Bolivia autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar en conflictos internos en plena ola de bloqueos

La medida abre la puerta a un despliegue militar más amplio mientras se profundiza el conflicto social y se agrava el desabastecimiento en varias regiones del país.

El Congreso de Bolivia aprobó este martes una ley que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de protestas masivas y bloqueos de rutas en todo el país. La iniciativa fue votada  en el Senado, luego aprobada por más de dos tercios de la Cámara de Diputados y promulgada por el presidente Rodrigo Paz, para avanzar en un eventual estado de excepción.

La norma sancionada deja sin efecto la ley 1.341, vigente desde 2020, que limitaba la participación militar en situaciones de conflictividad social. Con este cambio, el Ejecutivo contará con mayores herramientas legales para ordenar operativos o reprimir en el marco de la crisis.

Según argumentaron legisladores oficialistas, la decisión busca restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento de bienes esenciales. En ciudades clave como La Paz, El Alto y Oruro ya se registran dificultades en el acceso a alimentos, combustibles e insumos médicos debido a los cortes prolongados.

El país atraviesa su cuarta semana consecutiva de protestas, impulsadas por organizaciones sindicales y sociales. Entre los sectores movilizados se encuentran agrupaciones vinculadas a la Central Obrera Boliviana, además de colectivos campesinos, indígenas, mineros y juntas vecinales.

De Rodrigo Paz a Evo Morales: “Enfermo embrutecido de poder”

El clima político se tensó aún más por el enfrentamiento directo entre el presidente Rodrigo Paz y el exmandatario Evo Morales, a quien el actual jefe de Estado acusó de promover las protestas con fines desestabilizadores. El mandatario lo calificó como un “enfermo embrutecido por el poder” y lo responsabilizó de intentar “derrocar el proceso democrático”.

El conflicto tiene raíces en la crisis política de 2020, cuando tras denuncias de fraude electoral y una ola de protestas que dejó más de 30 muertos, Morales renunció a la presidencia. Durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, el Congreso —entonces dominado por el Movimiento al Socialismo (MAS)— impulsó una ley para limitar la capacidad del Ejecutivo de aplicar estados de excepción sin control parlamentario.

Esa restricción, ahora derogada, obligaba al presidente a someter cualquier medida excepcional al aval del Legislativo, que además podía introducir modificaciones para evitar abusos. La eliminación de ese mecanismo implica un cambio sustancial en el equilibrio de poderes.

La conflictividad ya dejó víctimas fatales. El Gobierno confirmó la muerte de un manifestante de 24 años durante enfrentamientos en La Paz, lo que elevó la preocupación por una posible escalada de violencia si se concreta la intervención militar en las calles.

La administración de Paz, que lleva apenas seis meses en el poder, enfrenta además una situación económica delicada, descrita por distintos sectores como la peor en cuatro décadas. Las protestas comenzaron con reclamos por medidas económicas, pero derivaron rápidamente en pedidos de renuncia del presidente.

Desde el oficialismo sostienen que los bloqueos buscan “alterar el orden democrático” y justifican la necesidad de endurecer la respuesta estatal. En cambio, voces opositoras y algunos legisladores advierten que la medida podría derivar en violaciones a los derechos humanos y agravar el conflicto social.

Las críticas también apuntan al impacto que tendría un eventual estado de excepción sobre las libertades civiles. Este tipo de medidas permite restringir derechos como la circulación y la reunión, lo que afecta directamente la capacidad de protesta de los manifestantes.

En el plano internacional, el presidente Paz aseguró contar con respaldo externo y denunció la existencia de una campaña coordinada contra su gobierno. En ese marco, mencionó el apoyo de dirigentes y gobiernos extranjeros.