y el MAS califica de insuficiente

Carlos Mesa, expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana (CC), presentó ayer pruebas para demostrar la legalidad del depósito de 30.000 dólares que recibió en su cuenta en 2009, pero para el MAS es insuficiente y considera que sus declaraciones levantan más sospechas.

El  martes la diputada Susana Rivero del MAS denunció que el excoronel Gonzalo Medina, vinculado al caso narcopolicías, depositó en 2009, en la cuenta bancaria  del expresidente, la suma de 30.000 dólares.

Ante esa denuncia, ayer Mesa aseguró, a través de su blog, que el martes recién se enteró, por la declaración de la diputada  Rivero, de que el depositante de los 30.000 dólares por la venta de un departamento en Oruro fue el excoronel Medina,  pues  la compradora del inmueble fue Blanca Grimanesa Hinojosa Imanareco.

Con ese hecho, Mesa señaló que asumió que el pago lo había hecho “la señora Hinojosa”. Sin embargo, dijo que “el día de ayer, me enteré por la declaración de la señora Susana Rivero de que el depositante era Gonzalo Felipe Medina Sánchez”.

Explicó que en 2009 sus padres, ante la delicada salud de su padre, José Mesa Figueroa, le pidieron que se hiciera cargo de la administración de dineros, producto de la venta de un departamento ubicado en la avenida 6 de Agosto en Oruro.

Además, explicó que esa operación estuvo a cargo del abogado Paulino Verástegui Pala, quien le confirmó -según dijo- “que la venta la concertó con Rubén Fernando Medina Sánchez, mediante documento privado suscrito el 16 de junio de 2009”.

Asimismo, Mesa agregó   que  el jurista le dijo que “Rubén Medina indicó que la operación se haría a favor de la señora Hinojosa Imanareco, quien tenía una relación con su hermano Gonzalo Felipe Medina Sánchez”.

Prueba de la compra venta presentó la escritura pública Nº 20/2010 de 4 de mayo de 2010 otorgada ante Notario Nº 045, del abogado Ernesto Ossio Aramayo.

Con esos antecedentes, el expresidente y periodista reiteró que “el dinero, que genera tantas dudas” en la diputada Rivero,   fue recibido legalmente y de modo transparente, y afirmó que la intención de la legisladora “es desviar la atención del escándalo de los estrechos vínculos entre el narcotráfico y la Policía”.

Sin embargo, para Rivero “hay muchos enredos y contradicciones” en las declaraciones de Mesa. Escribió en su cuenta de Twitter  que “inicialmente el exmandatario pidió transparencia en las investigaciones del caso, “olvidando su relación con Medina”, luego  anunció que mostraría documentos en conferencia de prensa, pero lo hizo mediante su blog y después “afirma que él no vendió nada, dice que era departamento de su papá, que lo vendió al hermano de Medina en 2009 y la minuta fue un año después”.

Con ese argumento y  por la misma vía, Rivero preguntó: “¿quién paga sin firmar transferencia?, ¿cuál el origen del dinero?, ¿es dinero narco?, ¿es lavado? La única infamia es como miente Mesa, por encima de toda evidencia documental refutable”, observó Rivero.

“Hay mucho que esclarecer acá, yo encuentro bastante nerviosismo, y no responde al tema de fondo: ese dinero, ¿es dinero ilícito, del narcotráfico, de una vinculación con narco vínculo o estamos hablando de lavado?, eso es lo que tiene que responderle a Bolivia y no a mí”, insistió Rivero.

La respuesta no se dejó esperar, el abogado de Mesa Carlos Alarcón  sostuvo que el Gobierno lanza “conjeturas” con el fin de tapar el caso narcovínculos, porque “no quiere investigar a fondo el nivel de penetración del narcotráfico no sólo en la Policía Boliviana, sino en las esferas de Gobierno”.

Con ese antecedente, Alarcón expresó que con ese objetivo “el Gobierno quiere cargarle el burro muerto a Carlos Mesa” porque la venta del departamento se registró hace 10 años y se lo hizo al hermano de Medina para la ciudadana Blanca Grimanesa.

“Según el abogado  que hizo la operación, el departamento era para esta señora, quien tenía una relación con el ahora excoronel Medida, a quien el Gobierno por tres años le encomendó la responsabilidad más alta en Santa Cruz. Por esa razón creemos que hizo el pago de 30.000 dólares”, indicó el abogado.