Presidente del TCP repudia juicio a Magistradas

El presidente del Tribunal Constitucional, Efren Choque, dijo ayer que la suspensión de las magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chanez  “vulnera el estado de derecho” y afecta a la Constitución y la democracia boliviana”. En tanto, las sancionadas señalaron que el  juicio es “político e inconstitucional” porque quebranta las atribuciones del Órgano Judicial.

Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que las magistradas “cometieron una arbitrariedad aberrante” al suspender la aplicación de la Ley del Notariado.

Mientras dure el juicio en el Senado, que aún no tiene fecha, los magistrados suplentes Juan Valencia y Zenón Bacarreza asumirán las funciones de sus colegas suspendidas.

Las magistradas suspendidas Ligia Velásquez y Zoraida Chanez están procesadas por suspender la aplicación de la Ley de Notariado mientras se resuelve un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta norma. Chanez afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no tiene la competencia para enjuiciar a autoridades electas.

En tanto el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efren Choque, calificó como “día negro para la justicia constitucional” la suspensión de las magistradas, quienes serán sometidas a un juicio de responsabilidades en el Senado.

“Queremos decir con todo respeto y de manera reflexiva, que esta crisis institucional afecta a la estabilidad del Tribunal y también afecta al estado de derecho de la democracia boliviana”, dijo Choque.

Respecto a las consecuencias que tendrá en el TCP el alejamiento de dos de sus miembros, Choque reconoció que la medida “genera inestabilidad en sus tareas jurisdiccionales”.

El presidente del TCP convocó a los otros poderes del Estado a establecer una relación “horizontal” de coordinación con el objetivo de mejorar el servicio a la sociedad.

Silvia Salame, exmagistrada del TCP, manifestó que en la Constitución no existe revocatorio para el ámbito judicial.

“La propia norma establece que será el Consejo de la Magistratura quien siga un proceso y, si fuera un caso penal, se remitirá al Ministerio Público”, aclaró.

Según Salame, no se puede suspender el mandato a un magistrado por emitir una resolución, más aun si se trata de una resolución que está sujeta a  revisión.

La diputada Rebeca Delgado Burgoa, afirmó que la aprobación del proyecto de acusación a dos magistradas del TCP carece de tipificación, tiene defectos procesales y se basa en una medida precautoria, no en una resolución, por lo que se estaría dando un duro golpe a la democracia.

Injerencia

Ante denuncias de partidos de oposición y de las magistradas suspendidas, de que el juicio fue por instrucción del Gobierno, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez respondió que el Ejecutivo no influyó en la decisión de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, justificó el proceso a las magistradas coincidiendo con las opiniones vertidas por el vicepresidente Álvaro García Linera y los parlamentarios del oficialismo.

“Estamos viendo ir a un revocatorio, ellos fueron elegidos por el pueblo y será el pueblo quien defina si realmente esas personas tengan que ser revocadas, aquí no será una situación unilateral, el Gobierno no actuará a dedazo, ni arbitrariamente.

Será el pueblo quien decida si estas autoridades judiciales se tienen que ir o se quedan”, apuntó la Ministra.

Y mientras dure el juicio contra las magistradas, los suplentes Juan Valencia y Zenón Bacarreza cubrirán las funciones de sus colegas suspendidos.

“Después que llegue la notificación al Tribunal Constitucional Plurinacional, en las próximas horas, los magistrados suplentes estarían asumiendo la titularidad” informó el magistrado Ruddy Flores.

La candidata a diputada por Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, sostuvo que el juicio es una acción gubernamental para tratar de retomar el control del TCP, esto también implicaría el retorno del magistrado Rudy Flores a la presidencia de esta entidad judicial.  Por su parte, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Alex Orozco, calificó el juicio de responsabilidades como una “aberración”.

“Es la segunda aberración más grande desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto a la justicia, la primera fue elegir autoridades judiciales del tribunal con consigna política, militancia política del Movimiento Al Socialismo”, dijo.

En el caso del magistrado Cusi, el informe de la Comisión de Justicia Plural  señala que éste presentó una acción de libertad, que fue concedida en resguardo a su derecho a la vida, “disponiendo el cese de cualquier proceso hasta que su salud esté restituida y asuma sus funciones.