La letra chica de la alianza militar de Javier Milei con Estados Unidos que reabrió la disputa por el Atlántico Sur

Una de las concesiones indeclinables que Estados Unidos le exige al gobierno de Javier Milei es el alineamiento en defensa, una de las líneas rojas de la nueva doctrina de seguridad del país norteamericano. La compra de los aviones caza F-16, las visitas recurrentes de jefes militares al país, los ejercicios conjuntos y otras iniciativas forman parte de una hoja de ruta que Washington promueve para reforzar su presencia en el Atlántico Sur. Y que Casa Rosada adoptó como parte del giro en política exterior que cobró otro tenor desde que Donald Trump asumió su segundo mandato.

La última expresión de esa alianza total quedó plasmada en una serie de movimientos que indicaron que la cooperación bilateral, especialmente en lo militar, no solo es cosa seria sino transversal a todo el gabinete libertario. Un indicio fue la foto política poco habitual que dejó el primer ejercicio bilateral “Daga Atlántica 2026”, aprobado por el Gobierno para este año, que reunió a figuras clave de la arquitectura internacional del proyecto de Milei.

Invitados por el ministro de Defensa Carlos Presti, presenciaron las actividades el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de Salud, Mario Lugones, y el propio Pablo Quirno, que desde que asumió como canciller está abocado a cristalizar las inversiones extranjeras más que a terminar de completar el organigrama de Cancillería. Tampoco fue casual la presencia del embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, en la primera etapa del ejercicio militar que concluyó el pasado miércoles.

La foto ocurrió días después de que se desatara una polémica en torno a la firma de una carta de intención entre el jefe de la Armada Argentina, Juan Carlos Romay, y representantes de la Cuarta Flota del Comando Sur, el organismo que defiende los intereses estadounidenses en la región. El entendimiento fue anunciado por la Embajada de Estados Unidos como parte del programa de Protección de Bienes Comunes Globales (Protecting Global Commons), una iniciativa de cooperación de cinco años con la que Washington impulsa actividades de vigilancia y seguridad marítima en regiones consideradas estratégicas.

La controversia giró en torno a la presunta señalización de áreas dentro de la plataforma continental argentina como “bienes globales” (una confusión conceptual que luego fue aclarada por fuentes oficiales), contrario a las leyes nacionales e internacionales. Pero también al hecho de que fuera presentada por la Embajada de Estados Unidos en sus redes sociales de manera unilateral. En medio del revuelo, dos días después -el 20 de mayo- llegó la respuesta del Gobierno nacional a través de la cartera de Defensa, que respondió desde una lógica operativa, mientras que la Cancillería evitó pronunciarse al respecto.

La seguidilla, en tanto, dejó entrever que la discusión en torno a la iniciativa no giró tanto alrededor del equipamiento militar implicado (como la donación de drones o combustible al país, a partir de otras dos cartas de intención firmadas el 4 de junio) como de su significado geopolítico: impulsar las directivas del corolario Trump a la Doctrina Monroe, que pretende expulsar a China y otras potencias de la región denominada “hemisferio occidental”. Pero también de la facultad del Ejecutivo, a cargo de Milei, de tejer una alianza militar a través de cartas de intención sin dar precisiones sobre su contenido.

La controversia: la plataforma argentina y el Atlántico sur como “bien común global”

La elección de la terminología utilizada por Washington encendió alarmas entre especialistas en defensa, referentes de la oposición y expertos en Atlántico Sur. No porque la carta de intención implique, por sí misma, un acuerdo o una presencia militar extranjera permanente (en estos casos debería intervenir el Congreso) sino porque la categoría utilizada por Washington (“bienes comunes globales”) remite a una visión geopolítica específica sobre espacios considerados estratégicos para sus intereses.

En tanto, la polémica obligó al Ministerio de Defensa a salir a aclarar el alcance de la iniciativa. Según supo PERFIL, está enmarcada en el Programa 333 del Departamento de Defensa estadounidense destinada a fortalecer capacidades argentinas de vigilancia, monitoreo y control marítimo. “No implica soberanía compartida ni internacionalización del Mar Argentino”, señalaron desde el ministerio. La explicación agrega que “lo común no es la jurisdicción sobre el Mar Argentino, sino la cooperación frente a desafíos compartidos vinculados a la seguridad marítima y la estabilidad regional”.

Según Defensa, el programa contempla transferencia tecnológica, incorporación de aeronaves de patrulla marítima, drones navales, sistemas ISR, capacidades de comando y control, simuladores y capacitación para personal argentino. Todas las capacidades incorporadas permanecerán bajo control de la Armada Argentina y no contemplan bases, despliegues permanentes ni control operativo extranjero, indicaron.

Críticas de la oposición

Pero la aclaración de la cartera de Presti no terminó de saldar la discusión sino que la amplificaron. Así se vio en algunas de las iniciativas más recientes para que el Gobierno brinde explicaciones que vayan más allá de lo técnico, como la ampliación del pedido de juicio político a Milei por parte del diputado de La Cámpora, Juan Marino, hasta el pedido de informe al Ejecutivo por parte del diputado socialista Esteban Paulón, quien insistió con la idea de que la medida implica una “cesión de soberanía”.

Para Francisco Cafiero, exsecretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, el interrogante no pasa por el documento en sí (resaltando que no se trata de un acuerdo militar sino de un instrumento firmado entre ambos ejecutivos), o los equipos incorporados por parte de EE.UU., sino por la narrativa elegida para presentar la iniciativa y el lugar en que deja a la Argentina en el marco de la transición global. “Es un pésimo antecedente que otro país nomine con categorías que no son propias de un territorio nacional”, sostuvo en diálogo con PERFIL.

El exfuncionario también cuestionó el hecho de que la explicación pública haya llegado primero desde Washington y no desde Buenos Aires. “Que haya sido el embajador de Estados Unidos quien comunicó la carta de intención, y que luego estemos todos corriendo detrás de la pelota, es algo insólito. Ni con (Mauricio) Macri había pasado. Hoy diseñamos una política exterior y de defensa como si fuésemos un brazo de EE.UU, una semi colonia, donde sos un país formalmente independiente pero las decisiones estratégicas las toman otros”, afirmó.

La observación apunta a uno de los puntos más sensibles de la controversia. Mientras la Embajada estadounidense presentó la iniciativa en clave estratégica, vinculándola a la protección de los llamados “bienes comunes globales”, la respuesta argentina llegó después y se concentró exclusivamente en los aspectos técnicos y operativos del programa. Para Cafiero, esa diferencia no es casual sino que tiene que ver con una estrategia más amplia impulsada por Washington para reforzar su influencia en una región clave de cara a la competencia con China por infraestructura estratégica y minerales críticos.

“El objetivo estratégico de Estados Unidos es replegarse con toda su fuerza hacia la región”, explicó. Según su análisis, la prioridad norteamericana consiste en reducir la presencia china en el hemisferio para concentrar recursos en escenarios considerados más críticos para la competencia global, como el Indo-Pacífico. En esa línea, sostuvo que la política exterior y de defensa impulsada por Milei reproduce de manera casi automática la mirada estratégica de Washington. “La política exterior y de defensa tiene una anteojera americana y no una anteojera argentina”, resumió.

La referencia adquiere especial relevancia en momentos en que Estados Unidos volvió a colocar a América Latina entre sus prioridades estratégicas. Tanto la Estrategia de Seguridad Nacional como documentos recientes del Departamento de Defensa identifican a China como el principal desafío geopolítico de largo plazo y promueven una mayor cooperación con fuerzas armadas latinoamericanas para limitar su influencia en la región. Parte de la estrategia soft, en tanto, es este tipo de actividades: desde visitas de funcionarios (encabezados por el Comando Sur), hasta ejercicios bilaterales o transferencia de tecnología.

El motivo implícito: un mensaje a China

La posición coincide con el perfil adoptado por el embajador Peter Lamelas, presente en el ejercicio que concluyó el pasado 10 de junio en Córdoba. Desde su desembarco en Buenos Aires, el empresario farmacéutico adoptó una actitud “al estilo Trump” en materia diplomática, según reconstruyó este medio de fuentes diplomáticas.

Muy activo tanto en redes como en eventos oficiales y diplomáticos, Lamelas, figura emblemática del universo MAGA y principal aportante individual de la campaña Trump, se puso al hombro la tarea de expulsar a China de áreas sensibles de Argentina, tal como había anticipado en su presentación ante el Senado estadounidense el año pasado, donde advirtió la “influencia maligna” de potencias adversarias (incluido el gigante asiático) y hasta dijo que vigilaría a los gobernadores para que “no hagan acuerdos con los chinos”.

En esa línea, para el especialista en Atlántico Sur y Pesca, César Lerena, la lectura geopolítica de la renovada alianza militar resulta inevitable. En relación al eje de la polémica, si bien considera que la Carta de Intención firmada entre el Pentágono y la Armada Argentina carece de precisiones suficientes para determinar su alcance, entiende que la preocupación central de Washington no pasa por la seguridad per se.

“Los estadounidenses no están preocupados por la pesca ilegal en sí misma sino por la presencia china en la región. Es obvio que su sola presencia en los puertos y en el mar argentino es un claro mensaje a terceros países”, dijo a PERFIL. “No hay ‘Bienes Comunes Globales’ en el mar territorial ni en ninguna Zona Económica Exclusiva (ZEE), ya que son espacios marítimos de jurisdicción y dominio del Estado ribereño”, aclaró.

La interpretación coincide con la visión expresada por Cafiero: detrás de la cooperación militar, la transferencia tecnológica y los programas de vigilancia marítima aparece una disputa estratégica más amplia vinculada al reposicionamiento de Estados Unidos en América Latina y a la competencia con Beijing.

PERFIL consultó al Palacio San Martín para conocer su interpretación sobre la referencia a los llamados “bienes comunes globales” y sobre el alcance geopolítico de la iniciativa, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.