Informe de las Naciones Unidas: Salir de la trampa de la deuda

De acuerdo al reciente informe publicado por la Unesco: Salir de la trampa de la deuda: documento de política sobre la recuperación del espacio fiscal para salvar la educación, “el servicio de la deuda está desplazando cada vez más la inversión en los sistemas de educación y formación, socavando el crecimiento a largo plazo, la resiliencia y la movilización de los ingresos nacionales”. En otras palabras: en la medida que la mano de obra de un país es menos calificada, al mismo tiempo florece el empleo precario, se estanca la movilidad social, baja la productividad del trabajo y se acumulan rezagos estructurales en áreas críticas, donde los avances se suceden a gran velocidad y el saber especializado es una necesidad estratégica.

El organismo apunta que el servicio de la deuda en 113 países del Sur Global, donde viven unas 6.100 millones de personas, los recursos públicos destinados a honrar acreencias superan los que se destinan a financiar la educación pública. Así, desde 2017, por cada dólar que esos países destinan al servicio de la deuda, sus aportes a la educación disminuyen en términos reales una medida de 0,28 dólares.

Según el último reporte de deuda publicado por el Banco Mundial, la deuda total de los países latinoamericanos y caribeños asciende a 2.000 billones de dólares, que representan el 128 % de las exportaciones y el 34 % del ingreso nacional bruto. Es casi el doble de lo que se adeudaba en 2010 y la tendencia sigue en alza.

Lo invisible

No se trata de un problema abstracto de montos, sino de lo que entraña cumplir con los servicios de pago de la deuda. A diferencia de lo que ocurre con el presupuesto nacional, los gobiernos tienen un margen de maniobra muy limitado en esta materia y son severamente sancionados en caso de incumplimiento. Por eso, no sorprende que los servicios de la deuda representen porcentajes importantes de los ingresos de un país, aunque estos sean muy magros.

De otra parte, cuando se da carta blanca a un financiamiento, la sostenibilidad se evalúa atendiendo casi exclusivamente a la capacidad de reembolso. Así, aunque organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial apelan discursivamente a un nivel mínimo innegociable de “gasto social” para aprobar un paquete económico, en la práctica, esos mecanismos no ofrecen protección real en ninguna de esas áreas; antes bien, cuando el dinero disminuye y aparece la presión fiscal, lo que suele sacrificarse es la inversión social.

La Unesco advierte que no siempre se trata de recortes abiertos, pues basta con un estancamiento de los fondos asignados para que ello se traduzca en la disminución de la inversión pública en términos reales. Los sistemas educativos de la región son una muestra elocuente de ello: con frecuencia se congelan los salarios de los docentes durante años, se destinan menos recursos para el mantenimiento de instalaciones y para adquirir material didáctico, y se invierte menos en la formación de cada estudiante.

Si se añaden los efectos de la inflación y el cambio demográfico, el resultado es que, “con el tiempo, estas restricciones fiscales se traducen en peores resultados educativos y una mayor desigualdad, al mismo tiempo que debilitan la resiliencia del sistema ante las crisis, con efectos desproporcionados en las niñas, las poblaciones rurales y los hogares de ingresos bajos”, puntualiza la agencia. El cuadro final apunta hacia la profundización de otras desigualdades sistémicas y una merma en la calidad de la educación que ofrece el sector público.

Por ese motivo, el organismo no duda en alertar que “sin medidas contundentes para reducir la carga del servicio de la deuda y proteger la financiación de la educación, es probable que la dinámica actual de la deuda perpetúe un ciclo de falta de inversión, desigualdad y estancamiento del desarrollo”.

¿Qué hacer?

El recetario habitual parece quedarse corto frente a los desafíos que supone sostener y consolidar sistemas educativos de calidad en América Latina y otras zonas del Sur Global. En ello, los gobiernos son los primeros llamados a tomar medidas efectivas, aun bajo las limitaciones que imponen los servicios de la deuda.

La Unesco recomienda que se incluya la financiación de la educación como una partida explícita en las estrategias fiscales y de gestión de acreencias, pues eso “contribuiría a garantizar que la sostenibilidad de la deuda se evalúe no solo en función de la capacidad de reembolso, sino también de las prioridades de desarrollo”. A ello agrega la protección de la inversión en educación y la reducción de la presión de la deuda –especialmente la interna– sobre los presupuestos educativos.

De su parte, las instituciones financieras internacionales deberían incluir indicadores relevantes sobre la educación en sus análisis sobre la sostenibilidad de las deudas, así como reforzar y aplicar medidas que protejan los fondos públicos para financiar la educación, tanto en el corto como en el largo plazo.

Los acreedores bilaterales –otros países– o particulares tendrían que “apoyar medidas de tratamiento de la deuda que generen reducciones duraderas del servicio de la deuda, en lugar de reajustes temporales que limiten el espacio fiscal”, así como armonizar los resultados de la reestructuración de cualquier deuda a los objetivos de desarrollo.

Finalmente, la Unesco exhorta a las instituciones multilaterales, los foros mundiales y otras organizaciones donantes a respaldar más activamente mecanismos que permitan aliviar la deuda a cambio de más financiamiento a la educación, a la que debe entenderse como un factor determinante para el desarrollo de los países.

Mensajes clave del Informe

1. La crisis de la deuda se ha convertido en una crisis del desarrollo. Las elevadas y crecientes cargas del servicio de la deuda están desplazando sistemáticamente la inversión pública en educación y en otros sectores sociales cruciales, lo que está socavando los avances en materia de crecimiento, reducción de la pobreza y hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. El servicio de la deuda ya supera el gasto en educación en gran parte del Sur Global. En 113 países, que representan 6.100 millones de personas, el gasto público en el servicio de la deuda supera el gasto en educación. Desde 2017, de media, por cada dólar adicional destinado al servicio de la deuda, el gasto en educación disminuye en términos reales en aproximadamente 0,28 dólares.
3. Las elevadas ratios del servicio de la deuda se traducen directamente en una presión sobre los sistemas educativos. Cuando el servicio de la deuda absorbe entre el 30 % y el 40 % de los ingresos públicos, los presupuestos educativos a menudo se congelan o sufren recortes en términos reales, lo que contribuye a la escasez de docentes, al deterioro de las infraestructuras y al aumento de las brechas de aprendizaje.
4. El gasto en educación es esencial a nivel macroeconómico para la sostenibilidad de la deuda, no discrecional. La inversión sostenida en educación favorece el crecimiento de la productividad, la movilización de los ingresos nacionales y la resiliencia ante las crisis, lo que, en última instancia, refuerza la capacidad para soportar la deuda a largo plazo y reduce el riesgo de que se repitan ciclos de crisis de deuda.
5. El alivio de la deuda debe generar un espacio fiscal previsible y protegido para la educación. Sin mecanismos explícitos para salvaguardar y destinar el espacio fiscal a la educación, las medidas de tratamiento de la deuda corren el riesgo de quedar absorbidas por el continuo servicio de la deuda, la acumulación de reservas o la consolidación fiscal ad hoc.
6. Una coordinación eficaz entre los acreedores es esencial para alinear los resultados de la deuda con los objetivos de desarrollo. La fragmentación del panorama de los acreedores y los largos procesos de reestructuración alargan los ajustes, aumentan los costes sociales y retrasan la recuperación, especialmente en los países de ingreso bajo y vulnerables al clima.
7. Las medidas de política nacional y el apoyo internacional deben reforzarse mutuamente. Una gestión sólida de las finanzas públicas, unos presupuestos transparentes y unas estrategias creíbles para el sector educativo son complementos esenciales del alivio de la deuda y de una financiación en condiciones favorables.
8. Alinear la sostenibilidad de la deuda y la financiación de la educación es un requisito previo para una recuperación duradera. Incluir la educación en los planes de alivio, reestructuración y ajuste de la deuda no es solo un imperativo social, sino también una necesidad macroeconómica para salir de la trampa de la deuda y restablecer un crecimiento sostenible e inclusivo.