La presencia del presidente Morales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ha sido la acción de diplomacia directa más contundente planteada por Bolivia en la demanda marítima contra Chile. El jefe de Estado advierte con gran intuición, que la influencia que ejerce su imagen en el plano internacional, es de significativa importancia. Por eso, decidió entregar en persona los alegatos históricos y jurídicos que sustentan la Memoria. Dos días después, el Gobierno de Chile admitió la seriedad del documento, aunque con anterioridad su canciller Heraldo Muñoz calificó que la nueva estrategia boliviana era “artificiosa”.
El giro refleja la preocupación de la diplomacia chilena y el virtuosismo de la parte boliviana. Batiendo una ola de récords inobjetables, el equipo de expertos contratados por el Gobierno se consustanció con la causa y trabajó con empeño. Removió baúles, registró archivos, hurgó papeles; encontró firmas, acuerdos y compromisos asumidos por Chile durante los últimos 100 años. Fue una labor de altísima eficiencia que pateó el tablero bilateral en el que La Moneda se movió cómodamente desde la Guerra del Pacífico. La nueva estrategia, obliga al vecino a reformular sus planteamientos en otra dimensión. Se dice que 40 expertos contratados por el Gobierno de la presidenta Bachelet contrarrestarán la marea alta que germinó la presencia de Evo en La Haya.
Círculos de influencia y el candado de la Memoria
En torno al primer mandatario se ha conformado un vital círculo de influencia. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, titular de la misión boliviana en Holanda, se encargará de ejercer un estricto seguimiento en la corte. Ha señalado que la memoria es un “acto de buena fe y que Chile no puede desconocer que tiene temas pendientes con Bolivia”. A él se le ha sumado el también expresidente Carlos Mesa de conocida posición en pro de la causa. Ambas figuras moverán los hilos en el plano internacional y diplomático asumiendo que Chile sí tiene que sentarse en la mesa de la negociación con Bolivia. Esa posición es compartida por varios expertos. El analista Andrés Guzmán, asegura que Chile se comprometió repetidas veces en resolver la reivindicación boliviana. Si bien hay mucho celo y cautela en el Gobierno por manejar el tema en absoluta reserva, Guzmán infiere que la Memoria histórica contiene “el Tratado de Transferencia de Territorios de1895, el protocolo Bello Gutierrez de 1920, la Circular Mattie, 1926; la respuesta de Chile a la propuesta Kellog de 1926, las notas de 1950, el Memorándum Truco de 1961, el acta de Charaña de 1975 y la nota de respuesta del canciller chileno Carvajal de ese mismo año”.
Asimismo, el analista menciona los documentos que fueron aprobados en el ámbito multilateral. “La Declaración de Ayacucho de 1974 y tres resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), que votó por la causa marítima con aprobación de Chile. Las de 1980, 1981 y 1983”. También menciona la agenda de 13 puntos “que se aprobó el 14 de julio de 2010 en la que Chile y Bolivia se comprometían ´alcanzar soluciones concretas factibles y útiles´. Todos esos documentos son una demostración objetiva que Chile ha tenido la voluntad de resolver el problema a pesar de que hoy niega cualquier solución alegando que hay un tratado firmado en 1904. Esta actitud refleja la contradictoria conducta de la diplomacia chilena y destaca el esfuerzo del Gobierno por llevar el caso a La Haya”, concluye Guzmán.
La parte jurídica
Con respecto a la Memoria Jurídica, Armando Loaiza que participó de la última reunión de evaluación que convocó el presidente Morales para informar a los excancilleres el curso y orientación de la demanda, dijo que “los compromisos asumidos por un Estado generan efectos vinculantes que pueden llegar a ser obligatorios o exigibles por la parte afectada”. El análisis jurídico es visto por Guzmán citando un caso concreto. “En 1919 Dinamarca planteó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Noruega, sobre sus derechos en los territorios de Groenlandia que habían sido reconocidos verbalmente por Noruega. El caso generó jurisprudencia y La Haya resolvió a favor de Dinamarca”.
Preguntamos a Guzmán si en base a estos antecedentes es factible esperar un fallo favorable. Él reconoce que “la demanda tiene sus complejidades por la inexistencia de un territorio en disputa, que Chile alega ha sido reconocido en un tratado”. Pero cree que la Memoria contiene los documentos originales firmados por representantes chilenos bajo compromiso de llegar a un arreglo sobre el enclaustramiento boliviano. Esa conducta es tan evidente que fortalece la demanda”.
El giro refleja la preocupación de la diplomacia chilena y el virtuosismo de la parte boliviana. Batiendo una ola de récords inobjetables, el equipo de expertos contratados por el Gobierno se consustanció con la causa y trabajó con empeño. Removió baúles, registró archivos, hurgó papeles; encontró firmas, acuerdos y compromisos asumidos por Chile durante los últimos 100 años
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