La factura de los rescates bancarios en América Latina

El colapso de Ueno Bank en Paraguay, que provocó la destitución y posterior detención del presidente Santiago Peña, se suma a una historia regional de crisis financieras con altos costos públicos

La crisis de Ueno Bank en Paraguay ha tenido consecuencias que van mucho más allá del sistema financiero. El pasado viernes, el Senado destituyó al presidente Santiago Peña en un juicio político y, poco después, la Fiscalía ordenó su detención por su presunta implicación en las irregularidades que llevaron a la liquidación de la entidad. El vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la presidencia. El ahora expresidente Peña deberá responder ante la Justicia por una investigación que también alcanza a antiguos responsables del banco y del organismo supervisor. El episodio ha devuelto la atención a una historia que no es ajena en América Latina: las crisis bancarias que terminan comprometiendo recursos públicos y ponen a prueba la capacidad de los gobiernos para proteger a los ahorradores.

El Banco Central de Paraguay acordó el 2 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una medida que anunció públicamente al día siguiente. La decisión se tomó después de detectar que el banco no cumplía con los niveles mínimos de solvencia exigidos por la ley. La entidad tenía cerca de tres millones de clientes y gestionaba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, según datos recogidos por Reuters. Entre ellos había unos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (el organismo paraguayo encargado de gestionar las pensiones y jubilaciones).

Las investigaciones examinan préstamos concedidos a empresas del Grupo Vázquez, el conglomerado empresarial que controla el banco y al que pertenece su principal accionista. Los investigadores sospechan que parte de esos créditos se concedió a compañías relacionadas con el propio grupo. Mientras avanzan las pesquisas, el Banco Central ha puesto en marcha el mecanismo de garantía de depósitos, que protege los ahorros hasta un máximo de 75 salarios mínimos por persona y banco, unos 30.000 dólares. Según las estimaciones difundidas por las autoridades, el límite cubriría los depósitos de alrededor del 97% de los clientes de la entidad.

El país ya había atravesado varias crisis bancarias entre 1995 y 2003. La primera oleada, entre 1995 y 1998, terminó con el cierre o la liquidación de 13 bancos y 35 financieras. El Fondo Monetario Internacional (FMI) atribuyó aquellos problemas a una liberalización financiera sin controles suficientes, a las deficiencias de supervisión y a prácticas como los préstamos concedidos a empresas relacionadas con los propietarios de los bancos. A esa primera etapa le siguieron nuevas crisis en 2002 y 2003, marcadas en parte por el contagio de los problemas financieros de Argentina y Uruguay. En conjunto, los costes asumidos por el Estado y el Banco Central para afrontar aquellos episodios superaron el 16% del Producto Interior Bruto, lo que equivale a unos 1.440 millones de dólares, según estimaciones del FMI.

El Fobaproa, el rescate de la banca mexicana

En México, el rescate bancario posterior a la crisis de 1994 y la devaluación del peso se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la historia económica reciente del país. El Gobierno recurrió al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un mecanismo creado en 1990 que adquirió un papel central durante la emergencia. A partir de 1995, las autoridades pusieron en marcha distintos programas para proporcionar dinero a los bancos, facilitar su recuperación y asumir parte de los créditos que ya no podían cobrar. El objetivo era evitar que la insolvencia de las entidades interrumpiera los pagos y arrastrara los ahorros de millones de personas.

El problema fue que una parte importante de las obligaciones asumidas terminó trasladándose al sector público. En 1999, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) sustituyó al Fobaproa y asumió la gestión de las obligaciones vinculadas al rescate. La operación abrió un prolongado debate sobre la transparencia de las ayudas, la responsabilidad de los antiguos propietarios y el reparto de las pérdidas entre los bancos y el Estado. La Auditoría Superior de la Federación calculó que el coste fiscal total del rescate bancario ascendía a 1,248 billones de pesos a diciembre de 2004 (112.000 millones de dólares). Los contribuyentes fueron, en buena medida, quienes terminaron por asumir esa factura.

El fraude de Baninter

En República Dominicana, la caída del Banco Intercontinental (Baninter) en 2003 demostró hasta qué punto un banco puede ocultar su verdadera situación financiera. Baninter era el segundo mayor banco comercial del país y, desde septiembre de 2002, sus clientes retiraban el dinero de forma masiva. El 13 de mayo de 2003, el gobernador del Banco Central anunció al país que el banco escondía un fraude de enormes proporciones. Llevaba una doble contabilidad que ocultaba pérdidas y desvíos de fondos. Los técnicos del Banco Central calcularon el agujero en 55.000 millones de pesos, unos 2.200 millones de dólares de entonces, una cantidad que equivalía a dos tercios del presupuesto nacional de ese año.

El Banco Central tuvo que inyectar enormes cantidades de dinero para rescatar a los ahorradores de Baninter. Lo mismo hizo con Bancrédito y Banco Mercantil, otros dos bancos en problemas que acabaron en manos de nuevos dueños. El golpe se sintió en toda la economía dominicana. En apenas dos semanas, el peso pasó de valer 28 por dólar a 35. Según el FMI, la deuda pública casi se duplicó, y el organismo preveía que la economía se contraería un 3% en 2003 y que los precios subirían un 35%. El FMI aprobó un préstamo de unos 600 millones de dólares, y el Gobierno se comprometió a crear nuevos impuestos, como una tasa de salida en los aeropuertos, un recargo a las importaciones y un gravamen a los cheques.

El colapso ecuatoriano

Ecuador vivió una de las crisis más profundas de la región entre 1998 y 2000. Los problemas de varios bancos se combinaron con un entorno económico adverso, marcado por la caída de los precios del petróleo y los efectos del fenómeno de El Niño. Las entidades comenzaron a acumular créditos que no podían recuperar y tuvieron dificultades para devolver el dinero a sus clientes. El Gobierno intervino para sostener a algunos bancos, entre ellos Filanbanco, y el Banco Central emitió sucres para proporcionarles liquidez y hacer frente a los pagos.

El 8 de marzo de 1999, las autoridades decretaron un feriado bancario y suspendieron temporalmente las operaciones de las entidades. La medida se prolongó y estuvo acompañada por el congelamiento de buena parte de los depósitos. Miles de ecuatorianos se encontraron sin acceso a sus ahorros, mientras la moneda perdía valor y aumentaba la desconfianza en el sistema financiero. El 9 de enero de 2000, el Gobierno anunció que el país adoptaría el dólar estadounidense como moneda oficial. A diferencia de México, donde el rescate se articuló mediante ayudas a los bancos y la asunción de parte de sus deudas, en Ecuador la crisis acabó con la sustitución del sucre, la moneda nacional hasta entonces.

El contagio argentino

En 2002, Uruguay sufrió las consecuencias de la crisis económica de Argentina. Muchos argentinos tenían sus ahorros depositados en bancos uruguayos, considerados hasta entonces un lugar seguro para guardar su dinero. Pero, cuando el Gobierno de Fernando de la Rúa limitó las retiradas de efectivo en Argentina y restringió las transferencias al extranjero (en unas medidas conocidas como “el corralito”), aumentó la incertidumbre sobre la disponibilidad de sus ahorros. Muchos comenzaron entonces a retirar también el dinero que tenían depositado en Uruguay. La salida de capitales terminó extendiendo la desconfianza entre los propios ahorradores uruguayos, que también acudieron a los bancos para retirar su dinero.

La desconfianza afectó especialmente a varias entidades, entre ellas el Banco de Galicia Uruguay y el Banco Comercial. La retirada de dinero fue tan intensa que, a finales de julio, el sistema bancario había perdido el 42% de sus depósitos a lo largo de ese año (cerca de 7.400 millones de dólares), según el FMI. El Gobierno declaró un feriado bancario el 30 de julio y suspendió la actividad de varios bancos privados. También aplazó la devolución de parte de los depósitos a plazo de los bancos públicos para evitar que la salida de dinero agravara la crisis.

Uruguay logró evitar una congelación generalizada de los ahorros y la conversión obligatoria de los depósitos a moneda nacional, como había ocurrido en Argentina. Sin embargo, la crisis provocó una fuerte contracción del sistema financiero y obligó a las autoridades a recurrir a un programa de financiación del FMI, cuyo respaldo llegó a unos 2.800 millones de dólares.