Desde 2016, cocaleros de Yungas han sido una “piedra en el zapato” para el MAS

El martes se registró el segundo día de enfrentamiento entre la Policía que resguarda el mercado paralelo de coca y los afiliados de Adepcoca que piden el cierre inmediato del mismo. Los conflictos no son recientes en este sector, desde el 2016, ante el anuncio de la ley de la coca por parte del entonces presidente de Evo Morales, los cocaleros de los Yungas se han convertido en un desafío para los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En el segundo día de enfrentamiento, la Policía usó agentes químicos para dispersar la manifestación de los cocaleros que piden el cierre del mercado paralelo que se abrió el año pasado durante los enfrentamientos entre las dos facciones de la Asociación Departamental de Productores de Coca, una afín al MAS, liderado por Arnold Alanes, y la otra en representación de las 16 federaciones de los Yungas.

Aquí un recuento de los hechos violentos que marcaron a los cocaleros de los Yungas.

2016: el anuncio de la ley de coca

En la gestión 2016, se anunció una nueva ley de la coca por el gobierno del entonces presidente, Evo Morales y su ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

“Hay que conciliar una nueva ley de la coca (…) somos el único país que ha constitucionalizado la hoja como un símbolo sagrado”, dijo Cocarico que posesionó al nuevo viceministro de la Coca, Ernesto Cordero en esa gestión.

En marzo de ese año, cocaleros de Yungas y del trópico de Cochabamba expresaron su intención de que los cultivos superen las 14.705 hectáreas sugeridas por un estudio realizado en 2013. Sin embargo, el anuncio provocó una molestia en los cocaleros de los Yungas, que anunciaban con movilizaciones si se aprobaba la norma que, según ellos, beneficiaba directamente a los del trópico cochabambino.

2017: Evo Morales firma nueva Ley de la Coca

En marzo, el expresidente Evo Morales firmó el reglamento de la Ley 906, General de la coca, que legaliza 22.000 hectáreas:  7.700 hectáreas en la zona del Chapare y 14.300 hectáreas en los valles subandinos de los Yungas.

Debido a la promulgación, los cultivadores de Yungas convocaron en 2016 y 2017 a manifestaciones radicales en La Paz. Se lanzaron a las calles con el supuesto fin de luchar “contra el narcotráfico”.

2018: Cofecay toma Adepcoca y Policía aprehenden a Franklin Gutiérrez

A un año de haber promulgado la nueva Ley de la Coca, la Confederación de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), controlada entonces por el MAS, tomó en marzo de ese año, las oficinas y el mercado de coca de La Paz.

La excusa fue que estaban realizando una auditoria a la gestión del entonces presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, razón por la que un comité “ad hoc” de la institución que era afín al MAS, decidió llamar a elecciones.

Los dirigentes que realizaron la acción pusieron como pretexto la necesidad de realizar una auditoría a la gestión del secretario ejecutivo Franklin Gutiérrez, por lo que un comité “ad hoc” simplemente decidió llamar a elecciones. Desde esa gestión, el MAS intentó controlar a la institución yungueña.

Gutiérrez y Adepcoca criticaron las acciones del Gobierno y rechazaron la aprobación de una ley que aumentó el número de hectáreas legales para la producción cocalera en el Chapare.

Las autoridades electas de Adepcoca, Gutiérrez, y Sergio Pampa, denunciaron que cocaleros afines al MAS encabezaron para la toma de las instalaciones y que el comité que pedía las elecciones solamente estaba formado por miembros que simpatizaban con el gobierno de Morales.

“Me parece que no les gusta que nosotros defendamos a los Yungas, me parece que no les gusta que pidamos desarrollo para los Yungas ante este Gobierno; eso les molesta. Y ellos quieren entregar la institución al Gobierno”, dijo Pampa, según reportes de esa gestión.

Con la situación de la toma ilegal, efectivos policiales aprehendieron en agosto de 2018 a Franklin Gutiérrez por los enfrentamientos violentos en Los Yungas que dejaron el saldo de un oficial de la Policía fallecido y de 7 heridos.

“Responsabilizamos a la Asociación Departamental de Productores de Coca vinculados al narcotráfico la muerte del teniente, Daynor Sandoval y siete heridos”, dijo el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La aprehensión se realizó en puertas de Adepcoca, en Villa Fátima, y la hizo sin prueba alguna. Por su lado, Gutiérrez, dijo que se encontraba en la Asunta, cuando el grupo policial fue emboscado.

2019: La violencia en los Yungas continúa

A casi un año de la aprehensión de Gutiérrez y de que el Gobierno no aportó pruebas, la violencia se agravó está vez en la localidad de Trinidad Pampa, donde se produjo dos heridos de gravedad y un fallecido. Según reportes de ese año, los tres afectados eran hermanos y fueron atacados con cuchillos y machetes por cocaleros afines al MAS, dijeron sus familiares en ese entonces. Unos 300 efectivos policiales fueron desplegados en la localidad y los opositores al régimen temen que se produzcan detenciones y abusos.

Así también, un dirigente de Confecay fue asesinado y la Policía dijo que el presunto autor habría sido motivado a actuar por dirigentes contrarios al MAS.

Además de que la Policía, sin tener una orden judicial, irrumpió con violencia en la sede de Adpecoca, provocando daños en la infraestructura.

2021: un conflicto que duró por casi un mes

En julio de 2021, luego un bloqueo en la zona de Coripata en rechazo a una nueva conformación de una Adepcoca afín al MAS, los enfrentamientos entre cocaleros disidentes contra Policías dejaron un nuevo fallecido.

Ante una nueva escalada de conflictos, el Gobierno convocó a los afiliados a solucionar el problema de la nueva presidencia del sector, por ello, en el mismo mes, se instaló una mesa de diálogo entre el Gobierno y el sector orgánico de Armin Lluta (presidente de Adepcoca hasta 2021) y el sector afín al MAS, encabezado por Arnold Alanes.

Asimismo, en septiembre los enfrentamientos volvieron a Adepcoca y se reportó la desaparición de Lluta y los afines a Alanes tomaron el mercado de Adepcoca, en Villa Fátima y el Gobierno del MAS, a través de su ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio su respaldo a Alanes como presidente de Adepcoca en medio de la pugna que había en el sector.

“Como Gobierno nacional no podemos cuestionar lo que ha decidido la Asamblea de Adepcoca por tanto reconocemos al señor Alanes, evidentemente han existido algunos intentos por proclamar a otros candidatos en otros lugares, en Kalajahuira han proclamado a un candidato pero sólo con 100 personas” afirmó entonces la autoridad.

En esos momentos, la Policía resguardaba con fuerza las oficinas que habían tomado los afines al MAS y ya habían 4 heridos y 13 aprehendidos por los enfrentamientos. En octubre, se reportaron 32 heridos entre civiles y policías.

Y en una cruzada entre efectivos policiales y cocaleros que apoyan a Lluta, éstos últimos retomaron la sede de Adepcoca luego de dos semanas de ser tomada, lo que molestó a Alanes que pidió “desbaratar” al Comité que retomó las instalaciones.

2022: Los conflictos vuelven a Villa Fátima

Desde la semana pasada, las movilizaciones en Villa Fátima se retomaron debido a que los cocaleros, encabezados por Freddy Machicado, presidente de Adepcoca desde el 2021, exigen el cierre del mercado paralelo que está en Villa El Carmen.

Desde el primero de agosto, las movilizaciones se acrecentaron y un contingente de Policías resguarda el mercado que tiene como presidente a Arnold Alanes y el Gobierno no tienen un remedio para aquello.