Israel ya se ha anexionado Cisjordania

En el mes de septiembre, varios países occidentales, entre ellos Canadá, Bélgica, Francia o Reino Unido, planean reconocer al Estado palestino durante la Asamblea General de Naciones Unidas. El gobierno israelí ha condenado la decisión, señalando que supone recompensar el “terrorismo” de Hamás y los ataques del 7 de octubre de 2023.

La coalición, liderada por Francia, adopta esta decisión ante la negativa de Tel Aviv de aceptar un alto al fuego que ponga pausa al genocidio en la Franja de Gaza. Sin embargo, estos aliados de Israel reiteran que el Estado palestino deberá estar desmilitarizado y con ello buscan mejorar la posición diplomática israelí.

No obstante, el gobierno hebreo se ha negado a hacer la más mínima concesión y busca poner fin a la cuestión palestina. Para castigar esta decisión, ha anunciado que llevará a cabo una anexión formal de Cisjordania; la duda es cuánto territorio será. Según el plan presentado por el ministro de Finanzas y coministro de Defensa, Bezalel Smotrich –en consultas con los consejos de colonos de Judea y Samaria–, el Estado de Israel debería optar por anexionarse el 82% de Cisjordania, dejando únicamente unas pequeñas bolsas de población aisladas y desconectadas.

Pero la realidad es que la anexión ya se ha producido en muchos sentidos. Por lo tanto, ¿cuál es el plan de Israel y qué consecuencias reales puede tener? Eso es lo que vamos a explicar en este artículo.

El “Plan Decisivo” de Smotrich

En 2017, cuando Smotrich era solamente un diputado en la Knéset israelí, presentó abiertamente sus ideas sobre cuál debía ser el camino a tomar y cómo resolver el conflicto palestino-israelí.

En el documento, llamado “Plan Decisivo”, Smotrich defendía que la “solución de los dos Estados” había sido un fracaso que había originado un modelo de gestión de una ocupación “cruel” y “eterna” que no llevaba a ninguna parte. Señalaba correctamente que eran los propios gobiernos israelíes quienes se habían negado a aplicar esta “solución”, manteniendo la farsa de la gestión y cronificando así la ocupación.

Para Smotrich era fundamental cambiar de mentalidad, no en favor de terminar la ocupación, sino en entender que “la existencia de dos aspiraciones nacionales en conflicto en la Tierra de Israel […] no pueden mantenerse”. En otras palabras: no había compromiso posible.

Aquí Smotrich era honesto en reconocer que el sionismo y la aspiración palestina a su liberación nacional no son compatibles; no es posible cumplir una mientras exista la otra. Porque a diferencia de otros Estados árabes, con quienes se podía llegar a compromisos pues “su existencia no guarda relación con el Estado de Israel”, en el caso palestino el proyecto colonial se asienta sobre el propio territorio.

La derecha sionista, que siempre ha sido más abierta en reconocer la naturaleza del conflicto colonial, ya dijo en su momento con Jabotinsky: “Los transigentes entre nosotros intentan convencernos de que los árabes son una especie de tontos a los que se puede engañar con una formulación suavizada de nuestros objetivos, o una tribu de avaros que abandonarán su derecho de nacimiento a Palestina a cambio de beneficios culturales y económicos”.

Por lo tanto, la propuesta de Smotrich busca romper cualquier ilusión de compromiso entre el proyecto sionista y los palestinos. Evidentemente, el compromiso de Oslo se trataba de generar las mejores condiciones para continuar la colonización bajo los auspicios de la cobertura internacional de un supuesto “proceso de paz”. Pero una vez esta vía ha llegado a sus límites y bajo la batuta del movimiento colono-mesiánico, Smotrich ofrece una nueva ruta, que tiene como pilar principal la anexión del territorio, declarando con claridad que el Estado de Israel no va aceptar ningún tipo de compromiso en este asunto.

Para ello, el primer paso no es firmar el papel que declare la anexión, sino terminar de generar las condiciones materiales que hagan irreversible sobre el terreno la colonización. Que la posibilidad de crear un Estado palestino desaparezca, creando una fuerza colona tal que sea imposible de desarraigar salvo mediante la fuerza. Un movimiento colono independiente capaz de dirigir una guerra con sus propios medios: un Estado de Judea, como ya soñaron en 1988.

El “Plan Decisivo” detalla tres opciones para la “población árabe de Judea y Samaria”:

Subyugación: los palestinos dispuestos a renunciar a sus aspiraciones nacionales pueden permanecer en la tierra como “individuos” bajo la soberanía judía. Se verían confinados a una administración municipal autónoma sin carácter nacional –un modelo ampliado de Jerusalén Este–, con derechos individuales pero sin derechos políticos colectivos. Con el tiempo, podrían solicitar la ciudadanía, siempre que demostraran lealtad, prestaran servicio nacional o militar y aceptaran el Estado judío.

El objetivo es mantener la supremacía judía y el sistema de apartheid. Esta forma de “autogobierno” en estos seis cantones –Hebrón, Belén, Ramala, Jericó, Nablus y Jenin– tendría el propósito de desmembrar la identidad nacional palestina, preservando al mismo tiempo “la estructura tribal-familiar” para permitir “la existencia de un sistema estable para gestionar la vida cotidiana”.

Se repite aquí la idea de la Liga de Aldeas ya propuesta en los años 1980, para fragmentar la identidad palestinas en pequeños bantustanes, como fue el caso de Sudáfrica. También toma relevancia asegurar las estructuras sociales tribales. Este elemento es importante para asegurar el poder de los sectores más conservadores y atrasados, y derivar un nuevo tipo de legitimidad para la construcción de emiratos separados. Propuesta que vienen avanzando el último año, tomando como ejemplo las monarquías árabes, frente a la construcción de Estados-nacionales.

Los palestinos “no podrán votar en las elecciones al Knéset israelí en una primera fase. Esto preservará la mayoría judía en la toma de decisiones en el Estado de Israel.” Smotrich, por supuesto, insiste que esto no es apartheid, como mucho es un “déficit democrático”, pues el voto no puede ser el único elemento a considerar en una democracia ya que “un régimen de libertad no comienza y termina con el derecho a votar y ser elegido para un cargo público”.

Ciertamente, la profundidad de una democracia no puede medirse meramente por este derecho, pero más allá de que obviamente los palestinos no tendrían garantizados el resto de derechos, es importante poner el acento sobre lo que verdaderamente significa: “En cualquier caso, tendrán derecho a votar por el sistema que gobierna su vida en el sentido práctico, pero no el derecho a un voto ideológico por un parlamento soberano”.

Ahí esta el elemento crucial: los palestinos no tienen derecho a la autodeterminación, a gobernarse a sí mismos como pueblo. Las cuestiones de espíritu son mucho más importantes que las de estómago, porque perder lo primero es perder toda dignidad humana.

Así, la única posibilidad bajo la cual pueden participar en la vida política israelí, la que determina todos los aspectos de su vida, es bajo la sumisión completa al proyecto sionista. Solo bajo esas circunstancias “será posible la participación de los árabes de Judea y Samaria en las decisiones civiles del Estado de Israel, en contraposición a las decisiones nacionales”. Y la adquisición de la plena ciudadanía siempre “junto con la declaración de lealtad total al Estado judío mediante el servicio en las fuerzas armadas”.

Emigración: A aquellos que no estén dispuestos a renunciar a sus derechos nacionales se les animaría –o se les incentivaría– a marcharse, con la ayuda de “subvenciones de reubicación” financiadas por Israel a Estados árabes u otros destinos. Aquí la lógica es aceptar y normalizar la limpieza étnica como moneda de cambio.

Fuerza: Cualquiera que continúe resistiéndose al dominio israelí sería tratado como un terrorista, “atendido con mano dura por las fuerzas de seguridad”.

El gobierno de los colonos en Cisjordania

Cuando Smotrich llegó al cargo de ministro de Finanzas a finales de 2022, lo hizo con el propósito explícito de ver hecho realidad su “Plan Decisivo”. Como parte del acuerdo de coalición con Netanyahu, también fue nombrado “ministro adicional del Ministerio Defensa” gracias a un acuerdo de reparto de poder que le otorgó el control efectivo sobre la gobernanza de Cisjordania bajo los auspicios de la ocupación militar. De facto, Smotrich se convirtió en el gobernador de Cisjordania.

La ocupación bajo ley militar nunca ha sido liviana para los palestinos, pero había ciertos frenos procedimentales a los colonos. Los abogados del ejército israelí –que, a pesar de su brutalidad, no compartía los compromisos ideológicos de los colonos como institución– tenían que revisar las expropiaciones y las construcciones y, en ocasiones, desmantelaban los asentamientos ilegales o bloqueaban los planes en un esfuerzo por mantener el orden. Esto creaba fricciones entre el ejército y los colonos, que ridiculizaban a los soldados llamándolos “nazis”.

El objetivo era crear una distancia entre el movimiento colono y el Estado israelí, que se limpiaba así las manos de su complicidad. Pero, al mismo tiempo, no dejaba de proporcionar una delgada línea divisoria entre los palestinos de Cisjordania y las ambiciones más maximalistas de los colonos. El ejército tenía que respetar unas reglas de juego y asegurar que se cumplieran para mantener las apariencias.

Cuando a Smotrich se le dieron las riendas sobre la ocupación las cosas cambiaron, pues el Estado asumió como suyos los compromisos ideológicos del movimiento colono. Esto creó una situación sin precedentes en la que los funcionarios civiles ocuparían puestos clave en los organismos militares responsables de los asuntos civiles de Cisjordania, mientras que los funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se centrarían aparentemente en cuestiones de seguridad.

En la práctica, Smotrich comenzó a crear un gobierno en la sombra dentro del ministerio, la Administración de Colonias, que desvió poderes de la Administración Civil del ejército y los entregó a los colonos-mesiánicos.

Una vez eliminadas sistemáticamente las barreras de protección, Smotrich legalizó retroactivamente las colonias, aceleró la construcción de asentamientos, aprobó nuevos puestos avanzados, declaró tierras estatales en cantidad récord desde Oslo y, a través de su cartera de finanzas, canalizó una parte desproporcionada del presupuesto de Israel al este de la Línea Verde.

Smotrich ha creado un gobierno paralelo, plenamente controlado por los colonos-mesiánicos, donde ya no hay distinción entre el ejército de ocupación y el movimiento colono. La cruda realidad es que la anexión ya se ha llevado a cabo; todo lo que queda es firmar un papel.

Se puede decir que la ocupación sigue existiendo en nombre, pero no en los hechos, los colonos ya tienen las riendas y todos sus planes se están implementando sin el menor freno. Si el Estado se niega a aceptar sus demandas, tendrían los medios para declarar unilateralmente su Estado de Judea.

Con el 7 de octubre, el ejército colono se ha consagrado como institución: miles de personas fueron reclutadas en nuevos “batallones de defensa regional”, se les entregaron uniformes y M16, y se les envió a las aldeas, donde asaltaron casas, destruyeron cultivos y expulsaron a comunidades enteras con el respaldo del ejército y el Estado.

Se trata de una anexión silenciosa: vaciar la Autoridad Palestina desde dentro, desmantelar la ley de ocupación desde fuera y sustituir ambas cosas por un gobierno civil israelí controlado por los colonos-mesiánicos. Como dijo Smotrich a sus seguidores el año pasado, su objetivo era “cambiar el ADN del sistema”, creando cambios estructurales que perduraran “incluso si el gobierno cayera mañana”.

Una de las problemas principales del sionismo es la cuestión demográfica: anexionar Cisjordania significa heredar millones de palestinos. Ofrecer la ciudadanía significa erosionar la mayoría judía; negarla significa un apartheid evidente.

La anexión gradual permitió a los líderes eludir ese dilema. De ahí que Smotrich se jactara de que la labor de traer a un millón de colonos a Cisjordania se estaba llevando a cabo “en silencio y sin espectacularidad”. Netanyahu transmitió el mismo mensaje a los líderes colonos el mes pasado: Israel está profundizando su “control sobre la Tierra de Israel”, les aseguró, pero “es mejor reducir las declaraciones”.

Israel y los retos de la anexión de Cisjordania

La propuesta de anexión presentado por Bezalel Smotrich junto a los líderes colonos tiene como principio la máxima sionista del mayor territorio posible con la menor cantidad de palestinos, dicho por él mismo: “No deseamos ejercer la soberanía sobre nuestros enemigos. El principio de la soberanía es el máximo territorio y el mínimo de población”.

Es decir, bajo esta propuesta, la anexión cubriría todo el territorio salvo los principales centros de población palestinos. Más del 82% del territorio –ya sea la Zona A, B o C bajo los Acuerdos de Oslo– que abarca toda Cisjordania, excepto las seis principales ciudades palestinas. El objetivo es realizar un declaración política clara frente a los países europeos que piensan reconocer el Estado palestino de que no hay nada que reconocer; de que ese supuesto Estado palestino es una ficción.

Como dice Daniella Weiss, una de las principales líderes del movimiento colono y vecina de Smotrich en Kedumim: “El mundo, especialmente Estados Unidos, cree que existe la opción de un Estado palestino, si seguimos construyendo colonias, bloqueamos esa opción. Nosotros queremos cerrar la opción de un Estado palestino y el mundo quiere dejarla abierta. Es algo muy fácil de entender”. En la visión de este sector colono-mesiánico, “las fronteras de la patria de los judíos son el Éufrates al este y el Nilo al suroeste”.

De facto, la anexión ya se ha llevado a cabo. Quienes gobiernan en Cisjordania son los colonos como institución dominante. Pero la anexión de iure puede tener efectos jurídicos importantes. En primer lugar es un arma de doble filo.

Algunos líderes colonos se han opuesto abiertamente a la anexión por temor a que la aplicación formal de la legislación israelí exponga su sistema de supremacía judía a impugnaciones legales. No obstante, las reformas judiciales y la legislación destinada a armonizar la legislación estatal con los intereses de los colonos han contribuido, en gran medida, a disipar esas preocupaciones.

La anexión supone eliminar cualquier pretensión de que la ocupación atiende a motivos de seguridad y es una solución temporal: cualquier distinción entre la “democrática” Israel de 1948 y su colonia de 1967 quedaría borrada.

Por un lado, deja al desnudo la realidad de Cisjordania como territorio bajo poder de los colonos y no bajo una autoridad militar interina. Además, al fusionar ambos territorios, desaparece cualquier posibilidad de discriminar, así la anexión también corre el riesgo de provocar una expansión del movimiento BDS, ya que los organismos internacionales que boicotean el trabajo relacionado con la Cisjordania ocupada se verán obligados por las circunstancias a extender ese boicot a toda Israel.

Un pequeño ejemplo de las consecuencias en cadena que podría tener esta decisión es el miedo que suscita entre la Autoridad de Antigüedades de Israel. Los arqueólogos israelíes advierten que difuminar la línea “entre la arqueología legítima en Israel y la arqueología no legítima en Cisjordania” podría desencadenar boicots académicos y provocar el agotamiento de la financiación.

Esto es aplicable a muchos otros sectores, que ya no podrían establecer una distinción entre el Israel “liberal” y “multicultural” frente a los colonos mesiánicos. Algo que nunca se correspondió con la realidad: ambas economías están profundamente entrelazadas. Por otro lado, la anexión al fusionar el etnoestado judío con la colonia abre las puertas a que todos los instrumentos del Estado puedan actuar armoniosamente, facilitando el proceso de colonización.

Con esta decisión, las granjas, las tierras agrícolas y las aldeas podrían ser incorporadas al Estado, un proceso que ya se inició en mayo, cuando la Knéset aprobó una campaña de registro de tierras en la Zona C, lo que permitió a Israel reclamar vastas áreas de tierra en manos palestinas que nunca se registraron formalmente, en gran parte porque congeló el proceso en 1968. Comunidades enteras se verían amenazadas de expulsión y demolición.

El plan que defiende Smotrich afectaría directamente a aproximadamente 80.000 palestinos que viven en los territorios que se prevé anexionar. Smotrich considera que este es un número asumible, al que se puede aplicar la misma fórmula que los residentes de Jerusalén Este. En otras palabras: anexionar la mayor cantidad de territorio posible sin la obligación de conceder la ciudadanía a los palestinos, “alterando efectivamente el mapa con consecuencias demográficas mínimas”.

El otro problema que presenta este plan es el destino de la Autoridad Palestina, pues ignora las consideraciones jurídicas de los Acuerdos de Oslo sobre las áreas A, B o C, terminando en la práctica por destruir a este órgano como institución funcional.

Smotrich se ha limitado a comentar que “los árabes de Judea y Samaria gestionarán inicialmente sus asuntos a través de la Autoridad Palestina y, más adelante, sin ningún marco colectivo”. También añadió que “si la Autoridad Palestina se atreve a levantar la cabeza y amenazarnos, la destruiremos igual que estamos destruyendo a Hamás”.

Sin embargo, el gobierno parece estar preparándose para responder a esta pregunta. En la Knéset se está tramitando un nuevo proyecto de ley que daría a los Comités de Asuntos Exteriores y de Defensa autorización para cancelar los Acuerdos de Oslo si determinan que la Autoridad Palestina ha violado sus obligaciones. De la misma forma, desde Tel Aviv ya vienen avanzando que el reconocimiento del Estado palestino por parte de los europeos es una violación de los Acuerdos de Oslo, que les permite rescindir su parte del compromiso.

El plan de anexión de Ron Dermer

Todavía no está claro que el gobierno israelí vaya a aceptar el plan de Bezalel Smotrich, que cuenta con el apoyo mayoritarío del movimiento de colonos. Los líderes de las colonias temen que Netanyahu se conforme con una medida de anexión limitada, como la anexión de Ma’ale Adumim o el valle del Jordán, que podría presentarse a Washington como una forma de asegurar la frontera oriental de Israel tras el 7 de octubre y los recientes ataques desde Jordania. Para ellos esto significaría “renunciar a todo lo demás y mantener vivo el sueño palestino de crear un Estado”.

En la presentación de su propuesta, Smotrich se hizo eco de estos rumores: “No habrá soberanía parcial. Dejar territorio en manos del enemigo les permitiría establecer un Estado terrorista, el vigésimo tercer Estado árabe que quieren crear aquí. Este es un principio fundamental en cualquier plan de soberanía que promovamos”.

Según el periódico Israel Hayom, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, ha estado trabajando con Washington en una propuesta de anexión limitada en el valle del Jordán. Ese plan ha suscitado duras críticas por parte de la derecha israelí y los líderes de las colonias, que han instado al gobierno a aprovechar la oportunidad actual y la administración estadounidense favorable para declarar la anexión plena.

Según se informa, Donald Trump ha dado luz verde después de que la multimillonaria israelí-estadounidense Miriam Adelson invirtiera 100 millones de dólares en su campaña con la promesa de que respaldaría la anexión de Cisjordania. La oficina del presidente israelí, Isaac Herzog, ya ha anunciado que le otorgaría a Adelson la Medalla Presidencial de Honor, la más alta distinción civil del Estado.

La fórmula planteada por Dermer, y apoyada al parecer por Estados Unidos, parece ajustarse a los tres principios territoriales clásicos de la política del Estado hebreo:

“Israel nunca debe abandonar Cisjordania y el valle del Jordán, no solo porque son legítimamente nuestros, sino porque son vitales para nuestra seguridad; la población palestina que vive en los territorios que se van a anexionar no debe convertirse en ciudadana israelí, ya que eso daría lugar a un Estado binacional con una mayoría judía cada vez menor; y, por último, nunca debe haber un sector o una población que viva dentro de nuestras fronteras y no disfrute de la igualdad en sus derechos civiles”.

La anexión del valle del Jordán que se propone aquí supone aproximadamente el 30% de Cisjordania. Se trata de la tierra agrícola más fértil, donde viven cerca de 65.000 palestinos y 11.000 colonos. Israel ya impide a los palestinos utilizar alrededor del 85% del valle al designar gran parte de él como terreno estatal, zonas militares o jurisdicciones de colonias.

Para los palestinos de las pequeñas comunidades rurales, esto ha supuesto la demolición de sus hogares, el desplazamiento forzoso para realizar maniobras militares y una presión constante para que abandonen sus tierras.

La anexión afianzaría el control de Tel Aviv, convirtiendo el actual mosaico de restricciones en fronteras soberanas. Los defensores del plan lo denominan el “cinturón de seguridad” de Israel, ya que la anexión del valle del Jordán aislaría a Palestina de su frontera con Jordania, rodeando todo su territorio restante dentro de las nuevas fronteras declaradas unilateralmente por Israel.

Tampoco es descartable que a esta propuesta incluya la anexión de la mayor parte de las colonias, que son colindantes con la Línea Verde. Esto codificaría lo que ya existe: la ley israelí se aplica a los colonos independientemente de donde vivan.

No obstante, el elemento más importante es que esta anexión se intentaría camuflar bajo exigencias de “seguridad”, una forma intermedia de mantener la farsa de la ocupación y continuar con el marco de la anexión gradual del territorio para evitar la condena internacional.