Para HRW Evo, Áñez y Arce usaron la justicia políticamente

El informe mundial 2022 de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) advierte que los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce realizaron un uso instrumentalizado del aparato judicial y de la fuerza estatal para reprimir los conflictos políticos y sociales que afrontaron estas gestiones.

Analistas consultados por Los Tiempos señalan que el informe de HRW confirma que existe un debilitamiento del estado de derecho y una injerencia política en el poder judicial. Por su parte, el oficialismo asegura que el informe no es neutral y pretende “suavizar” los hechos de violencia acontecidos durante el gobierno de Áñez.

Independencia del órgano judicial

El apartado “independencia judicial” describe las acciones de los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce Catacora, poniendo bajo la lupa la independencia del órgano judicial durante las tres gestiones.

“El expresidente Evo Morales socavó la independencia judicial durante sus casi 14 años en el poder. La Constitución de 2009 habilitó a los votantes a elegir a los jueces de tribunales superiores a partir de listas creadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los legisladores del partido de Morales —el Movimiento Al Socialismo (MAS)— colmaron las listas con sus simpatizantes. En 2010, se dispuso que todos los jueces designados antes de 2009 eran ‘transitorios’. Muchos fueron destituidos de forma sumaria”, señala el informe.

El reporte añade que, durante el gobierno de Morales, los fiscales presentaron cargos contra varios de sus rivales políticos, lo que aparentemente respondería a motivaciones de origen político.

“El gobierno de la presidenta interina Áñez presionó a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses, dando lugar a investigaciones penales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva contra más de 150 personas vinculadas con el gobierno de Morales”, reza parte del documento.

Luis Arce

Mientras tanto, se indica que el presidente Luis Arce Catacora decretó en febrero de 2021 una amnistía que permite impunidad por delitos graves para favorecer a sus simpatizantes. Sin embargo, en 2020 planteó que la justicia debería ser independiente.

Para el constitucionalista y exmagistrado José Antonio Rivera, el informe evidencia que en Bolivia existe un debilitamiento del estado constitucional de derecho, caracterizado por la grave violación de derechos humanos durante el periodo 2006-2019 y el gobierno de transición.

“Entre las principales causas están el deterioro por injerencia política en el comportamiento de magistrado y jueces. Las autoridades judiciales emiten sus decisiones en funciona a quienes se encuentran en el ejercicio del poder político”, sostuvo Rivera.

Falla histórica y estructural

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana George Komadina explicó que el actual contexto del sistema judicial se debe a que este es una falla histórica y estructural del Estado.

“La crisis del sistema judicial es muy profunda y hay muchos problemas y debilidades. El informe de Human Rights coincide con otros informes como el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde se evidencia la ausencia de independencia judicial”, destacó Komadina.

Por su parte, el parlamentario supraestatal y docente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Adolfo Mendoza cuestionó el accionar de Human Rights y aseguró que el informe pretende instalar el discurso de persecución política en el gobierno de Arce Catacora.

“Intentan catalogar un antes y después, procesos de persecución política. En realidad, no tiene nada que ver con persecución política, sino con una búsqueda de justicia”, finalizó.