- La propuesta prioriza sectores como logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas como el hidrógeno y la energía solar, además de áreas en las que Bolivia ya cuenta con capacidades productivas.
- El proyecto busca limitar la discrecionalidad política en procesos de nacionalización y expropiación. Estas decisiones deberán pasar por el Congreso, además de reconocer el valor patrimonial de los bienes afectados.
El Gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Inversiones de 103 artículos, que busca atraer capital nacional y extranjero, establecer nuevas reglas para la actividad inversora y crear una Agencia Nacional de Inversiones para coordinar la promoción y atracción de capitales en Bolivia.
“Esta ley, en su esencia central, tiene tres pilares fundamentales: normalizar la inversión, crear un sistema de incentivos y regulación que permita dar previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza, y ordenar una gran cantidad de incentivos y normativa legal”, explicó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
El primer eje busca “normalizar” la inversión en Bolivia, al considerar que actualmente esta actividad es excepcional frente a otros países de la región. El segundo plantea generar incentivos y reglas claras que otorguen seguridad jurídica, estabilidad, previsibilidad y confianza a inversionistas nacionales y extranjeros.
El tercer pilar apunta a ordenar los incentivos y la normativa que actualmente están dispersos en el ordenamiento jurídico, mediante un Sistema Nacional de Inversiones. En ese marco, se plantea crear una Agencia Nacional de Inversiones para coordinar a las instituciones públicas en la regulación, promoción y atracción de capitales.
La propuesta prioriza sectores como logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas como el hidrógeno y la energía solar, además de áreas en las que Bolivia ya cuenta con capacidades productivas. La agencia también tendrá un Plan Nacional de Inversiones y estrategias de priorización y promoción en el exterior.
El proyecto busca además limitar la discrecionalidad política en procesos de nacionalización y expropiación. Espinoza señaló que estas decisiones ya no podrán ser unilaterales del Ejecutivo y deberán pasar por el Congreso, además de reconocer el valor patrimonial de los bienes afectados.
Sobre los arbitrajes internacionales, el ministro aclaró que el proyecto no plantea modificar la Constitución y sostuvo que Bolivia puede recurrir a estos mecanismos en los ámbitos permitidos por la normativa y los tratados internacionales.
Según Espinoza, la norma fue socializada con sectores empresariales, extractivos, industriales, productivos y gremiales; si es aprobada, la Agencia Nacional de Inversiones comenzaría a trabajar al día siguiente y su constitución no debería superar los 90 días.
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