El Ministerio Público y abogados de Rondonia presentaron una acción legal contra Jirau y San Antonio. Se las acusa de provocar inundaciones. En Bolivia observan que no hay fiscalización

El Ministerio Público Federal, la Orden de Abogados y la Defensoría Pública del estado de Rondonia iniciaron una acción civil ante la justicia contra las represas Jirau y San Antonio, por los supuestos daños provocados a las poblaciones aledañas que resultaron inundadas. Así lo confirmó a EL DEBER el procurador (fiscal) Raphael Bevilaqua en una entrevista desde Rondonia, lugar donde están ubicadas las dos represas. Se estima que existen al menos 15.000 personas afectadas.

Bevilaqua explicó que dos de los objetivos primordiales es que las empresas Energia Sostentável do Brasil (que maneja Jirau) y San Antonio Energia (a cargo de San Antonio) auxilien con urgencia a los damnificados, ya que hasta hoy solo mostraron  acciones "muy puntales", como prestar un vehículo o un barco, pero no alimentos ni vituallas como se necesita. El otro objetivo es que se haga un estudio más profundo sobre el impacto real de las represas en el río Madera, incluso desde la cuenca naciente que está en Bolivia, toda vez que actuarían como un freno de las crecidas provocando mayores inundaciones.

Medidas más drásticas

El recurso también demanda la suspensión de la licencia de funcionamiento de ambas represas hasta que no se tenga el nuevo estudio y, finalmente, una indemnización colectiva de 100 millones de reales para ayudar a los damnificados y reconstruir sus casas. El procurador ve "muy difícil" que se llegue a suspender las licencias, porque para este tipo de decisiones no solo se toma en cuenta el tema jurídico, pero reconoce que el Gobierno brasileño, a diferencia de anteriores reclamos sobre el mismo tema, esta vez se ha mostrado más interesado a raíz de la crecida histórica del río Madera que superó los 19 metros. En todo caso, la población de Rondonia cree que deben aplicarse "medidas más drásticas". En este momento, San Antonio no está operando por el peligro que representa, y en Jirau solo funcionan tres o cuatro turbinas, según Bevilaqua.

No hay fiscalización

El ingeniero Jorge Chávez explicó al periodista Rolando Aparicio que en Bolivia existe una comisión binacional que "está constituida por asambleístas, autoridades municipales e instituciones como la empresa de electricidad. Brasil les pagó el viaje y los hizo pasear por la zona, pero no son expertos. Solo fueron a escuchar la voz oficial. Lo correcto era que el Estado boliviano haya creado un organismo fiscalizador con expertos en medioambiente, hidrografía y de impacto social"

"EL ESTADO BOLIVIANO PUEDE CAER EN OMISIÓN"

"Si no asume una posición mucho más responsable sobre este tema, el Estado boliviano puede caer en omisión de su responsabilidad", advirtió la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, refiriéndose al posible impacto de las represas brasileñas en Bolivia.

El 12 de marzo de 2012, Delgado - que presidía la Cámara Baja- envió una carta al presidente Evo Morales 'recomendando' al Ejecutivo que a través de la Cancillería se pida a Brasil un 'informe técnico científico' de las represas ante la posibilidad de que sean la causa de las inundaciones que en ese momento sufría Pando.

El 5 de abril de ese año, el canciller David Choquehuanca informó al presidente que la solicitud a Brasil ya había sido enviada, aunque aclaró que la respuesta estaba 'pendiente'. A dos años de ese hecho, el ministro de Medio Ambiente, José Antonio Zamora, dijo la semana pasada que Bolivia está pidiendo información de las represas.