Versión de golpe a la boliviana

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Un recuento necesario para entender la estrategia oficialista. La proximidad de las elecciones, el probable candidato único y las secuelas de la movilización y el enfrentamiento en el último conflicto con la Policía Nacional.

La advertencia sobre lo que los analistas internacionales llaman de “las tentaciones del neo-golpismo” no alcanza a reflejar una realidad que se asemeja en el cuadro  de honor de las autoridades del Gobierno boliviano. El segundo mandatario del Estado Plurinacional Álvaro García Linera dijo sin titubeos que el motín de los policías -en la que la autoridad no incluye la duración del conflicto- fue una acción premeditada para interrumpir el proceso democrático que se vive en el país hace poco más de 25 años. El vicepresidente fue contunde en demarcar el camino. Se estaba gestando un golpe de Estado, dijo. Esa afirmación no es la primera y ni será la última que escuchemos de los labios de la autoridad del Estado Plurinacional ni del resto de los funcionarios del actual Gobierno. La explicación viene de la mano de un nuevo componente en la política boliviana: la utilización de la violencia activa y de los movimientos sociales como factor desencadenante que se han convertido en un catalizador de los nuevos tiempos. Si a estos dos hechos le sumamos un tercer elemento -aun peor- encontraremos la respuesta a una actitud que se ha convertido en la estrategia política del MAS para generar un estado de convulsión permanente que a esas alturas afecta no sólo la integridad física de los bolivianos, sino que además genera una inestabilidad social permanente.

Desde la posesión de Evo Morales a la presidencia en enero de 2006, el MAS inició la preparación de una estrategia para destruir  a sus adversarios políticos a través de la utilización de la teoría del golpe de Estado. Tras la caída del Gobierno del MNR en octubre de 2003 se identificó a la “media luna”, en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, con la continuidad del “neoliberalismo” que había sido expulsado del poder tras una movilización de poco más de una semana que asfixió cualquier posibilidad de conciliación entre ese Gobierno y los movimientos sociales. En su desesperación, antes de presentar su renuncia y de abandonar el país, Gonzalo Sánchez de Lozada planteó la posibilidad de instalar la sede de su administración en la ciudad de Santa Cruz, idea que fue rechazada por sus entonces aliados políticos. Fuera del país y con Carlos Mesa en la presidencia se inició un ciclo de desgaste de los partidos tradicionales y se aseguró el nacimiento de nuevas asociaciones en la política boliviana para competir electoralmente en su búsqueda de llegar al poder. Las reglas políticas para las elecciones de 2005 habían cambiado. El resultado modificó la correlación de fuerzas. El MAS ganó el proceso electoral sin necesidad de tranzar espacios con el resto de las fueras políticas. Con ese influjo revitalizante, el partido del presidente Morales inició una estrategia política que consistía en infligir derrotas sistemáticas a sus adversarios. No era una tarea sencilla pero había que iniciarla.

El país dividido

El triunfo electoral del MAS con el 54% de los votos no le aseguraba el control de la denominada “media luna” cuyos líderes recibieron una importante cantidad de apoyo en esa misma elección. De los nueve prefectos que concurrieron al proceso electoral en 2005, seis no eran del MAS. En la lógica oficialista era el momento propicio para liquidarlos. Ya se había puesto a funcionar un par de años antes, durante el Gobierno de Tuto Quiroga primero y en el de Carlos Mesa después, una maquinaria de destrucción del sistema de los partidos políticos. En esa misma elección, los departamentos de La Paz y Cochabamba sumaron prefectos de la oposición con candidatos que habían salido de los partidos tradicionales pero que respondían en ambos casos a una estructura partidaria abstracta. En ese escenario Santa Cruz se convirtió en la cabecera de playa visible para acertar la estocada definitiva. La tarea tampoco era tan sencilla; contribuyó la flacidez política de una elite sin compromiso,  que en lugar de trabajar la unidad fragmentó el escenario político. En su afán de contrarrestar al oficialismo, las elites cruceñas levantaron las banderas autonómicas y a pesar de ganar adeptos en las calles enfurecieron al Gobierno que comenzó la ejecución del plan para derrotarlos.

El 2008 los  departamentos de la denominada “media luna” consolidaron su poder ganando por amplia mayoría sus referéndums autonómicos y fueron más allá peleando sin orientación mayores espacios de acumulación. Primero exigiendo que la sede de Gobiernos se trasladará a Sucre; entablaron una disputa ciega en defensa del IDH y en contra del recorte de sus presupuestos regionales. El error consistía en que la lucha era casi a ciegas. Sin aparato de formación, sin estructura interna, disciplina, jerarquía ni reglas del juego. Era un movimiento que crecía con panfletos, gorros, banderas y gestos de bravuconada.

Hasta ahora ningún líder cruceño sabe responder por el comportamiento que derivó en la derrota. Contribuyeron, los anuncios de resistencia a la nueva Constitución Política del Estado, el sangriento enfrentamiento entre fuerzas del orden y universitarios en Sucre, como parte de los elementos del fricción en la preparación del golpe mayor que sucedería en abril de 2009 con la ejecución de un grupo de supuestos mercenarios que llegaron precisamente a Santa Cruz con el fin de asesinar al presidente Morales y dividir Bolivia. Pero antes de esa fecha se generaron una serie de acciones que vale la pena recordar. En 2008 el Gobierno del MAS había revelado un plan desestabilizador que denominó “golpe cívico prefectural” que se fue armando durante los primeros meses de ese mismo año. Los enfrentamientos de la Calancha en la capital de la República, detonante de otro tipo de acciones paralelas. Una marcha de campesinos afines al Gobierno a Santa Cruz, derivaría en un beligerante clima de tensión. Entonces, fuerzas contrarias al Gobierno identificadas como racistas y que supuestamente actuaban como el brazo operativo y armado de la “derecha” reaccionaria cruceña, tomaron instituciones públicas, saquearon e incendiaron sus instalaciones. Días después, sin el menor desparpajo los unionistas cruceños se declararon afines al MAS y pasaron a integrar militantemente en las filas del oficialismo.

La derecha aliada al MAS

A pesar de la contundente victoria de la fórmula Evo Morales – Álvaro García Linera en las elecciones generales de 2005, el MAS no obtuvo mayoría en la Cámara de Senadores. De un total de 27 legisladores en la cámara Alta, la agrupación Podemos del ex presidente Jorge Quiroga Ramírez obtuvo 13 senadores, el MAS 12, mientras que el MNR y UN se alcanzaron con un senador, respectivamente. Dos hechos dramáticos denunciados por DATOS en sus ediciones de 2008 conmovieron a una parte de la comunidad política nacional. Los detalles inéditos del crucial apoyo de la bancada de Podemos a Ley Ampliatoria de la Asamblea Constituyente que no había logrado consensos para aprobar la nueva carta magna en los tiempos establecidos en el marco legal; y la aprobación de la Ley del Referéndum Revocatorio para decidir la permanencia del presidente Morales en la presidencia de Bolivia. Estos dos hechos acabaron sepultando las pretensiones de la oposición de convertirse en una verdadera fuerza de resistencia a la hegemonía del oficialismo.

En el referéndum revocatorio celebrado en agosto de 2008 el presidente Morales fue ratificado con el 67.43% de votos. Los prefectos de ChuquisacaOruroPotosíTarijaSanta CruzPandoBeni también fueron ratificados en sus cargos, pero no corrieron la misma suerte los de La PazCochabamba quienes fueron revocados de su mandato. Los resultados de esa elección abrieron una disputa interna en la oposición antes de su fractura y posterior descabezamiento. Hoy, apenas el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas se mantiene en el cargo; Leopoldo Fernández está detenido hace 4 años sin proceso bajo cargos de genocidio, Mario Cossío se encuentra asilado en Paraguay, José Luis Paredes salió a los Estados Unidos para evitar ser detenido por cargos de corrupción, el gobernador del Beni Ernesto Suárez ha sido recientemente removido del cargo. Manfred Reyes Villa vive en los Estados Unidos.

“Si a todos estos sucesos se suma una disposición del órgano electoral por la que los gobernadores electos a través de voto pueden ser removidos después del tercer año de mandato, nos encontramos muy cerca de presenciar la estocada final contra el gobernador cruceño Rubén Costas”, dice  una fuente de la oposición en la Asamblea Legislativa. “La responsabilidad de Podemos en la aprobación de las leyes mencionadas alentó la estrategia oficialista”, dice el mismo legislador. Ese contexto derivó en la primera fractura importante de la oposición al MAS. El partido de Quiroga rompió la débil relación orgánica que mantenía con los prefectos de su partido: Suárez y Fernández. Pero además desarticuló el bloque opositor regional. Esta actitud fue calificada como una “traición devastadora y de consecuencias imprevisibles” como se comprobaría más tarde con la detención de Leopoldo Fernández y la arremetida contra los dirigentes cívicos de la denominada “media luna”.

El segundo golpe de Estado

De acuerdo a la versión de varias fuentes consultadas por DATOS, el último conflicto que se vivió durante la última semana del mes de junio con la rebelión de la Policía Nacional ha vuelto a generar un “cambio de clima” similar al que se vivió en 2008. La constante pérdida de popularidad del presidente Morales y los cuestionamientos a su gestión podrían alterar el curso de la agenda electoral que debería culminar en 2014 con elecciones generales.

En la esfera de las conjeturas, fuentes de la Policía Nacional no entienden cómo el Gobierno dejó crecer el motín de los uniformados sin ejecutar un plan de acción inmediata de prevención de conflictos. Oficiales del servicio pasivo de la institución del orden señalan que manifestaciones de similar alcance se presentaron en otras gestiones de Gobierno pero se lo cortó por lo sano, evitó que el conflicto se extienda en todo el país. “Si se trataría de un plan político es irresponsable porque estaríamos al borde de un enfrentamiento armado, de una guerra civil que no es nuevo en el vocabulario de algunas autoridades de la actual administración”, dice un ex jefe policial. Sin embargo, este análisis encuentra su propio contrapunteo en fuentes del propio Gobierno. Señalan que se dejó crecer el conflicto con la intensión de identificar a los cabecillas policiales inmiscuidos en la rebelión, debilitar a la institución del orden y justificar ulteriores acciones.

El golpe de Estado, la teoría de la conspiración y hasta de magnicidio son repetitivos en el accionar del Gobierno. En 2008 se detuvo a un joven ciudadano en las proximidades del aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz con un fusil Mauser con el que supuestamente pretendía ejecutar al primer mandatario. A pesar de los anuncios de derivar el caso al Ministerio Público nunca más se supo del caso y mucho menos del paradero del acusado. En retrospectiva, vuelve a escena la acusación de que la Embajada de los Estados Unidos habría alentado la reciente rebelión policial. El Ministro Carlos Romero consultado sobre esa posibilidad ratificó una declaración que días antes realizó su colega de Comunicación, Amanda Dávila. La ministra apuntó a la legación diplomática con la desestabilización de la gestión del presidente Morales. Romero apenas aportó un dato: la camioneta con registro diplomático detenida en el departamento del Beni en el mes de abril que circulaba con armamento.

Los oficiales del servicio pasivo de la Policía Nacional no entienden la pasividad con la que el Gobierno encaró el conflicto de la institución del orden. Recuerdan que las esposas de los uniformados de bajo rango, se instalaron en huelga en los alrededores de algunos regimientos, cortaron la libre circulación de vehículos y se mantuvieron día tras día prestando declaraciones a los medios de comunicación anunciando más presión hasta no ser atendidas en sus demandas. “La inoperancia del ministro de Gobierno para frenar el problema debió valerle su destitución”, señalan. Sin embargo, Carlos Romero se ha convertido en la voz autorizada del conflicto y es uno de los hombres fuertes del presidente Morales.

En el plano político se dice que las derrotas son para el Gobierno la mejor forma de crecer para derrotar al enemigo, identificar adversarios y abrir procesos. Las fuentes consultadas por DATOS advierten que los alcaldes de La Paz y Santa Cruz son los siguientes objetivos. Percy Fernández y Luis Revilla tienen una decena de procesos  acumulados en instancias de la justicia. El primero enfrenta una feroz arremetida que ha derivado en la descomposición de su concejo edil. El segundo tiene un frente abierto. Se ha identificado a su partido el Movimiento Sin Miedo (MSM) con los afanes golpistas denunciados por el oficialismo en la reciente crisis policial. La misma suerte correrían los líderes opositores Juan del Granado y Samuel Doria Medina; además el gobernador de Santa Cruz tiene procesos acumulados en la justicia. Durante la última semana de junio se desató una campaña en su contra por una millonaria suma que habría gastado en 2008 en el referéndum autonómico.

Las elecciones de 2014

Para nadie es desconocido a estas alturas la sistemática pérdida de popularidad que afecta al presidente Morales y a su administración. En este nuevo escenario, la conformación de focos de conflicto no hace sino favorecer la estrategia gubernamental. Estos argumentos valen para alentar el discurso hegemónico. De no encontrarse nuevos cauces institucionales para organizar la vida en democracia, la política está en manos de las corporaciones afines al MAS que no tienen frenos para decidir sobre cuestiones colectivas y que sólo encontrarán resistencia en las movilizaciones que, una vez desencadenadas, al no tener organización ni ideas ni programas para instalarse en el tiempo, desaparecerán o se fracturarán por debilitamiento.

Corporación estatal, empresarial, financiera, policial, sindical, mediática, luchas sectoriales sin tregua ni marco jurídico; una situación así creada parecería no tener otra salida que buscar al César para imponer el nuevo orden.