Delitos ambientales acechan las regiones de triple frontera en el Amazonas

En lo profundo de la cuenca del Amazonas se encuentran dos regiones de triple frontera, donde los delitos ambientales y sus perpetradores no reconocen fronteras nacionales. En estas vastas áreas selváticas, importantes extensiones aisladas de bosques primarios están siendo arrasadas para extraer oro, cultivar coca y aprovechar madera.

En la frontera norte de Brasil con Colombia y Venezuela, con una extensión de casi 4.000 kilómetros a la que en su mayor parte se puede acceder solamente por lancha o avioneta, los buscadores de oro están en una loca carrera por extraer el mineral precioso.

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Decenas de miles de ellos han invadido el territorio del pueblo indígena Yanomami, que habita una gran franja de tierra en zonas de Brasil y Venezuela. Los mineros han arrasado la tierra y han dejado pozos de barro en la reserva yanomami.

En el Parque Nacional Yapacana, en Venezuela, un poco al norte de esta zona de triple frontera, la minería ilegal de oro ha crecido a una velocidad alarmante, como señala el observatorio SOS Orinoco. Los mineros ilegales incluso han arrasado el bosque en la cima del Cerro Yapacana, una montaña de escarpadas laderas que se eleva sobre el parque.

“En la región, todo depende del oro”, le dijo a InSight Crime un experto en minería en la Amazonía venezolana, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. “La actividad en el Cerro Yapacana no se detiene nunca. Extraen oro todo el tiempo”.

En la otra triple frontera, entre Brasil, Colombia y Perú, los actores criminales y las economías ilícitas fluyen y se fusionan como los abundantes ríos de la región.

Al noreste de Perú, la selva amazónica está siendo talada para cultivar coca. Desde los sitios de procesamiento de la selva en esa región, se contrabandea cocaína a Colombia y luego a Brasil, donde es distribuida por el país más grande de la región, con el fin de abastecer el consumo local, y luego se envía a Europa y a otras regiones.

Tres ríos, el Caquetá (conocido en Brasil como el Japurá), el Putumayo y el Amazonas, y sus abundantes afluentes, sirven como arterias para este tráfico transfronterizo. Las vías fluviales comunes también sirven como carreteras para la madera cortada por madereros ilegales, y allí las dragas de oro son operadas por mineros ilegales.

Los nexos entre drogas y delitos ambientales en estas dos regiones de triple frontera en la Amazonía han llevado a una explosiva mezcla de actores criminales en una región remota con mínima presencia de la policía y el Estado. El poco orden que existe suele ser impuesto a bala por los grupos criminales.

En el departamento de Amazonas, Colombia, de gran extensión y con poca vigilancia, comunidades indígenas enteras han sido tomadas como rehenes.

“Nunca había visto tanto miedo a la violencia debido a tal presencia de grupos armados ilegales”, dijo un funcionario de una entidad humanitaria que trabaja con comunidades indígenas en Amazonas y pidió no ser identificado por razones de seguridad.

Desde 2019, las comunidades indígenas no solo están atrapadas en el fuego de la violencia criminal, sino que dependen cada vez más de las empresas criminales para su sustento. Procesar coca, cosechar madera ilegal y servir como mano de obra en balsas de dragado de oro son algunas de las pocas oportunidades de empleo en estas regiones remotas. Algunos de estos habitantes son jóvenes que tienen poco que decir al respecto.

Las comunidades indígenas también están expuestas a altos niveles de mercurio tóxico, utilizado por los mineros para separar el oro. Los rastros de mercurio están contaminando ríos y bosques.

Estas mismas comunidades han sido históricamente devotas guardianas y defensoras de primera línea de estos bosques y vías fluviales, interesadas en proteger sus tierras, ricas en biodiversidad. Escuchar las necesidades de estas comunidades, proporcionarles ayuda financiera y medios de vida alternativos, y brindarles seguridad son pasos necesarios para abordar la variedad de delitos que agravan la deforestación en estas dos regiones de triple frontera en la Amazonía.

También se necesitan políticas más amplias, que incluyan la cooperación entre los representantes regionales de todos los países que comparten estas fronteras, la generación de imágenes satelitales y aéreas para monitorear los bosques, una mayor vigilancia sobre las reservas y los parques, y la aplicación de las leyes y tratados de protección ambiental vigentes. Se requiere una enorme voluntad política.

Aunque la lejanía de ambas triples fronteras las ha protegido parcialmente de la extensa deforestación que ha afectado a otras regiones de la Amazonía, ya se están sembrando las semillas de la destrucción en estas importantes regiones.