Elecciones de 2026: El reconocimiento facial y la vigilancia masiva son promesas fáciles, pero no garantizan la seguridad

Las propuestas que incluyen el reconocimiento facial y millones de cámaras se convierten en promesas fáciles en las campañas electorales, pero ignoran el hecho de que más datos y control no garantizan menos violencia en Brasil.

En febrero de 2025, durante una operación en el barrio de Cangaíba, en la Zona Este de São Paulo, dos policías militares torturaron a jóvenes que ya se habían entregado para obtener información sobre la ubicación de depósitos de drogas. La condena de los policías por el Tribunal Militar en 2026 solo fue posible porque las cámaras corporales grabaron las agresiones, contradiciendo la versión presentada por los agentes.

El caso demuestra cómo la tecnología puede tener efectos muy diferentes en la seguridad pública. Si bien puede contribuir a la transparencia de la actuación policial y a la rendición de cuentas de los agentes por abusos, también alimenta la idea de que las nuevas tecnologías son, por sí solas, la solución a problemas complejos.

Es precisamente esta promesa la que cobra fuerza durante los periodos electorales. Con las elecciones de este año acercándose, el tema de la seguridad pública vuelve a estar en el centro de la atención, reavivando una batalla de discursos: comienza una verdadera carrera por encontrar soluciones.

En este contexto, las nuevas soluciones tecnológicas están modernizando los métodos de vigilancia y control, y surgen promesas de soluciones para combatir la violencia; esto no es nuevo.

Más allá de ser simples herramientas de gestión e infraestructura, estas tecnologías se están incorporando al discurso político, que las asocia con eficiencia, control y autoridad.

Desde la década de 1980, Brasil ha vivido con altos niveles de violencia. Durante las décadas siguientes, los homicidios han aumentado de forma constante, superando las 50.000 muertes anuales a principios de la década de 2000 y alcanzando más de 56.000 en 2012.

Más allá de un problema cuantitativo, la violencia en Brasil está marcada por profundas desigualdades. Muchas de las víctimas son jóvenes, negras, de bajos ingresos y residentes de periferias urbanas que han enfrentado la muerte como una sentencia en un escenario de extrema vulnerabilidad socioeconómica.

Según datos del último Anuario Brasileño de Seguridad Pública, Brasil registró 40.775 muertes violentas intencionales en 2025; de estas, el 41,6% correspondían a jóvenes de entre 18 y 29 años, el 90,8% a hombres y el 79,7% a personas negras.

En cuanto a la letalidad policial, el Anuario contabilizó 6.602 víctimas, lo que representa un aumento del 5,4% con respecto al año anterior; en este contexto, los datos muestran que las personas negras fallecieron 3,5 veces más a menudo que las blancas.

El miedo al crimen es una preocupación constante para los brasileños: altera nuestra forma de movernos por la ciudad, nuestra vestimenta y nuestro comportamiento. Cambia nuestra conducta, nuestra visión del mundo y, como era de esperar, puede influir en nuestro voto.

En este contexto, la controversia sobre cómo combatir el crimen en Brasil se convierte en un punto clave de las elecciones brasileñas. Es en este espacio, marcado por el miedo y la búsqueda de respuestas inmediatas, donde las tecnologías de seguridad comienzan a cobrar protagonismo.

Escollos

Dada la complejidad del escenario, es necesario tener cuidado de no caer en la trampa de soluciones que, en lugar de abordar las causas profundas del problema, solo promueven respuestas rápidas y simplistas.

Experiencias recientes ayudan a comprender esta tendencia. Iniciativas como Smart Sampa en São Paulo, el uso de cámaras inteligentes por parte de empresas como Gabriel y plataformas como Cortex en Río de Janeiro se citan frecuentemente como ejemplos de progreso en seguridad pública. Sin embargo, al igual que Smart Sampa, su promesa coexiste con fallas que producen impactos reales en la vida de las personas. Entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, 82 personas fueron llevadas a comisarías y posteriormente liberadas debido a inconsistencias en las órdenes de arresto, errores de registro o falsos positivos en el reconocimiento facial. Estos episodios demuestran que los errores del sistema no son meramente técnicos: resultan en enfoques inadecuados, restricciones a la libertad y violaciones de derechos fundamentales.

Más que políticas específicas, estos proyectos se convierten en parte del repertorio de las campañas electorales, funcionando como signos de innovación y capacidad de gestión. Sin embargo, estas promesas sustentan una narrativa tecnopunitiva que asocia el desarrollo tecnológico con una supuesta eficiencia en la seguridad pública, a pesar de que muchas de estas iniciativas no presentan evidencia alguna que demuestre su efectividad en la reducción del delito.

Más datos y más vigilancia

El discurso dominante sobre la implementación de estas tecnologías digitales sugiere que la producción de más datos y una mayor vigilancia implican mayor control y, por lo tanto, mayor seguridad.

Esta idea es atractiva, pero oculta importantes consecuencias: al transformar comportamientos, territorios y poblaciones en datos, estas tecnologías generan clasificaciones, definen patrones de riesgo y expanden formas indebidas de vigilancia.

La ciudad comienza a ser tratada como un espacio que puede ser monitoreado y predecible, mientras que sus habitantes son evaluados continuamente por sistemas que operan con criterios opacos y poca transparencia sobre los impactos reales, los daños causados ​​y las salvaguardias para la protección de los derechos de la población.

Las promesas de control total y vigilancia masiva resultan particularmente atractivas en contextos de inseguridad persistente.

La incorporación de herramientas digitales amplía la capacidad de vigilancia y control estatal, sin que ello implique necesariamente un fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, fundamentales para una política pública centrada en los derechos.

En muchos casos, la complejidad técnica de estas herramientas dificulta la supervisión pública y reduce la posibilidad de cuestionamiento.

Un ejemplo es el uso de sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos. Cuando una cámara identifica a una persona como posible sospechosa, rara vez tiene acceso a la información que condujo a esta conclusión: qué imágenes se utilizaron, qué criterios consideró el sistema, el grado de precisión de la identificación o qué mecanismos existen para impugnar el resultado.

De este modo, una decisión con consecuencias potencialmente concretas para la vida de una persona queda mediada por tecnologías cuyo funcionamiento permanece en gran medida opaco para la sociedad.

Seguridad pública y retrocesos democráticos

La bandera de la seguridad pública es uno de los temas más eficaces para justificar los retrocesos democráticos y la pérdida de derechos, utilizándose en discursos políticos que defienden respuestas de penas más severas y la expansión del poder estatal, a menudo con el argumento de que son necesarias medidas excepcionales para hacer frente a la violencia. Con las elecciones de 2026 acercándose, es crucial observar cómo se instrumentalizarán todos estos argumentos, promesas y soluciones para obtener más votos, especialmente en las plataformas de gobierno de los candidatos a la Presidencia de la República.

Históricamente asociada con sectores de la extrema derecha, la agenda de seguridad pública se ha utilizado para defender políticas basadas en una mayor represión, la expansión de las capacidades de vigilancia y la reducción de las garantías individuales en nombre de la lucha contra el crimen.

Un ejemplo reciente es el plan de seguridad pública “Brasil Sin Miedo”, presentado por el senador y posible candidato presidencial Flávio Bolsonaro, del partido PL de Río de Janeiro. Entre las propuestas anunciadas se encuentran el endurecimiento de la legislación penal, el aumento de la inversión federal en seguridad y la instalación de un millón de cámaras, incluyendo sistemas de reconocimiento facial para identificar fugitivos y monitorear espacios públicos.

La propuesta refleja una lógica recurrente: la asociación entre mayor vigilancia, mayor control y mayor seguridad, incluso sin presentar necesariamente evidencia sobre la efectividad de estas medidas o su impacto en los derechos fundamentales.

Sin embargo, esta es también una de las mayores vulnerabilidades del sector.