Bolivia debe cumplir con la solicitud de extradición por parte de EEUU del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) Maximiliano Dávila; caso contrario, se expondría a la “descertificación en la lucha contra las drogas”, ingresaría en una “lista negra” y podría recibir sanciones como veto a créditos internacionales e incluso un bloqueo, según analistas y exdiplomáticos, quienes también aseguraron que en este caso no se aplica la reciprocidad, como plantean algunos sectores del MAS.
“Sería muy complicado y peligroso no aceptar un pedido de extradición que se enmarca en un acuerdo bilateral donde la tipificación del delito está muy clara, donde hay indicios claros de la comisión de delitos. Con su solicitud el Departamento de Estado de EEUU pide la aplicación de este tratado”, señaló el exdiplomático Jaime Aparicio Otero desde Washington.
El canciller Rogelio Mayta informó el miércoles que recibió de EEUU una solicitud de detención “con fines de extradición” del exdirector antinarcóticos de Bolivia Maximiliano Dávila, recluido desde hace unos días en una cárcel de La Paz por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas y que también es investigado por narcotráfico.
El abogado y experto en extradiciones Miguel Ángel Ramírez, desde Colombia, refirió que cuando el Gobierno de EEUU decide pedir una extradición es porque básicamente tiene todas las pruebas para condenar a un acusado.
Los sectores de la oposición en el país recomiendan la extradición de Dávila, en tanto que algunas voces en el MAS también apoyan esta postura, otras la rechazan con el argumento que sería un acto de “injerencia” y una tercera opción habla de plantear a EEUU un principio de reciprocidad y hacer un “cambalache” del exdirector de la Felcn con los exministros bolivianos Arturo Murillo, Carlos Sánchez Berzain y el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Aparicio señala que éste es un caso en el cual la justicia americana ya ha empezado a mover su maquinaria, con un trabajo previo de la DEA y el involucramiento del Departamento de Estado, por ser un caso relevante de narcotráfico.
“Las consecuencias pueden ir desde la descertificación de Bolivia, es decir, ingrese a la lista negra, y eso tiene consecuencias financieras, tanto en los organismos donde Estados Unidos tiene mayoría o tiene posibilidades de bloquear asistencia a Bolivia”, dijo.
“Considero que para el Gobierno de Bolivia no es aconsejable que evite la extradición, porque pueden haber desde sanciones al pueblo boliviano, al Gobierno de Bolivia, como también a las personas directamente que quieran evitar esa extradición, posiblemente se pueda llegar a un obstrucción a la justicia que también puede ser penado en los EEUU”, dijo a Unitel el experto Miguel Ángel Ramírez.
Aseguró que, en este asunto, el Gobierno estadounidense estaría desmantelando un “cártel que venía desde muy alto nivel y ellos quieren saber qué pasaba en ese momento por parte del Gobierno y cuántas personas del alto gobierno de ese entonces sabían y conocían lo que estaba pasando”.
Reciprocidad
Respecto al planteamiento de “reciprocidad” que plantean desde el gobernante MAS, Aparicio señaló que no corresponde, porque los casos son diferentes.
“Eso no tiene sentido jurídico, cada caso es distinto. Ellos (el Gobierno), para comenzar, las extradiciones que han solicitado tienen que estar bien fundamentadas, y esas causales tienen que ser delitos también en Estados Unidos”, dijo.
Agrego que no se está hablando de reciprocidad, sino de un “tratado que tiene que aplicarse según sus cláusulas. Entonces, en otros casos eso se discute en mérito a las acciones ilegales que estarían alegando los países”.
Respecto a los 5 millones de dólares ofertados por información sobre Dávila, varios miembros del MAS consideran que es una muestra de que EEUU no tiene pruebas, este extremo fue desvirtuado.
“No están hablando que requieren de pruebas para condenar a Dávila, el mensaje claro es “queremos a Dávila”. Cuando el Gobierno de EEUU decide pedir una extradición es porque ya tiene todas las pruebas”, señaló Ramírez.
Exministro Romero reaparece para defender a Evo Morales
Ante el pedido de extradición de Maximiliano Dávila a Estados Unidos, el gobernante MAS sale al frente y señala que no tiene ninguna relación con el jefe del partido azul, Evo Morales, y que no fue quien determinó su designación. La oposición insiste en la necesidad de investigar a fondo los narcovínculos.
“La designación de Dávila no es una designación política. No es un amigo, no lo conocíamos antes, lo hemos visto trabajando en la Policía Boliviana al igual que cualquier otro director por una orden de destino sugerido por el propio Comando Nacional”, señaló el exministro de Gobierno Carlos Romero.
Agregó que el querer vincular a Evo Morales con las actividades de un policía “ya es un exceso, es una falta de ética, es una falta de escrúpulos de quienes hacen ese tipo de afirmaciones”.
Respecto a la fotografía de Dávila con Morales en Chimoré, dijo que fue una casualidad porque era aniversario de la Escuela de Garras.
Extradición
El senador Miguel Pérez (MAS), que preside el Comité de Seguridad del Estado y Lucha contra el Narcotráfico, dijo que el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) debe ser extraditado a Estados Unidos para que responda por los presuntos delitos de los que se le acusa.
“Corresponde. Por qué no se va a poder sancionar a quienes hacen daño al Estado boliviano y so pretexto ponen cortina de humo y van más allá de las fronteras”, sostuvo el legislador en declaraciones a la ANF.
Responsabilidad
El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, a través de su cuenta de Twitter, señala que “el narcotráfico destruye la juventud, corrompe instituciones y sus bandas matan, trafican armas y dirigen la trata de personas”.
“Quienes desde el gobierno protegieron e incentivaron este delito 16 años son responsables de sus efectos y deben rendir cuentas dentro o fuera del país”, escribió.
Comisión
La bancada de Creemos en Diputados planteó la participación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante la Unodc, investigar los nexos del narcotráfico del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) Maximiliano Dávila con altas esferas del Gobierno boliviano.
“Porque el Gobierno boliviano no confía en la DEA, pues los bolivianos no confiamos en la Policía”, dijo.