El misionero, el sexto de la orden procedente de España señalado en el país andino, fue obispo de La Paz y secretario de la conferencia episcopal boliviana. La Fiscalía latinoamericana registra la sede de la Compañía en busca de documentación
El escándalo de pederastia en la Iglesia boliviana alcanza a los altos puestos de la jerarquía eclesiástica. El arzobispo español Alejandro Mestre, fallecido en 1988 y que fue arzobispo de La Paz, ha sido denunciado por la Compañía de Jesús ante la Fiscalía del país latinoamericano por abusos sexuales a menores en 1961, cuando era profesor en el colegio de San Calixto de La Paz, en Bolivia, país donde desarrolló su carrera. El ministerio público informó este miércoles de que ya ha creado una comisión de fiscales para investigar este caso. La abogada de los jesuitas, Audalia Zurita, ha explicado que esa misma tarde la fiscalía realizó dos registros “en busca de información y documentación que está en poder de la curia” sobre los sacerdotes jesuitas que recientemente han sido acusados de abusos sexuales, entre los que se encuentra Mestre. Es el sexto miembro de la orden acusado en los últimos días en Bolivia, después de que EL PAÍS desvelara el caso de Alfonso Pedrajas, el jesuita español que llevó durante décadas un diario de decenas de abusos en este país.
Mestre, nacido en la localidad valenciana de Quart de Poblet en 1912, es el primer español en desempeñar el cargo de obispo que es acusado de un delito de pederastia. Entró en la Compañía de Jesús en 1928 y fue ordenado en 1943. Fuentes de la orden en España informan de que no constan denuncias por abusos contra él en España y no disponen de la fecha en que fue enviado a Bolivia, donde desempeñó toda su carrera. Fue nombrado obispo auxiliar de Sucre en 1976 y ascendió a arzobispo coadjutor de La Paz en 1982. Su carrera le llevó hasta el cargo de secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana a comienzos de los ochenta, uno de los puestos más influyentes de la Iglesia en el país latinoamericano.
La denuncia contra Mestre llegó a las oficinas de la Fiscalía una semana después de que EL PAÍS destapara el caso de Pedrajas, que revelaba abusos de decenas de menores en colegios de la orden en el país sudamericano y también revelaba cómo sus superiores lo encubrieron durante décadas. La publicación ha desatado un terremoto político y mediático en las últimas semanas: los jesuitas han apartado a ocho exprovinciales por posible encubrimiento, la fiscalía general ha abierto una investigación y el presidente boliviano, Luis Arce, ha registrado un anteproyecto de ley para hacer imprescriptibles los delitos de pederastia. Todo esto ha provocado que hayan salido a la luz nuevos casos. Uno de ellos ha sido el de Mestre, que hizo público la propia Compañía de Jesús hace unos días, pero del que ya tenía conocimiento desde diciembre de 2021, según ha informado la orden este jueves a las nueve de la noche (hora boliviana) a EL PAÍS.
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Los jesuitas abrieron entonces una investigación canónica, recopilaron información de los hechos y, finalmente, cerraron el proceso al estar muerto el acusado. “La Compañía de Jesús instruyó que se atendiera al denunciante con acompañamiento especializado. A la fecha, el denunciante no se ha comunicado para concretar dicho acompañamiento”, explica la Compañía a este diario. Los jesuitas han incluido la documentación de estas pesquisas canónicas en su denuncia al Ministerio Público.
Aunque la Conferencia Episcopal Boliviana pidió perdón tres días después de la publicación del reportaje de EL PAÍS sobre el caso Pedrajas, no ha querido hacer una valoración sobre la denuncia de Mestre. Los jesuitas afirmar que comunicaron de este caso a los obispos bolivianos en febrero de este año. Durante su mandato como secretario general, el ahora acusado desempeñó un papel relevante como intermediario político contra la dictadura de Luis García Meza, que se prolongó del 1980 al 1981. Mestre, entre otras cosas, se esforzó para que los cadáveres de los dirigentes fusilados del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) fueran devueltos a sus familiares para que recibieran un entierro cristiano.
Junto a la denuncia de Mestre, los jesuitas de Bolivia presentaron otra contra Luis María Roma Padrosa, que ya fue acusado en 2019 poco antes de morir, pero la orden no llevó entonces este caso ante la justicia. Lucho Roma, como era conocido en Bolivia, fue denunciado internamente por otro antiguo miembro de la Compañía. Este exreligioso descubrió por casualidad en 2007 un CD propiedad de Roma con numerosas fotografías de menores desnudos, en escenas sexuales y en las que incluso aparecía el propio jesuita.
Como Roma y Mestre, la mayoría de los religiosos acusados que han salido a raíz del caso Pedrajas son jesuitas españoles enviados como misioneros a Bolivia. Algunos como Pedrajas, Mestre, Roma o Antonio Gausset —jesuita fallecido y acusado de abusar de niños indígenas en los años noventa en Sucre— desarrollaron toda su carrera en el país latinoamericano. Pero otros, como Luis Tó o Francesc Peris, fueron profesores en colegios de la Compañía en España y fueron enviados a Bolivia tras ser acusados —condenados por un tribunal en el caso de Tó― de abusar de menores. Peris, por ejemplo, solo pasó un curso (1982-1983) en un colegio de Cochabamba donde está señalado de abusar de niñas y luego regresó al centro jesuita de Caspe, Barcelona. Recientemente, como ha publicado EL PAÍS, varias víctimas lo acusan de tocamientos en los noventa y la orden en España ha confesado que lo apartó en 2005 del contacto con menores por “conductas inapropiadas”.