López Obrador pretende zanjar dos casos de compromiso ideológico y político señalando el camino para resolverlos
En medio de un escándalo sin precedentes por el juicio contra el exzar antidroga, Genaro García Luna (2006-2012), encontrado culpable por la organización criminal del tráfico de drogas a los Estados Unidos, el Gobierno mexicano decidió conceder residencia a los exiliados políticos nicaragüenses expulsados hace pocos días por el régimen dictatorial de Daniel Ortega. Especialistas consultados por dat0s manifestaron que la decisión pretende contener las reacciones adversas que se han suscitado por el sistema permisivo mexicano tras el veredicto de la Corte del Distrito Este de Nueva York.
El presidente López Obrador se suma de esta manera a los gobiernos de España, Chile y Argentina que decidieron conceder asilo y ciudadanía a los 220 expulsados políticos que fueron desterrados de Nicaragua perdiendo su nacionalidad en un acto que mereció repulsión y condena contra el Gobierno de Daniel Ortega.
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El caso viene a cuenta, aunque el Gobierno mexicano no se había pronunciado anteriormente, por la decisión autoritaria de Managua de quitar la nacionalidad de los exiliados. En una declaración en sus acostumbradas “mañaneras”, el mandatario dijo que “la nacionalidad no se puede perder por decreto”, zanjando de esa manera un hecho político que ha dejado en posición sumamente incómoda a quienes mantienen cercanía con el Gobierno del exsandinista.
La decisión se produjo un día después de que los presidentes de Chile y de la Argentina Gabriel Boric y Alberto Fernández ofrecieran la nacionalidad de sus países a los nicaragüenses desterrados y obligados al exilio y que recibieron la ingrata noticia de haber perdido la nacionalidad por una decisión unilateral del Gobierno de Managua. Y un día después del histórico fallo contra García Luna.
López Obrador ha dicho en que “todos los nicaragüenses que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos. Asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran”. De esta forma el mandatario mexicano pretende zanjar de vez dos incordios: Las abiertas críticas de sectores de la oposición a su Gobierno de no pronunciarse contra la represión promovida a opositores en Nicaragua y, la otra, minimizar el costo político de una condena durísima que podría recibir este viernes en un tribunal el ex jefe antinarcóticos durante el Gobierno del expresidente Felipe Calderón.