El retorno de los Generales

Mientras que en Chile se recordó el pasado 23 de septiembre 50 años del golpe militar de Pinochet, en Brasil después de 59 años desde la interrupción del proceso democrático del 64’, un excapitán quería a los generales de regreso al poder.

Brasil, el gigante latinoamericano tiene la séptima población más importante del globo, (220 millones de personas); lleva la delantera en muchas cosas. Es uno de los mercados globales más seductores para los inversionistas. En AL es el mayor fabricante de aviones, automóviles, electrodomésticos, juguetes; compite en tecnología con potencias extranjeras. Ni que decir de su exquisita cultura: vende más libros y música que cualquier país latinoamericano, exporta novelas de televisión por excelencia. Su población alegre y religiosa -mientras fecunda devoción a sus santos- atiza una sociedad abigarrada y expectante de sus ángeles y demonios.

En la década de los 50´, sus militares, superados en conceptos doctrinarios clásicos, ideologizaron la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), un manual teórico árido, pero sumo y práctico para enfrentar al comunismo en la época de la guerra fría. Por los hechos cronológicos de la historia, se define, casi sin discusión, que la dictadura en Chile encabezada por el general Augusto Pinochet (1973-1990), fue la más larga y sangrienta, hace exactos 50 años. Sin embargo, nueve años antes, en 1964, los militares brasileños formados en la ciencia geopolítica desde la Segunda Guerra Mundial, protagonizaron el primer golpe de Estado en el Cono Sur y la también primera dictadura de clara orientación represiva que gobernó el país hasta 1985. A partir de entonces los militares se retiraron a los cuarteles saneada la patria del peligro rojo, arriadas las banderas en democracia.

El gobierno de un excapitán

Quien diría que 69 años después del golpe militar del 64´, un excapitán de Ejército con carisma y lenguaje de uso popular, de rasgos dicharacheros y descalificadores contra la revolución bolivariana del Siglo XXI, picaría a los militares invitándolos a formar parte de su gobierno. Una vez elegido presidente, en 2018 el excapitán Jair Bolsonaro encendió la chispa en los cuarteles primero a puertas cerradas convocándolos a salvar la patria para librarla del comunismo que se extendía por los países vecinos. No se había visto algo parecido desde la recuperación de la democracia.

Los cuatro años de su gobierno fueron de contundente orientación cívico militar como en los viejos tiempos y poco a poco comenzó a ganar adeptos en las calles, con un discurso conservador, orientado a salvar la familia y los valores cristianos. En ese orden de cosas, propuso una alianza duradera con los militares y con las iglesias cristianas que tienen millones de fieles. El esquema bolsonarista se hizo fuerte en esos sectores, convirtiéndose en una poderosa fuerza política.

De la época han quedado registros elocuentes de los desfiles militares seguidos de flemáticas manifestaciones de protesta contra el orden constituido. Miles de simpatizantes del excapitán pedían el cierre del Congreso y el retorno de los militares al poder. En las elecciones de 2022 Bolsonaro perdió por estrecho margen, pero se negó a reconocer al nuevo gobierno; denunció fraude, se fue a Miami, en tanto sus simpatizantes asaltaron las oficinas de la presidencia, el congreso y la justicia, exigiendo a los militares se hagan cargo del gobierno. El caso no pasó a mayores, se abrieron investigaciones y se apuntó a la cúpula militar y al expresidente por ser los promotores del asalto a la democracia.

Militares al poder

La llegada de Bolsonaro al Palacio de Planalto se produjo al mismo tiempo que la mayoría de sus colegas de la Academia Militar de Agulhas Negras (AMAN) ascendían a la cima de la jerarquía al inicio de su gobierno: nueve de los quince escaños del Comando del Ejército fueron ocupados por generales de la promoción de 1977 (la misma de Bolsonaro), incluidos dos que serían ministros y uno que sería comandante del Ejército.

Fue en una graduación en AMAN, en 2018, cuando Bolsonaro lanzó su candidatura a la presidencia, aplaudido por cientos de militares alineados para escucharlo; el gesto fue interpretado como un respaldo a su proyecto electoral. En otras palabras, Bolsonaro necesitaba apoyo, mientras que parte de la élite militar quería recuperar protagonismo en la vida política del país. Nada más asumir la presidencia, el nuevo jefe de Estado nombró en cargos del Ejecutivo a tres generales, un almirante, un teniente coronel y un capitán, además de un general adjunto. También hubo un aumento del personal militar en los puestos de segundo y tercer escalón en su gobierno. Michel Temer (expresidente antes de Bolsonaro) tenía 2.765 en cargos gubernamentales, cifra que aumentó a 6.175 en 2021.

También había militares en los directorios de empresas estatales, como Petrobras, Electrobras, Itaipú, Telebras y Correos. Entrar en el gobierno también significó un alto costo financiero, ya que muchos de ellos acumularon salarios militares con salarios de funcionarios públicos.

“Durante la pandemia, tuvo un general a cargo del Ministerio de Salud, cuya supuesta cualidad era la de ser especialista en logística. Brasil se situó entre los cinco peores países para responder la emergencia. La relación entre militares y gobierno también permitiría tragedias, como la incautación de cocaína en un avión de la FAB que formaba parte de la delegación presidencial, en España, y las compras de Viagra, prótesis de pene y remedios para la calvicie, además a 56 millones de reales gastados en toneladas de solomillo, filet mignon y salmón”, de acuerdo a la revista Veja.

La participación política de los militares provocó una confusión entre los roles de las Fuerzas Armadas y el gobierno. En agosto de 2021, decenas de vehículos blindados desfilaron en la Praça dos Três Poderes en un claro gesto de intimidación al Congreso, que votó el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) del voto impreso. Bolsonaro, principal portavoz de la propuesta, acompañó el desfile en la casa de Gobierno junto a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Algunos oficiales incluso alentaron frente a los cuarteles, con pancartas pidiendo el regreso de la dictadura y el uso del artículo 142 de la Constitución, con la interpretación distorsionada de que otorga a las FFAA el poder de intervenir para “restaurar el orden”.

Estos gestos agregaron un nuevo capítulo al daño que los movimientos políticos de oficiales consumaron en la historia del país. Desde la proclamación de la República, encabezada por los mariscales, hasta el golpe de estado de los generales en 1964, estos avances dejaron heridas difíciles de sanar.

Al contrario de lo que ocurrió en los países vecinos, en Brasil la superación de estos momentos se realizó sobre la base del apaciguamiento. Para regresar a los cuarteles tras el fin de la dictadura, los militares fueron acomodados en el nuevo modelo democrático con beneficios de seguridad social, inversiones estratégicas en defensa y amnistía.

Para sanar las heridas el presidente Lula, que comenzó su carrera política en la dictadura, incluso siendo detenido, tiene la compleja tarea de poner orden en los cuarteles. El intento también se basa en el apaciguamiento. En el lanzamiento del PGN, el presidente destinó 53.000 millones de reales (unos 11.000 millones de dólares) para las Fuerzas Armadas, más que para educación y salud. “El paquete incluye la construcción de barcos y submarinos, la compra y modernización de aviones y el desarrollo de misiles de largo alcance. Se ha escuchado decir que los comandantes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea están interesados en esclarecer los hechos e individualizar las conductas”, afirma Veja.

En los cuatro años de gestión de Bolsonaro, la cúpula de las Fuerzas Armadas producía órdenes celebrando el golpe de 1964. Hoy, el mensaje a los cuarteles es claramente diferente: abandonar las pretensiones políticas y defender lo que queda de credibilidad de la institución.

Orden de mando (una deshonra)

El abogado del teniente coronel Mauro César Cid (asistente de órdenes de Bolsonaro (que cumple actualmente detención domiciliaria) reveló que su defendido había afirmado que vendió un lote de joyas que el exmandatario había recibido de regalo durante su mandato presidencial. Los negocios sospechosos con bienes públicos ya habían motivado un operativo de la Policía Federal en domicilios vinculados al soldado y a su padre, el general Mauro Lourena Cid, que también es investigado. Mauro Cesar Cid estaba detenido desde mayo por falsificar tarjetas de vacunas contra el Covid-19.

El hacker Walter Delgatti Neto, también del CPMI, involucró al entonces Ministro de Defensa, general Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, en un complot golpista al decir que había estado en el ministerio cinco veces a finales de 2022, cuando se reunió con el general para discutir formas de impugnar el resultado de las elecciones de octubre de ese año.

El daño causado por estos escándalos a la imagen de las Fuerzas Armadas fue reflejado por una encuesta, que mostró una pérdida significativa de la credibilidad de la institución, un activo que parecía inquebrantable hasta entonces. “Está claro que los acontecimientos recientes afectan la imagen de la institución”, señaló un general, recogiendo información periodística, que fue ministro al inicio del gobierno de Bolsonaro.

La crisis, ayuda a ilustrar el agujero en el que se metieron los militares. Entre todos los frentes y juicios abiertos contra el expresidente, sus adversarios políticos han comenzado a hablar de poner a Bolsonaro en la cárcel; otros, en cambio, dicen que la cárcel convertiría al excapitán en víctima que lo ayudaría a reflotar su imagen entre sus partidarios: militares, empresarios, futbolistas, sambistas, pobres, cristianos y las sectas religiosas que han comenzado a encender velas para protegerlo de la malformación de la democracia, un fenómeno que no es exclusividad de Brasil.

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