Ecuador aprueba despenalización del aborto en casos de violación

Con un sabor a victoria parcial, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este jueves la ley propuesta por la asambleísta Johanna Moreira para regular los requisitos para que una mujer violada pueda acceder al aborto. Las víctimas de violación mayores de 18 años podrán abortar hasta las 12 semanas de embarazo. Las menores de edad, mujeres del mundo rural y de las comunidades indígenas, hasta las 18 semanas. “Las mujeres adultas nos vamos a sacrificar por las niñas violadas de este país”, sentenció Moreira.

Para conseguir los votos suficientes para que la Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación pase el trámite legislativo hubo que hacer dos votaciones. La propuesta inicial que permitía a las mujeres adultas abortar hasta las 16 semanas no consiguió los 70 votos necesarios y se quedó en 66. Moreira, de Izquierda Democrática, reconoció en su presentación que el disenso había generado incluso un quiebre dentro de su partido político y, al ver su propuesta rechazada, pidió un tiempo para reconsiderar el texto.

A su regreso al Congreso ecuatoriano, con la voz entrecortada, llevó una segunda propuesta donde el límite temporal para las niñas y adolescentes quedaba igual en 18 semanas, pero la regla general para las mujeres adultas violadas renunciaba a cuatro semanas. De 16 pasa a 12 semanas como plazo máximo para practicar el aborto. “Hemos tenido que cambiar los plazos, en contra de nuestra voluntad, para dar paso a los consensos”, proclamó la impulsora del proyecto de ley ahora aprobado, pero pendiente del veto presidencial.

Con esa renuncia, la norma cosechó una mayoría suficiente de 75 votos afirmativos, frente a 41 negativos y siete abstenciones. Otros siete legisladores se ausentaron de la sesión definitiva sobre el aborto que venía debatiéndose desde noviembre. Moreira justificó el sacrificio de las mujeres adultas para “sensibilizar” a la Asamblea Nacional. “Pero, sobre todo, el sacrificio de las mujeres empobrecidas porque son ellas las que no van a poder realizarse una interrupción del embarazo”, recalcó con tono y rostro de resignación al recordar que en el ámbito rural y en las comunidades indígenas de Ecuador hay mujeres “que por su condición de pobreza no se dan cuenta de que están embarazadas incluso hasta la semana 20″. En el caso de las mujeres con discapacidad mental que son violadas y quedan embarazadas, se ha respetado la causal ya existente que no fija límite temporal sino que atiende a “las mejores prácticas médicas”.

La interrupción del embarazo en casos de violación ya estaba despenalizada desde abril del año pasado por un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Lo que estaba pendiente hasta este jueves era legislar un texto que fijara los requisitos para hacerlo, con la indicación del cuerpo de magistrados de no poner trabas. Pero la falta de acuerdo sobre el límite temporal indujo al Congreso a un intrincado debate cargado de dogmas religiosos, que solo se resolvió en la votación final tras reducir el plazo para las mujeres adultas.

Ecuador no ha iniciado el debate sobre el aborto sin causales y esta nueva excepción para las víctimas de violación aún debe superar un paso adicional: el veto presidencial. El presidente Guillermo Lasso, de tendencia conservadora y abiertamente religioso, tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre la nueva norma o enviarla al Registro Oficial para que entre en vigor.

Mientras la Asamblea se enredaba en el debate de los plazos y arrancaba con una propuesta para permitir el aborto hasta la semana 28, el mandatario salió al paso y anunció que la ley sería vetada si contradecía el mandato constitucional. No ha aclarado hasta ahora qué plazo temporal está, a su juicio, enmarcado en ese criterio, pero sí ha ratificado su criterio personal de que la vida comienza desde la concepción y termina con la muerte. Tampoco ha adelantado si, en caso de que haya veto, éste será solo parcial o a la totalidad del texto. Ese último escenario volvería a dejar a Ecuador sin marco legal que defina cómo las mujeres violadas pueden acceder a un aborto.