Ortega y Murillo intensifican la censura de internet

La pareja de mandatarios nicaragüenses asedia el último reducto de la libertad de expresión.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidente de Nicaragya, respectivamente, han ampliado hasta internet la censura que su régimen copresidencial impone. Así queda cercado también el último reducto para la libertad de expresión y prensa que quedaba en Nicaragua para las voces disidentes. Con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, la Administración bicéfala no sólo impone un cambio técnico en cómo se organizan las redes, las antenas o internet en el país centroamericano, sino que consolida un esquema de censura total en el último espacio que existía para expresar disenso.

De acuerdo con grupos opositores, que la han bautizado como “ley mordaza”, uno de los aspectos más alarmante es el poder total que se le otorga al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). A la cabeza de este organismo está Nahima Díaz Flores, hija del jefe de la Policía Nacional, el comisionado Francisco Díaz, y cuñada de uno de los hijos de la pareja presidencial. Según la normativa número 1223, entre muchas amplias prerrogativas, el ente regulador podrá exigir datos estadísticos y georreferenciados a operadores y proveedores audiovisuales.

Los proveedores deberán estar alineados con la Policía –el principal brazo represivo de la pareja copresidencial– y los servicios de inteligencia, lo cual consolida un sistema de vigilancia digital capaz de reconstruir quién se comunica con quién, desde dónde, con qué frecuencia y a qué horas. Alexa Zamora, autora del informe Ley de Telecomunicaciones Convergentes y su impacto en el ejercicio de los derechos humanos, es una de las expertas más citadas en estos días por los medios de comunicación nicaragüenses. Ella advierte de que la “Ley de Telecomunicaciones Convergentes, en conjunto con las reformas a la Ley de Ciberdelitos y la adhesión al Convenio de Ciberdelincuencia de las Naciones Unidas, puede establecer un marco legal que facilite la restricción de la libertad de expresión y otros derechos digitales en Nicaragua”.

“Aunque la regulación de las telecomunicaciones y la lucha contra el ciberdelito son objetivos legítimos, es fundamental que estas leyes se implementen con respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, lo cual en un contexto como el de Nicaragua claramente no se cumple”, alerta la experta.