Analistas citan tres razones por las que el Gobierno del presidente Luis Arce dispuso la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, mediante un operativo violento calificado de secuestro por la flagrante violación a los derechos constitucionales.
La Policía arrestó a Camacho pasado el mediodía del miércoles cuando la autoridad regional llegaba a su vivienda, y efectuó un operativo para trasladarlo en helicóptero desde Santa Cruz hasta La Paz, tiempo en el que estuvo incomunicado. Horas después de la detención, la Fiscalía informó que la detención es por el caso Golpe de Estado I, una denuncia por el delito de terrorismo durante la crisis de 2019.
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Para el analista Franklin Pareja, la detención de Camacho se debe a que Arce quiere descabezar la estructura institucional política cruceña con el fin de alentar la presencia de otros interlocutores que permitan establecer alianzas con el Gobierno, a corto y mediano plazo.
A juicio de Pareja, el Gobierno entiende perfectamente bien que no puede prescindir de Santa Cruz política y económicamente porque se trata de una de las regiones más pujantes y pobladas del país.
Mencionó que una de muchas corrientes políticas en Santa Cruz está al mando de Camacho, pero hay otras con las que puede buscar cercanía. “No todas las corrientes son pro-Camacho ni toda la población cruceña apoya al Gobernador”, sostuvo.
Aseguró que, si el Gobierno neutraliza a Camacho, podrían aparecer otras figuras con las que establezcan alianzas porque 2023, en términos económicos, es tan complicado que no se puede prescindir del espacio territorial económicamente más poderoso de Bolivia. “Debe ser aliado por un aspecto de sobrevivencia por lo que manda una señal de que no es con esta dirigencia cruceña con la que quieren interactuar”.
Desgaste
La segunda razón de la detención de Camacho tiene que ver con el paro de 36 días en noviembre por la demanda del censo porque, a juicio del analista Carlos Borth, este movimiento dejó disminuido a Camacho.
El Gobernador fue descalificado por un sector cruceño por el manejo inadecuado del conflicto que se prolongó por más de un mes, por lo tanto es un momento coyunturalmente propicio para activar el proceso judicial. “Además, Camacho, con el fin de recuperar su visibilidad, levantó la bandera del federalismo, que resulta una provocación para el Gobierno”, señaló.
Pareja añadió que se evidenció que el liderazgo de Camacho era netamente regional, ya que no se sumaron los demás departamentos a su protesta. “Como político, no irradia nada a nivel nacional, porque su único espacio es a nivel regional”, indicó.
Tanto Pareja como Borth coincidieron en el riesgo de un efecto boomerang, la detención de Camacho lo levanta y lo sitúa como la principal figura y la cabeza de la oposición contra el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Autoridad
Ambos analistas mencionaron que una tercera razón para neutralizar a Camacho es restablecer un mensaje autoritario desde el Gobierno central. “Es una muestra de radicalidad de cara a la militancia del MAS que pasa una etapa de división y fractura”, mencionó Borth.
Para Pareja, cuando un Gobierno es fuerte, no necesita utilizar este tipo de acciones casi dictatoriales. “Los Gobiernos fuertes son capaces de hacer cumplir la ley sin llegar a estos extremos; los débiles no pueden hacer cumplir la ley y utilizan la violencia”.
El Gobierno no tiene autoridad porque no tiene la capacidad de gestionar un proceso contra Camacho en Santa Cruz, que es la jurisdicción que corresponde.
Proceso contra Camacho
La denuncia contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue interpuesta en noviembre de 2020 por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
Se acusa Camacho de terrorismo tras los hechos relacionados a la crisis de 2019.
Esta denuncia fue efectuada contra otros políticos además de Camacho, entre ellos la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien está detenida desde marzo de 2021.
La detención del Gobernador derivó en protestas cuyo saldo fue el incendio de algunas instalaciones públicas.
El Comité Cívico de Santa Cruz, además, determinó un paro de 24 horas.
No ven posible detención de otras figuras políticas
Los analistas Franklin Pareja y Carlos Borth coincidieron en que, más allá del trasfondo político, en la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hubo una violación flagrante a los derechos constitucionales.
“El problema no radica en que estamos en un gobierno en el que no se cumple el Estado de derecho porque no contamos un sistema judicial que garantiza a los ciudadanos sus derechos y libertades constitucionales”, señaló Pareja.
Borth señaló que se atentó contra la integridad de un ciudadano boliviano, al margen de su condición de político y está seguro de que se corregirán las ilegalidades cometidas al momento de su detención.
“El drama es que la sociedad boliviana está en total estado de indefensión. Camacho es hoy, mañana será otra persona, porque el disenso y la protesta están prohibidos”, lamentó Pareja.
Sobre la situación de los exmandatarios Carlos Meza y Jorge Quiroga, Pareja sostuvo que sólo son voces que no tienen palestra pero no tienen fuerza política a diferencia de Camacho, que estaba ejerciendo un espacio de poder en el bastión opositor tradicional al Gobierno.
Al presidente Luis Arce no le interesa neutralizar a Mesa y Quiroga “porque en la relación costo-beneficio no gana casi nada”.
“El modus operandi es cada vez más violento en contra de los opositores”, concluyó Pareja.