Informe coloca a bancos internacionales y élites de Honduras en el centro del asesinato de Berta Cáceres

La investigación del crimen concluyó que una red criminal desvió el 67% de los más de US$18,5 millones aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Neerlandés de Desarrollo Empresarial (FMO) para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, con el fin de pagar operaciones ilegales de vigilancia e inteligencia, incursiones armadas y el asesinato de Cáceres.

El asesinato de la reconocida activista indígena y defensora del medio ambiente Berta Cáceres en Honduras, ocurrido en 2016, fue una operación criminal organizada financiada con recursos de dos bancos internacionales de desarrollo que fueron desviados de un controvertido proyecto extractivo para costear actividades ilegales y el propio homicidio, según un nuevo informe.

Un grupo independiente de expertos, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el crimen, concluyó que una red criminal desvió el 67% de los más de US$18,5 millones aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Neerlandés de Desarrollo Empresarial (FMO) para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, con el fin de pagar operaciones ilegales de vigilancia e inteligencia, incursiones armadas y el asesinato de Cáceres.

“Es una perversión del sistema que se supone debe regular estos proyectos de desarrollo”, dijo Roxanna Altholz, abogada internacional de derechos humanos y una de las investigadoras principales del informe.

La CIDH anunció la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), responsable de elaborar el informe, en febrero de 2025, con el objetivo de apoyar la investigación en curso del gobierno hondureño sobre el asesinato de Cáceres, la cual ha sido duramente criticada y marcada por irregularidades.

Cáceres y la organización que fundó, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se opusieron vehementemente a la construcción de la represa Agua Zarca. El proyecto se ubicaba sobre el río Gualcarque, en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá, territorio indígena en el occidente de Honduras que el pueblo lenca considera sagrado.

Tras años de resistencia encabezada por el COPINH, un grupo de sicarios asesinó a Cáceres en su casa, en el suroeste de Honduras, a principios de marzo de 2016, y dejó herido al activista ambiental mexicano Gustavo Castro. Posteriormente, fiscales hondureños descubrieron que una red integrada por élites empresariales hondureñas, un funcionario de inteligencia del Ejército hondureño entrenado en Estados Unidos y exmilitares hondureños orquestaron el crimen.

Ocho personas fueron arrestadas y condenadas por su participación en el asesinato, entre ellas Roberto David Castillo Mejía, exdirector ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), una empresa de la poderosa familia empresarial hondureña Atala Zablah, encargada de la construcción de la represa. El exjefe de seguridad de DESA también fue condenado por ayudar a organizar el crimen. Sin embargo, la investigación oficial del gobierno ha sido criticada por no perseguir a todos los presuntos autores intelectuales implicados.

Años después del asesinato, mensajes privados analizados por fiscales hondureños revelaron que el grupo de sicarios se coordinó con los más altos niveles de la dirección de DESA. Uno de los chats incluía a Castillo Mejía y al director financiero de DESA, Daniel Atala Midence, así como a miembros del consejo directivo de DESA, José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. Castillo Mejía fue el único de esos individuos que fue condenado. La familia Atala Zablah ha negado durante años cualquier participación en este asesinato de alto perfil.

Empresas fantasma blindaron los pagos del asesinato

Para financiar la construcción de la represa en Honduras, DESA presentó varias solicitudes de desembolso al BCIE y al FMO en las que detallaba para qué necesitaba el dinero y qué empresa constructora recibiría los pagos.

Los bancos revisaron esas solicitudes y autorizaron el desembolso de los fondos. El dinero pasó por un fideicomiso administrado por Deutsche Bank en Nueva York y, en última instancia, hacia el principal contratista indicado en el acuerdo: una empresa constructora guatemalteca llamada COPRECA.

COPRECA figuraba como la receptora final de los fondos, pero el informe determinó que el número de cuenta bancaria consignado en los documentos pertenecía a una empresa fantasma llamada Concretos del Caribe S.A. (CONCASA). Esta empresa fue fundada por Castillo Mejía, exdirector ejecutivo de DESA. Y poco antes del asesinato de Cáceres, Castillo Mejía transfirió el control administrativo de CONCASA a Atala, exdirector financiero de DESA.

Los investigadores del informe vincularon de forma directa a los asesinos de Cáceres con un depósito de US$2,6 millones que los bancos de desarrollo realizaron en diciembre de 2015 a una cuenta de CONCASA. Daniel Atala autorizó que parte de esos recursos se transfiriera a cuentas offshore vinculadas a DESA. En marzo de 2016, apenas dos días después del crimen, alrededor de US$25.000 fueron retirados en efectivo a nombre de varios empleados de bajo rango de DESA y entregados al grupo de sicarios que llevó a cabo el asesinato de Cáceres.

“Recursos de desarrollo que debían destinarse a mejorar Honduras terminaron en manos de una familia ya adinerada, sin experiencia en la construcción de represas hidroeléctricas, y acabaron financiando la violencia y desgarrando el tejido social”, afirmó Altholz a InSight Crime.

Un portavoz del BCIE declaró a InSight Crime que el banco tiene un “compromiso inquebrantable con la ética” y, añadió: “hemos fortalecido todas nuestras políticas y acciones antifraude y anticorrupción en todos los ámbitos posibles”.

La familia Atala Zablah ha negado cualquier participación en el crimen, pero Altholz subrayó que el rastro financiero descrito en el informe hace que sea “muy difícil de creer que no supieran para qué se usaron finalmente esos fondos”.

De acuerdo con el informe, mensajes de texto interceptados por fiscales hondureños muestran que Castillo Mejía mantuvo comunicación directa con el líder del grupo de sicarios en el mismo periodo en que los fondos controlados por CONCASA eran transferidos para pagar el asesinato.

En diciembre de 2023, la Fiscalía hondureña emitió una orden de captura contra Daniel Atala, quien sigue prófugo. Ni el FMO ni el equipo legal de la familia Atala Zablah respondieron a las solicitudes de comentarios de InSight Crime antes de la publicación del reportaje.