El proceso de selección de las empresas que explotarán el litio en Bolivia

En medio de fuertes tensiones geopolíticas por la guerra en Ucrania, crecen en Bolivia especulaciones de que el Gobierno del presidente Luis Arce favorecerá a empresas rusas en su adjudicación de contratos de explotación de litio. El país sudamericano tiene las reservas más grandes de un mineral necesario en las tecnologías energéticas que reemplazarán a los combustibles fósiles.

En las últimas semanas, la empresa del estado Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) ha despedido a por lo menos tres empleados de alto nivel y varios administradores más especializados en el proceso técnico de explotación y producción del mineral para reemplazarlos con personas sin experiencia en la industria con ligas políticas al Gobierno, de acuerdo con tres fuentes con conocimiento directo consultadas de manera independiente. YLB tiene un rol central en el programa piloto que arrancó el año pasado en que ocho empresas internacionales compiten por demostrar que sus tecnologías son las más eficientes y limpias para explotar el litio y generar energía. La Administración de Arce, la cual se prepara para publicar los resultados este mes, ha generado con este programa gran expectativa en los mercados, asegurando que las empresas con los mejores resultados serán las elegidas.

Sin embargo, una fotografía en la que el hijo del presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, posa junto a dos ejecutivos de la empresa estatal rusa Uranium One, una de las ocho seleccionadas, circula por chats entre miembros del sector, impulsando rumores de que se negocian acuerdos por fuera del proceso piloto.

A pesar de que no se sabe con certeza cuándo o en qué contexto se tomó esa fotografía con Alexander Kochnev y Andrey Shutov, el papel del hijo del presidente ha sido muy cuestionado. A inicios del año, medios nacionales citaron documentos que indican que Arce Mosqueira trabajó con la empresa del estado Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sin tener un puesto específico. A partir de la publicación, y de acuerdo con medios bolivianos, el presidente de la paraestatal confirmó los hechos.

En un mensaje de texto a EL PAÍS, Arce Mosqueira aseguró que él “no tiene nada que ver con las contrataciones”, y agregó que estas “se están llevando a cabo conforme a la ley y las está supervisando la autoridad competente”. Al ser cuestionado sobre su reunión con Uranium One y la fotografía en cuestión no respondió a las preguntas. Llamadas y mensajes al equipo de comunicación del presidente Arce, así como a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos y Energías tampoco fueron respondidas.

Que Bolivia tiene una preferencia por Rusia no es ninguna sorpresa, dice Álvaro Ríos, consultor especializado en energía y exministro de Hidrocarburos y Minería de Bolivia. “Muy claramente hay un mayor alineamiento con China y sus empresas y Rusia y sus empresas, que con las americanas, eso es una corriente que vemos hace mucho”, dice el especialista, quien actualmente es consultor independiente. En su primera visita a Rusia, el canciller Rogelio Mayta se reunió con su contraparte Serguéi Lavrov para abordar convenios en explotación de litio y energía nuclear. La visita fue en octubre, cuatro meses antes de que Rusia atacara a Ucrania.

“Hay un clima laboral desagradable y tenso” dentro de YLB, dijo una fuente interna quien pidió no revelar su identidad por temor a represalias. “En los niveles más arriba no les convenía que un profesional pudiera tomar decisiones importantes en la política de litio a nivel nacional. Han ido cambiando de personal en esta fase final para ir tomando decisiones a su criterio”, agregó.

Una fuente con conocimiento del proceso expresó que el ministro de Hidrocarburos y Energía Franklin Molina ha mostrado favoritismo por la empresa rusa Uranium One que forma parte del programa piloto. El resto de las empresas participantes son las chinas Contemporary Amperex Technology, Fusion Enertech, Citic Guoan Group y TBEA Group; la argentina Tecpetrol; y las estadounidenses Lilac Solutions y EnergyX.

El martes, en conferencia de prensa, Molina informó que dos empresas fueron descalificadas y que YLB presentará los resultados del programa “en los próximos días”. Molina no precisó cuáles empresas fueron eliminadas.

“Para la siguiente etapa se va a necesitar bastantes recursos humanos calificados, suponiendo que las ocho empresas que se conocen continúen, se va a requerir una fuerte contraparte boliviana por lo que no me parece correcto lo que están haciendo con técnicos, es preocupante”, dijo un exfuncionario de YLB que desea permanecer anónimo. “Entiendo que es un tema de presión política”, agregó.

Bolivia, junto con Argentina y Chile, tiene el 56% de las reservas de litio comprobadas en el planeta, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. En Argentina, los gobiernos locales tienen el poder de asignar los recursos a empresas privadas a cambio de réditos, mientras que en Chile, el Gobierno busca nacionalizar el mineral. Bolivia se ha tomado su tiempo, haciendo esperar a gigantes de la tecnología como Tesla, cuyos autos dependen de baterías de litio. Los ojos del mundo están en el país andino y las empresas que resulten ganadoras pudieran llevar una ventaja competitiva a nivel global en un momento en que países desarrollados trabajan para reemplazar vehículos que funcionan con gasolina por eléctricos, con energía procedente de fuentes renovables.

El Gobierno de Evo Morales, presidente de 2006 a 2019, había acordado adjudicar un contrato de explotación de litio a una empresa alemana, el cual se vio truncado en 2019 cuando Morales salió del país en medio de una crisis política tras los comicios que el exmandatario definió como un “golpe en su contra”. Uno de sus últimos actos fue suspender dicho contrato y, en una visita a México en 2021, el expresidente dijo que las protestas que terminaron por derrocarlo fueron a partir de su decisión de industrializar el litio. Desde entonces, el futuro del codiciado mineral ha sido incierto.

Más allá de qué empresas sean las elegidas, el Gobierno todavía tiene que resolver el marco regulatorio y el pacto social con las comunidades que serán afectadas por la actividad industrial, dice el exministro Ríos.

“El problema fundamental no radica en esta selección de tecnología, sino en la ausencia de un pacto con el departamento de Potosí, que es el departamento en que está ubicado el salar de Uyuni, el principal salar boliviano”, asegura Ríos. “No hay un pacto o una ley clara que permitan hacer inversiones masivas ahí”. En un acercamiento con esta comunidad, la empresa estadounidense EnergyX ha prometido invertir 100.000 dólares en educación y salud en Uyuni.

Una fuente cercana al proceso asegura que el Gobierno de Arce trabaja ahora mismo en una propuesta de ley que permitiría a empresas privadas explotar el recurso, ya que actualmente solo el Gobierno lo tiene permitido. Pero, a pesar de que el partido del presidente, el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS–IPSP), tiene mayoría, hay divisiones internas que no garantizan que la ley sea aprobada.

“Mientras no se haga un pacto social con el pueblo, hay una beligerancia del mismo pueblo al que hace 500 años los españoles le saquearon la plata y dejaron miseria”, dice Ríos. “Lo mismo hay es, una suerte de paranoia en la gente que está ahí, que tiene gran esperanza y quiere que queden beneficios para ellos”.