Parecería alarmante que la extrema violencia se haya disparado en algunos países latinoamericanos a índices escalofriantes. En Ecuador, donde hasta hace poco nadie pensaría que pasen a operar desde sus cárceles peligrosísimas organizaciones criminales atrapando un gran público al pensar que combatiendo a los carteles que operan dentro las cárceles, se está encontrando una solución en la “guerra contra el crimen organizado”; así o algo similar al estrepitoso fracaso de la “guerra contra el narcotráfico” de los años 70 – 80 promovido por la DEA en la región Andina para evitar el embarco de cocaína y la producción de la materia prima del narcotráfico; al ser así, lo que persiguen los criminales es que se construyan cárceles ultra modernas, estilo Bukele en El Salvador, de modo a acondicionar los reductos carcelarios para dotarlos de mayor seguridad; digamos en condiciones mucho menos siniestras en las que habitan.
Por las características de esas condiciones de seguridad, se instala una forma de gobierno que declara estado de sitio para combatir el crimen organizado, mientras prosigue desde modernos reductos mejor equipados y seguros, a la vez, la actividad delincuencial comandada desde modernos ordenadores.
Entre algunos datos curiosos se tiene que los crímenes dentro de las cárceles ya se habían incrementado en 2023 a sazón de más del 50% comparado con el 2022 (3.800 asesinatos en los seis primeros meses del año, es un dato aterrador).
La guerra contra el crimen organizado
Un candidato estilo Bukele, un reformista de la seguridad construyendo cárceles modernas para encerrar a los delincuentes, se ha convertido en una de las ofertas electorales que más simpatías atrajo recientemente en Ecuador. El mismo fenómeno se articula en Chile donde quien más puntos suma es aquel líder que propone demoler centros de distribución clandestina de drogas o en la frontera con Bolivia -en el mismo Chile- donde se han agrupado peligrosos clanes delincuenciales de mucho peso y tamaño. Del Perú se sabe que los grupos identificados como Choneros y Tiguerones (que generaron el descontrol en Ecuador), ya estarían en territorio peruano desde el año pasado en busca de controlar las extorsiones, la trata de personas y la minería ilegal.
Todo esto no es poca cosa. En Bolivia tampoco. Hace pocos días cinco uniformados fueron quemados por mafias organizadas que operan a lo largo de las fronteras en actividades ilegales. Ni que decir de México donde incluso para instalar un kiosco de flores se debe pagar al crimen organizado, actividad que ocupa el quinto lugar en la captación de fuentes de empleo. Colombia, a pesar de la angustia generada a décadas por las mafias del crimen, vive latente el peligro de la violencia armada.
Con tal escenario, hace temer que al calor del crecimiento de las organizaciones criminales se articulan aparatos represivos tan modernos y sofisticados como los alentados por las mafias del crimen organizado.