Sentencia constitucional que anula 12 procesos penales de Manfred genera polémica en Cbba.

Erbol
0
989
Manfred Reyes Villa Cochabamba
Foto: Daniel James

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso anular obrados en 12 procesos penales contra Manfred Reyes Villa, por lo cual diferentes actores políticos del Movimiento al Socialismo (MAS) han expresado rechazo a la decisión y sus conjeturas al respecto.

Los 12 procesos penales anulados corresponden a hechos de presunta corrupción, ocurridos cuando Reyes Villa era Prefecto de Cochabamba.

Te puede interesar: Manfred Reyes Villa: Con sentencias políticas el MAS pretende inhabilitar mi candidatura

El TCP consideró que Reyes Villa debió ser procesado en la vía de juicio de responsabilidades, es decir a través de la Fiscalía General y con autorización del legislativo, puesto que siendo Prefecto gozaba de ese fuero.

En ese marco, el Tribunal dispuso anular obrados de una docena de casos y remitir los antecedentes al Fiscal General.

El senador “evista” Leonardo Loza dijo que la Justicia ha traicionado a la verdad y expresó su sospecha de que Reyes Villa tenga un acuerdo con el Gobierno. Aseveró que Manfred ingresa a la Casa Grande del Pueblo como si fuera ministro.

El presidente de la Asamblea Departamental, Juan Carlos Irahola, consideró que hubo una “mano negra” para anular los procesos penales de Manfred y sugirió denunciar por prevaricato a los magistrados, para sentar precedente.

Del ala “arcista”, el concejal Joel Flores dijo que la sentencia constitucional es una derrota política y jurídica de la Gobernación de Cochabamba, que era denunciante en los casos.

Flores manifestó que debe existir una autocrítica del Gobernador, porque esta decisión es una muestra clara de que no hay capacidad en los servidores públicos para haber encaminado los procesos.

Señaló que se habían generado expectativas con argumentos nada concretos.

El gobernador Humberto Sánchez manifestó que Bolivia es un Estado de Derecho y que las autoridades judiciales deben obrar con objetividad.

Resaltó que los antecedentes de los casos deben pasar a la Fiscalía General y las autoridades correspondientes tendrán la última palabra. De todas maneras, afirmó que no debe existir impunidad y la investigación debe continuar.