Las escuelas privadas también tienen la responsabilidad de asegurar equidad en educación

Pocas veces un tema sobre educación suscita un debate tan apasionado como el de las escuelas privadas y estatales. Tanto quienes defienden la privatización como quienes se oponen a ella, basan sus argumentos en la capacidad y legitimidad que tienen los actores privados y públicos para promover la eficiencia, la equidad y la inclusión, así como la innovación. Estas cuestiones se abordan desde un doble interrogante: ¿es la educación es un bien o un servicio que deba ser obtenido a través del mercado? ¿Deberían los individuos poder elegir la educación?

El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2021/2 de la UNESCO (GEM, por sus siglas en inglés) publicado a mediados de diciembre, aborda la cuestión crucial de la participación no estatal en este ámbito. Propone ir más allá de la dicotomía entre la pública y la privada, y reconocer la gran diversidad de actores que participan, motivados por la caridad, las creencias y las ideas, o por el ánimo de lucro.

Las escuelas privadas educan a 350 millones de estudiantes en el mundo, y van desde instituciones religiosas hasta colegios dirigidos por organizaciones no gubernamentales con fines de lucro. Hoy en día, una cuarta parte de las niñas y los niños más pequeños asisten a preescolares privados en América Latina y el Caribe, y más de la mitad de los jóvenes acude a universidades privadas. Además de abrir las puertas de las escuelas, los actores no estatales también gestionan los autobuses escolares, suministran uniformes, producen libros de texto y gestionan los comedores. También proveen formación docente en 17 países de la región, así como acceso a ordenadores, programas y dispositivos para garantizar la continuidad formativa durante la pandemia.

Si los países se han comprometido a lograr la inclusión y la equidad en la educación, los actores no estatales no han hecho lo mismo. Y, además, no se les pide que rindan cuentas de la misma manera. El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2021/2 de la Unesco es el estudio más completo que se ha realizado hasta la fecha para analizar el papel y el impacto de la educación privada en todo el mundo. Titulado Actores no estatales en la educación: ¿Quién elige? ¿Quién pierde?, se plantea una cuestión central: si son compatibles las decisiones de los padres de familia de pagar por unos estudios que consideran de mejor calidad para sus hijos con el derecho que tiene la niñez a 12 años de educación gratuita, plasmado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de las Naciones Unidas.

Nuestro informe reconoce que muchos sistemas educativos públicos en América Latina y alrededor del mundo no han conseguido evitar la estratificación y la segregación. La educación pública y la privada no siempre son inclusivas, por lo que el documento sugiere trabajar con todos los actores con el fin de garantizar la equidad y la inclusión mediante la financiación, la calidad, la gobernanza, la innovación y la formulación de políticas. Recomienda que todas las instituciones, docentes y estudiantes sean considerados como parte de un mismo sistema.

No podemos negar que muchos actores privados están ahí por necesidad o interés. En situaciones de conflicto, tras fenómenos naturales y en países donde el sistema educativo público simplemente no está a la altura o no tiene capacidad. En Haití, por ejemplo, tras el terremoto de 2010, el Gobierno solo recibió el 1% de la ayuda humanitaria; en su lugar, muchas ONG y contratistas privados prestaron servicios educativos la niñez en situación de vulnerabilidad. Pero tampoco podemos negar que gran parte de las escuelas privadas se encuentran donde hay un mercado. Y, con más de mil millones de niños, niñas y jóvenes en el mundo que asisten al colegio a diario, la educación es sin duda uno muy atractivo.

El reto consiste en asegurarse de que las inversiones no vayan en detrimento de las personas más pobres. El 41% de los países de América Latina y el Caribe prohíbe la oferta de enseñanza primaria y secundaria con fines de lucro. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de las regulaciones, puede ser difícil garantizar que las escuelas privadas se unan a las agendas de los gobiernos y apoyen a la población vulnerable.

El informe de la UNESCO recoge los resultados de un estudio realizado en 13 países de América que muestra que los hogares más ricos tienen muchas más probabilidades que los más pobres de asistir a la educación terciaria privada. En Uruguay, por ejemplo, cerca del 75% de los jóvenes de familias más pudientes asisten a universidades privadas, mientras que alrededor del 35% asiste a instituciones públicas. El 54% de los estudiantes en América Latina y el Caribe está matriculado en centros privados.

Citamos muchas historias de éxito y ejemplos de colaboraciones fructíferas entre actores públicos y privados al diseñar, por ejemplo, sistemas de competencias sólidos que respondan a las necesidades del mercado laboral. Pero también hay ocasiones en las que la gobernanza y la supervisión de la multitud de actores educativos han salido de control y han dejado a su paso sistemas fragmentados. En algunos países de ingresos bajos y medianos, los complejos, costosos o largos procedimientos de registro disuaden a los proveedores de obtener el reconocimiento oficial, con lo cual muchas escuelas operan sin el aval de los gobiernos y no cumplen con criterios mínimos de saneamiento, infraestructura, seguridad y calidad.

La llegada de la covid-19 demostró la vulnerabilidad de estos sistemas, ya que muchas escuelas privadas luchan por mantenerse a flote, especialmente aquellas que dependen del pago de matrículas y mensualidades. En Panamá, entre el 35% y el 45% de padres y madres no pudo pagar las cuotas mensuales; en Ecuador, varios alumnos y alumnas que asistían a escuelas privadas debieron cambiarse a otras públicas, lo que llevó a un incremento del 6,5% en la matriculación de colegios estatales en 2020. Esto puso una gran presión en el sistema educativo público, que se vio obligado a acomodar a miles de estudiantes de la noche a la mañana.

Garantizar la educación para todos es algo que a todos nos preocupa y sobre lo que muchos actores pueden decidir actuar. Nuestro informe, simplemente, pide a los gobiernos que se aseguren de que, sea quien sea el que participe y haga lo que haga, respete y cumpla los valores de la equidad y se asegure de que todos los niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar su potencial.

En la actualidad, los hogares de la región de América Latina y el Caribe cubren más de un tercio del coste de la educación, llegando a más del 40% en El Salvador, Nicaragua, Honduras y la República Dominicana, y, en su extremo, al 81% en Haití. Las cifras también muestran que los más ricos están gastando mucho más, probablemente ampliando sus oportunidades, mientras que las familias más pobres, simplemente, no pueden seguir el ritmo. Mientras que en Argentina y Costa Rica el 20% de los hogares más pobres prácticamente no gastó nada en educación, el 20% más próspero invirtió entre el 0,5% y el 1,7% del PIB. A pesar de este riesgo para la igualdad, en el momento de la publicación de este informe, alrededor de dos tercios de los países de la región no imponían ningún tope a los costes de las guarderías ni regulaban las tasas en la enseñanza primaria y secundaria.

La primera solución es obvia: invertir en una educación estatal, gratuita y de calidad. Asegurarse de que las familias más pobres, puedan acceder una educación buena allí donde estén sin la necesidad de incurrir en gastos adicionales.

La segunda solución es que los gobiernos se aseguren de que las leyes que regulan a las escuelas estatales y no estatales sean equitativas y se apliquen. El Informe GEM recopiló y evaluó los marcos legales de 211 sistemas educativos. Descubrió que, aunque existen una serie de normas sobre el papel, no se aplican adecuadamente. Son poco frecuentes las regulaciones que realmente promueven la educación equitativa. Existen algunos ejemplos brillantes, como en Perú, donde las escuelas privadas deben conceder becas a los alumnos que pierdan a sus padres o tutores y demuestren que no pueden pagar las tasas escolares. Pero estos ejemplos son demasiado escasos.

Las escuelas privadas financiadas por los gobiernos no deberían cobrar mensualidades. Como una medida intermedia, los gobiernos deberían colocar topes a las tasas escolares y prohibir las adicionales. Las políticas de admisión selectiva también son erróneas, ya que favorecen a las personas más ricas y a los que obtienen mejores resultados. Sin embargo, solo un poco más de la mitad de los países tienen normas sobre los procedimientos de admisión en las escuelas privadas.

Por último, la educación con fines de lucro no debería tener cabida en la enseñanza obligatoria. Simplemente, va en contra de los principios del derecho a la educación. Cualquier superávit no debe servir para llenar los bolsillos de los accionistas, sino que debe reinvertirse en las escuelas.

Nuestro informe advierte que muchos sistemas educativos no protegen los intereses de las personas más desfavorecidas. Es hora de que los gobiernos revisen seriamente sus normativas y se aseguren de que funcionan para todos y para todas, no exclusivamente para aquellos que pueden permitírselo. Es hora de #RedefinirlasReglas.