¿Podrá la ‘mano dura’ del próximo gobierno de Colombia frenar la expansión de coca?

La extensión de los cultivos ya no es un indicador confiable para estimar el volumen de cocaína producido. El rendimiento por hectárea ha aumentado considerablemente.

Naciones Unidas finalmente publicó los datos sobre los cultivos de coca en Colombia correspondientes a 2024. Aunque las plantaciones siguen expandiéndose, también se concentran cada vez más en territorios específicos, lo que podría facilitar los planes del presidente electo de reanudar la erradicación aérea a gran escala.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el gobierno colombiano registraron 261.000 hectáreas de coca en 2024, lo que representa un aumento del 3,5% respecto a 2023. El informe se publicó con 18 meses de retraso debido a desacuerdos metodológicos con el actual presidente, Gustavo Petro.

Petro cuestionó las estimaciones que apuntaban a un incremento de hasta el 53% en la producción potencial de cocaína entre 2023 y 2024. Como consecuencia, por primera vez en más de dos décadas, el informe omitió las estimaciones de producción de cocaína y se limitó a reportar la superficie cultivada de coca.

“Se mantienen los cultivos con un perfil mucho más industrializado y también se mantiene la dinámica de los enclaves”, afirmó Amado de Andrés, representante de la ONUDD en Colombia, a El Tiempo. “Ese crecimiento de apenas un 3,5% entre un año y otro no significa que todo el fenómeno haya permanecido estable. Lo que ocurrió fue que los aumentos registrados en las zonas de enclave compensaron las reducciones observadas fuera de esos enclaves”.

El informe muestra que los cultivos de coca continúan concentrándose en enclaves específicos del país. Esta tendencia no es nueva y se viene consolidando desde 2012. Actualmente, el 47% de toda la coca del país se concentra en apenas diez municipios, ubicados en cuatro de los 32 departamentos colombianos: Nariño, Cauca, Norte de Santander y Putumayo.

Nariño, en la frontera con Ecuador, sigue siendo el principal enclave cocalero del país, con 74.547 hectáreas, 9.550 más que en 2023. Solo el municipio de Tumaco concentra 31.300 hectáreas.

Por su parte, Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, pasó a ocupar el segundo lugar con 48.739 hectáreas, concentradas principalmente en el municipio de Tibú. Le siguieron Putumayo, con 44.473 hectáreas, y Cauca, con 36.876.

¿Qué implica esto para el próximo gobierno?

La concentración de casi la mitad de los cultivos de coca en apenas diez municipios le da al presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, quien asumirá el cargo en agosto, objetivos claros para su estrategia de erradicación aérea, una de sus principales promesas de campaña.

En teoría, esto le permitiría afectar rápidamente cerca de la mitad de los cultivos que abastecen la producción de cocaína del país. Sin embargo, llevarlo a la práctica es mucho más complejo.

La erradicación de cultivos ha sido uno de los pilares de la política antidrogas colombiana respaldada por Estados Unidos desde el inicio del Plan Colombia en 2000. Hasta 2015, esa estrategia se basaba principalmente en fumigaciones aéreas con glifosato, realizadas por avionetas que rociaban los cultivos de coca y destruían toda la vegetación en las zonas intervenidas.

Ese programa fue suspendido en 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) y posteriormente limitado por las cortes debido a los posibles riesgos para la salud.

De la Espriella propone reemplazar las avionetas por drones equipados con bioherbicidas. Pero para hacerlo deberá superar varios obstáculos legales. Tendrá que cumplir las condiciones fijadas por la Corte Constitucional para garantizar que las fumigaciones no vulneren los derechos de las comunidades, además de obtener la autorización del CNE y las respectivas licencias ambientales.

“El reto, particularmente, es legal: ver cómo el próximo gobierno va a entender las órdenes de la Corte Constitucional y cómo la Corte va a hacer respetar su propia jurisprudencia en clave de permitir o ponerle un freno a la fumigación”, dijo Paula Aguirre, directora de Elementa, una organización civil en Colombia.

A los retos legales se suman los desafíos operativos. Aunque la Policía Antinarcóticos ha efectuado pruebas con drones para la erradicación de cultivos, actualmente no existe una flota lista para ejecutar una campaña a gran escala. Será necesario seleccionar un modelo adecuado, adquirir o fabricar suficientes equipos y desplegarlos, un proceso que requerirá tiempo y recursos.

Además, los diez municipios donde se concentra la mayor parte de los cultivos de coca son también bastiones de grupos armados ilegales. Es poco probable que estas organizaciones permitan el ingreso de operadores de drones para destruir los cultivos, al igual que en el pasado obstaculizaron el trabajo de los equipos de erradicación manual.

Algunos de estos grupos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), llevan seis décadas enfrentándose al Estado colombiano y hoy son más fuertes que nunca, en gran parte gracias a las rentas del narcotráfico. Garantizar la erradicación en estas zonas requeriría operaciones militares considerables.

Una estrategia ya conocida

La estrategia que propone De la Espriella ya se intentó en el pasado. La verdadera excepción fue el enfoque impulsado por Gustavo Petro.

Al llegar al poder en 2022, el mandatario planteó un cambio de enfoque. Prometió reducir la erradicación de cultivos porque, según argumentaba, esta castigaba principalmente a los campesinos cocaleros, el eslabón más débil y menos rentable de la cadena del narcotráfico.

En su lugar, aseguró que concentraría los esfuerzos en los niveles superiores del negocio: los grandes narcotraficantes, los intermediarios internacionales y los funcionarios corruptos que les brindaban protección. Paralelamente, impulsó negociaciones con los grupos armados ilegales como parte de su estrategia de Paz Total.

La estrategia no produjo los resultados esperados. Los cultivos de coca continuaron creciendo y los grupos armados aprovecharon los diálogos para expandirse hacia nuevos territorios, acceder a más zonas cocaleras, controlar corredores estratégicos y asegurar rutas de salida para la cocaína. Cuando Petro entregue el poder a De la Espriella el próximo mes, el negocio de la cocaína será más grande y estará más internacionalizado que nunca.

Incluso si el nuevo presidente logra poner en marcha una campaña masiva de erradicación, difícilmente alcanzará los niveles de campañas anteriores: las 172.000 hectáreas fumigadas desde el aire en 2006 o las 130.000 hectáreas que, según cifras oficiales, fueron erradicadas manualmente en 2020 durante la administración de Iván Duque. De hecho, los cultivos de coca aumentaron durante el gobierno de Duque, a pesar de ese nivel de erradicación.

Además, la extensión de los cultivos ya no es un indicador confiable para estimar el volumen de cocaína producido. El rendimiento por hectárea ha aumentado considerablemente. Cuando comenzó el Plan Colombia en 2000, investigaciones de campo de InSight Crime en Putumayo estimaban un rendimiento promedio de cuatro kilogramos de cocaína por hectárea al año, distribuidos en dos o tres cosechas. Hoy, debido al uso de nuevas variedades de coca, mejores prácticas agrícolas, hasta seis cosechas anuales, técnicas más eficientes para extraer el alcaloide y procesos más sofisticados de purificación y cristalización, el rendimiento puede superar los diez kilogramos por hectárea.

La presión de las fumigaciones aéreas y la erradicación manual también obligó a los narcotraficantes a adaptarse. Durante la época de las fumigaciones, los cultivadores redujeron el tamaño de las parcelas a menos de tres hectáreas y comenzaron a sembrar coca entre cultivos de plátano, palma o café para dificultar su detección desde el aire. Más tarde, cuando la erradicación manual cobró fuerza, los grupos armados movilizaron a las comunidades para bloquear el ingreso de las brigadas encargadas de destruir los cultivos.

“Es un ciclo en el que se intentan una y otra vez las mismas estrategias; reducen los cultivos, pero no de manera significativa y solo por un corto tiempo”, dijo Aguirre a InSight Crime.

“Después, cuando vas y miras, el cultivo ya no está ahí, sino que se movió dos municipios al lado, o se amplió la frontera agrícola, o se siembra en parques naturales o en zonas protegidas. Es un ciclo interminable, en el que no hay intentos de entender cuáles son las verdaderas causas de la proliferación de los cultivos”, agregó.