Los 22 meses de la detención de Liliana Rodriguez Espitia

“La misoginia del Estado en la persona de los fiscales es grotesca”, dijo el abogado La Torre al hacer un recuento de las irregularidades en el proceso. Claudia Liliana Rodriguez Espitia fue recluida 22 meses en cuatro cárceles del país sin ningún antecedente y los responsables varones fueron detenidos 35 días y posteriormente apartados del proceso incluso habiéndose probado que mantenían vínculos con el narcotráfico.

En la penúltima parte de la entrevista al exfiscal y abogado Álvaro La Torre se refirió a las irregularidades del proceso desde el encarcelamiento de Claudia Liliana Rodriguez Espitia en mayo de 2011 con argumentos fabricados por la “red de extorsión” a pesar de que se había demostrado con evidencias concluyentes que el dinero de la inversión había sido enviado a Bolivia mediante cuentas bancarias desde Suiza, por lo que no había posibilidad de un lavado de dinero ni la imputación por “legitimación de ganancias ilícitas”.

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“El encarcelamiento de Rodriguez Espitia fue decidido de manera arbitraria e irregular. Primero fue internada en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz donde comenzó a sufrir presiones de tipo económico que al no atenderse derivaron en su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Miraflores en La Paz con una resolución emitida por la dirección de Régimen Penitenciario y no con orden fiscal como establece el ordenamiento jurídico. Otra flagrante violación de sus derechos es que fue clasificada por la autoridad penitenciaria como reo de extrema peligrosidad, situación que pone en evidencia el trato desigual e injusto desde el primer día de su detención ya que no tenía antecedentes de ninguna naturaleza ni en Bolivia ni en el exterior”.

De acuerdo al abogado La Torre las presiones contra Rodriguez Espitia siguieron suscitándose ya que se la volvió a trasladar con los mismos argumentos a la cárcel de Sucre y de allí nuevamente a Palmasola. “Fue puesta en libertad en enero de 2013, tras 22 meses de encierro con limitaciones como el arraigo y presiones en los tribunales donde se instaló el juicio que comenzó en mayo del año pasado y sigue en periodo de excepciones e incidentes. Las irregularidades siguen sumando respecto al trato que se le concede a la señora Rodriguez”, advirtió.

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Siempre de acuerdo al abogado otra anomalía se suscitó “cuando aparecieron los presuntos responsables con antecedentes de narcotráfico quienes estuvieron detenidos 35 días y posteriormente se los apartó del proceso”. La Torre se preguntó: “cómo es que el Estado boliviano trata tan mal a una mujer sin antecedentes y es tan complaciente con varones con antecedentes. La justicia tampoco ha sido ecuánime respecto al tratamiento de los bienes incautados. A Rodriguez se le incautaron todas sus propiedades incluso las que no estaban comprometidas con la imputación a los hermanos Dorado”, reiteró.

La Torre señaló que estos elementos constituyen un manejo abusivo y sesgado; el desconocimiento a la transversalidad de género. “Revisando las cosas absurdas del proceso por la misoginia del Estado en la persona de los fiscales es grotesca. No existe igualdad”, sentenció el abogado de la defensa.

Sobre el depósito de los bienes

Otra de las acusaciones de Jacob Ostreicher al diario El Deber tras el violento avasallamiento a la propiedad El Cruce del pasado 12 de marzo en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, es que La Torre y Rodriguez Espitia serían los depositarios de los bienes en Bolivia. Ese extremo fue desmentido por La Torre. “Nuestra constitución prevé que los beneficios sociales laborales tienen preferencia sobre cualquier tipo de acreencia. Cuando se producen los operativos la señora Rodriguez tenía un staff de empleados muy grande de trabajadores, no se puede olvidar que en su momento llegó a producir 4.800 hectáreas de arroz de manera directa en las labores de la siembre y cultivo. Entonces los trabajadores se apersonaron a Dircabi y pidieron ser nombrados depositarios de las propiedades a objeto de cuidar las propiedades”, precisó.

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