Perú estudia sello rojo para evitar que Evo Morales ingrese a su territorio

El Gobierno peruano le advierte al expresidente boliviano que deje de intervenir en asuntos internos del país.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, exigió al exmandatario de Bolivia, Evo Morales, que deje de “intervenir” en los asuntos internos del país y advirtió que las autoridades migratorias evalúan si le permitirán ingresar al territorio. “Estamos conversando [con Migraciones] para que, dentro de ese contexto, veamos la situación de ingreso del señor Evo Morales al país porque creo que nadie, ninguna persona, ningún expresidente ni un líder de otro país tiene por qué intervenir en temas internos”, expuso Boluarte en el marco de una entrevista al canal peruano por internet PBO.

“Si el señor Evo Morales quiere seguir siendo líder allá en Bolivia, pues en Bolivia tiene que ejercer ese papel de líder social y líder político”, completó la gobernante.

En sintonía con dichas declaraciones, varios legisladores aliados pidieron a la cancillería que tome medidas diplomáticas respecto de las actividades que Morales realiza en el sur del Perú, regiones que apoyan al expresidente Pedro Castillo y que mantienen protestas contra el gobierno de Boluarte.

Morales es observado con recelo por estos dirigentes, que lo acusan de “azuzar” las manifestaciones en contra de la nueva presidenta.

Morales: factor de “movilización”

“No podemos permitir que venga al Perú a levantar a las masas para que se separe parte del territorio nacional”, declaró a la prensa el parlamentario Jorge Montoya.

El miércoles por la noche, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, informó que fueron detectados en Puno (sureste) cinco ciudadanos bolivianos que estaban “incitando” a los manifestantes. El tema fue notificado a la cancillería y al Ministerio Público para que se tomen medidas, detalló el funcionario.

El año pasado, la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento declaró a Morales ‘persona no grata’.

Mientras tanto, la tensión y el caos se profundizan en Perú, con múltiples movilizaciones que exigieron la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones.

Las manifestaciones se registraron en regiones del centro y sur del país, donde el destituido Castillo tiene respaldo mayoritario. Tras la destitución de Castillo se desataron violentas protestas en el centro y sur del país. Policías y militares contuvieron las manifestaciones con un saldo de 22 fallecidos y más de 600 heridos, varios de ellos baleados.

El Gobierno se comprometió a llevar a cabo una investigación para determinar responsabilidades, luego de reiteradas críticas por un presunto uso excesivo de la fuerza.