Gobierno recurre a la Gestora para financiar el pago de la Renta Dignidad

El Gobierno aprobó una nueva fuente de financiamiento para la Renta Dignidad. Se trata de las utilidades que genere la Gestora Pública de Pensiones. Hasta el momento el beneficio se paga con el 30% de los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de las prefecturas, municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación (TGN).

De acuerdo al Decreto Supremo 4716, aprobado el 11 de mayo de 2022, las utilidades que genere la Gestora por las actividades de administración, serán destinadas a cumplir las obligaciones con el TGN y podrán ser transferidas al Fondo Solidario y al Fondo de la Renta Universal de Vejez.

El analista financiero Jaime Dunn dijo que la Renta Dignidad tuvo como principal apoyo o puntal para su éxito el precio alto de las materias primas, se alimenta con el 30% del IDH de prefecturas, municipios y Fondo Indígena, pero hace varios años que esos sectores están reclamando por bajos ingresos. Entonces, considera que el Gobierno en vez de ajustarse los cinturones, no quiere que se reduzca el beneficio y ahora está buscando otras alternativas.

Las fuentes de ingreso de la Renta Dignidad se han ido deteriorando, según Dunn y dice que “como es un regalo fue exitoso”. El número de beneficiarios se incrementó de 752.338 personas en 2008 a 1.131.094 en 2021, de acuerdo con datos del Viceministerio de Pensiones.

El analista dice que parte del fracaso del sistema es que no están asegurados los recursos para el financiamiento a largo plazo.
Se consultó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre los alcances del decreto 4716 y en cuánto se redujeron los ingresos de las empresas estatales, pero no contestó hasta el cierre de esta edición.

En criterio del experto en pensiones, Alberto Bonadona, se están buscando recursos para pagar la Renta Dignidad porque se ha convertido en la forma en que el Sistema de Pensiones puede tener un 97% de cobertura.
Considera que cayó el auge de las materias primas y con ello las utilidades de las empresas estatales, por eso ahora se recurre a la Gestora, que hoy se encarga de pagar la Renta Dignidad y los Gastos Funerarios, labor por la que recibe una comisión de parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Bonadona cree que el pago a los rentistas será sostenible si se logran buenos contratos por el carbonato de litio, que ahora supera los $us 70.000 la tonelada, y que “de otra manera la situación es incierta en el futuro inmediato”.

La percepción del economista Mauricio Ríos García es más pesimista. “El modelo económico del Gobierno no funciona ni en el segundo gran auge de las materias primas, ni con el precio del petróleo nuevamente en $us 140. Antes, con la capitalización, era la rentabilidad de las empresas capitalizadas la que financiaba el pago del Bonosol, pero hoy pretenden socializar las pérdidas del Estado con “aportes solidarios” del ámbito privado. Este modelo estuvo destinado al fracaso, fundamentalmente porque gasta demasiado”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó los subsidios de los que viven las empresas estatales deficitarias o en quiebra, que financian otra parte de la Renta Dignidad. “Se están haciendo a burla de la población que no ve recuperación económica alguna”, agregó.

El traspaso parcial

La Gestora Pública de Pensiones tiene hasta septiembre de 2022 para hacerse cargo de manera parcial de los Regímenes Contributivo y Semicontributivo (los fondos de pensiones que manejan las AFP), y de forma total hasta mayo de 2023, según el Decreto Supremo 4585 de septiembre de 2021. Entonces, desde junio del próximo año dejarían de operar las AFP Futuro y BBVA.

La norma también establecía que hasta enero de 2022 “cuatro meses siguientes a la publicación del presente Decreto Supremo (la Autoridad de Pensiones) emitirá la reglamentación correspondiente para el traspaso del SIP entre la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y las AFP”.
Así, el Estado se hará cargo de los $us 20.896 millones que ahora administran los fondos de pensiones de 2,4 millones de asegurados. La Gestora Pública cuenta con 200 empleados.