Monedas para la policía

Por qué la policía pasó del apoyo al repudió de la población. El papel de la marcha del Tipnis.

Un día después de haber alcanzado un acuerdo simbólico con el Gobierno, las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional derramaron todos sus argumentos que días antes les valió el apoyo de la población a la repulsa de los ciudadanos por la represión a los marchistas del Tipnis. Pésimo recibimiento y pésima actitud de los uniformados que apostados en la plaza Murillo cumplían las ordenes para evitar el paso de los indígenas a la “casa del pueblo”, donde desde enero de 2006 se ha instalado un Gobierno que se sigue haciendo llamar “indigenista”. Actitud negra para los efectivos de la policía que en la madrugada de ese mismo día habían arrancado un acuerdo que está lejos de considerarse una victoria para la institución. La solución del conflicto se selló aproximadamente a las 4 de la madrugada del miércoles 27; un aumento salarial de Bs. 100 retrospectivo al mes de enero, además de víveres, dotación de uniforme y el compromiso para mejorar la renta de los policías en servicio pasivo.

El vicepresidente Álvaro García Linera selló el acuerdo con los policías en una conferencia de prensa desde lo alto de las escalinatas de la Vicepresidencia. Dejó entrever que los uniformados fueron utilizados por un grupo de políticos “golpistas”. Una actitud que demarca los nuevos tiempos que vivimos. La frontera de la irracionalidad en la que las demandas de los sectores en conflicto se convierten en el escenario propicio para la victimización. La segunda autoridad del Estado Plurinacional no tuvo mejor argumento que asociar las demandas policiales con un supuesto golpe de Estado señalando seis elementos propiciatorios para esa acción

Más allá del rosario, el vicepresidente fue respaldado horas  más tarde por el equipo de ministros que seguían paso a paso el desenlace del conflicto. Abriendo micrófono un programa nocturno de televisión, acudió a la fuente oficial para sellar lo que para el Gobierno se ha convertido en su principal recurso: el uso aleatorio de los medios de comunicación para atemorizar con sus teorías. El ministro de Gobierno Carlos Romero expuso a sus anchas los mismos motivos. La autoridad identificó a los policías rebeldes y con procesos. Sin mencionar motivos explícitos se limitó a repetir el discurso de una supuesta camioneta en la que se habría trasladado armamento para alentar la aventura. Es el tiempo del pensamiento único y los argumentos conspirativos que se convierten en el verdadero motivo del relato oficial.

Pero más allá de estas declaraciones, el motín de la Policía Nacional dejó peligrosas lecciones. Varios cuarteles regionales tomados en los nueve departamentos, sedes policiales saqueadas y los ejes políticos del país sumidos en el descontento. El Gobierno del presidente Morales que se ha hecho experto en convocar contramarchas y acudir a respaldos para justificar sus teorías desestabilizadoras; convocó de emergencia a una reunión de los ocho gobernadores oficialistas en respaldo al “proceso de cambio”. Analistas con los que conversó DATOS indicaron que el motín de los policías ha sido uno de los golpes más duros contra la presidencia de Evo Morales. Más agua al molino de la oposición que no ha sabido administrar situaciones en la que conjuga el descontrol con la rabia de sectores que se expresan contra el Gobierno.

Las fichas que se juegan

Las fuentes coincidieron en señalar que la crisis policial no es política y en nada equiparable a la de febrero de 2003 cuando grupos descontentos de la institución policial arremetieron contra el Gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En esa oportunidad se registraron 14 bajas de la guardia presidencial. Los disparos afectaron inclusive el frontis del despacho de la Presidencia de la República. La crisis de “febrero negro” se resolvió un par de días después no sin antes haber provocado la destrucción de varias oficinas de la administración central, la quema y el saqueo de ministerios y de la propia Vicepresidencia de la República.

Los mismos analistas indicaron que la situación de violencia que se desató en la sede de Gobierno por policías que exigían un justo incremento salarial tampoco se puede comparar con la que enfrentó hace más de un año el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Coinciden en que no hay una cabeza ni dirección política en el reciente conflicto. No se han exigido cambios sustanciales al accionar del Gobierno presidido por Evo Morales y tampoco hay una agenda ideológica palpable que busque una alteración del statu quo.

En años recientes, por la influencia del Gobierno venezolano, Evo Morales se ha valido del cortejo a su Ejército como sustento de su juego en pared con Venezuela y Ecuador. El Ejército ha recibido helicópteros, vehículos, armamento sofisticado y la Corporación de las Fuerzas Armadas obtuvo una serie de concesiones; contratos para construir carreteras, apertura de  caminos, entre otros. Se habla insistentemente de que la lealtad de los militares al “proceso de cambio” ha sido solventada con los cheques que llegaron desde Venezuela. Estas desigualdades derivaron en la ira de las esposas de los policías que se instalaron en piquetes de huelga exigiendo una mejora salarial de sus maridos. Las desigualdades y desajustes en el orden económico se han convertido poco a poco en la fuerza del Gobierno. Los efectivos del orden sintieron en los últimos años una sustancial merma de sus ingresos cuando las recaudaciones de las oficinas de Identificación y Tránsito pasaron a otras manos. A la Policía se le han retirado los llamados “gastos reservados”, con los cuales se la solía compensar por los magros ingresos. Según las nuevas reglas, solo un 70% recibía la pensión de retiro de BS. 1.100 bolivianos.

El salario policial ha estado estancado entre Bs. 1.340 y 1.500 cuando por rangos similares en el Ejército se gana el doble. “Si de verdad hubiera habido alguna intensión de desestabilizar al Gobierno no se habría aceptado un incremento de Bs. 100 al haber básico del policía raso”, le dijo un uniformado a DATOS. El magro aumento ofrecido por Morales ha logrado apagar el incendio: 100 bolivianos y ni un centavo más.

Otros tiempos

Los funcionarios gubernamentales inmiscuidos en la solución del motín señalaron que la Policía Nacional ha sido en otros tiempos el brazo ejecutor del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Si bien la policía se sumó militantemente a la revolución nacionalista encabezada por ese partido en 1952, las relaciones tendieron a entorpecerse casi 50 años después con el levantamiento policial de febrero de 2003, considerado  como la antesala de la caída del MNR del poder. “Son tiempos difíciles en los que no se puede juzgar con la misma vara a los dinámicos sectores de la sociedad. Ya con la entrada de Morales se puede decir que marcó el inicio de una nueva bonanza castrense”, dice el uniformado de la policía.

Sin embargo, no se puede tampoco dejar pasar por alto el hecho de que los altos jefes castrenses que ocupaban funciones de mando durante la revuelta popular de octubre de 2003 han sido sometidos a la justicia ordinaria y se encuentran detenidos acusados por la represión militar que provocó más de 60 muertos. Privados de libertad han indicado en su defensa que cumplían órdenes superiores del Capitán General que recae en la figura presidencial; en defensa del estado de derecho y la democracia.

“Esta protesta es grave, porque poco a poco se va mellando la base de un Gobierno; lo que se busca es restaurar el viejo poder”, dice una fuente afín al Gobierno reforzando la teoría golpista. Pero lo cierto es que la imagen de la institución del orden acaba de rodar por los suelos. Su derrota ha sido cuantificada por el Gobierno en una clara posición de off side, sin que eso deje de afectar la mala imagen que ha comenzado a irradiar el oficialismo.