La DEA permitió el tráfico y la venta de miles de dosis de fentanilo en Nuevo México: Congreso y fiscalía exigen respuestas

• Una política de la agencia exigía a sus elementos limitarse a recopilar evidencias al investigar redes de tráfico de fentanilo en ese Estado, reveló un reportaje de AP
• En al menos un operativo habrían dejado que cargamentos de hasta 74.000 pastillas del opioide permanecieran en manos de los traficantes. Solo los vigilaron y recopilaron evidencias. Esta controvertida estrategia supuestamente operó entre 2023 y 2025, durante el Gobierno de Joe Biden y hasta el inicio del segundo mandato de Donald Trump. 
• La política de no incautar determinados cargamentos de fentanilo en Nuevo México ha sido comparada con el desastroso operativo Rápido y Furioso, implementado durante la Administración de Barack Obama. En esa operación, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) permitió que más de 2.000 rifles y pistolas fueran adquiridos y cruzaran la frontera sur, pero posteriormente perdió el rastro de la mayoría. Algunas de esas armas terminaron en manos de sicarios de poderosos carteles mexicanos.

La práctica era conocida como fentanyl walking: “permitir el tránsito de fentanilo”. Era una orden precisa que los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) debían acatar mientras los fiscales intentaban construir casos penales sólidos contra redes dedicadas a distribuir esa droga sintética en Nuevo México. En al menos un operativo habrían dejado que cargamentos de hasta 74.000 pastillas del opioide permanecieran en manos de los traficantes. Solo los vigilaron y recopilaron evidencias. Esto ocurrió en plena epidemia de sobredosis que ha cobrado la vida de miles de personas en ese Estado. De acuerdo con testimonios de dos exagentes de la DEA recogidos en un reportaje de Associated Press, esta controvertida estrategia supuestamente operó entre 2023 y 2025, durante el Gobierno de Joe Biden y hasta el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

En respuesta al escándalo, el congresista republicano James Comer y el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, han exigido a la DEA y al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) que entreguen expedientes de investigaciones, comunicaciones internas y otros registros relacionados con dicha política. La solicitud de Torrez también incluye información sobre sus posibles consecuencias para la salud pública en Nuevo México, aunque será difícil determinar con precisión el alcance del daño que pudo haber causado esta práctica.

“Si bien es posible que los agentes de la DEA no cuenten con los recursos para interceptar todos y cada uno de los cargamentos, una política que les ordene no interceptar grandes envíos es inaceptable y, sin duda, provocó daños considerables y la pérdida de vidas”, afirmó Comer en un comunicado. El congresista de Kentucky, quien preside el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, enfocó su solicitud a las actuaciones de la DEA durante el Gobierno de Biden, al que acusa de haber ignorado una directriz del DOJ que exigía a los agentes incautar de inmediato el fentanilo debido a su peligrosidad.

De brazos cruzados y observando

Uno de los operativos en los que agentes antinarcóticos se limitaron a vigilar a traficantes mientras entregaban píldoras de fentanilo y recibían fajos de dólares ocurrió en Albuquerque en junio de 2023. Los narcotraficantes vendieron 74.000 pastillas en un parque de casas móviles. Los agentes habían rastreado las comunicaciones de la organización y estaban preparados para intervenir, pero no lo hicieron. La misma red realizó días antes otra entrega de fentanilo, esta vez oculto en una llanta de repuesto. Tampoco hubo una intervención policial.

“Lo único que hicimos fue quedarnos de brazos cruzados y observar”, declaró a The Associated Press David Howell, un exagente de la DEA que en 2023 presentó una denuncia en la que documentó estas presuntas irregularidades.

Un exsupervisor de la DEA, quien habló con AP bajo condición de anonimato, aseguró que él y otros agentes de la oficina de Albuquerque se hicieron de la vista gorda ante “millones” de píldoras de fentanilo que fueron distribuidas durante una investigación realizada en 2025 y que se extendió por varios estados.

La DEA ha rechazado estos señalamientos y sostiene que las decisiones adoptadas durante esas investigaciones fueron “legales”, “razonables” y “coherentes con las directrices” del Gobierno. “Las descripciones públicas que sugieren que la DEA permitió deliberadamente que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y tergiversan fundamentalmente los hechos”, afirmó la portavoz de la agencia, Amanda Wozniak, en una declaración citada por AP.

A esta polémica se suma otra relacionada con el combate al fentanilo. El cambio de prioridades del Gobierno de Trump ha reducido las investigaciones criminales contra redes dedicadas a distribuir esta droga sintética y los decomisos, al tiempo que agentes de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han sido incorporados a los operativos para detener a migrantes indocumentados en distintos puntos del país, revela un reciente informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Más sobredosis fatales

La política de no incautar determinados cargamentos de fentanilo en Nuevo México ha sido comparada con el desastroso operativo Rápido y Furioso, implementado durante la Administración de Barack Obama. En esa operación, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) permitió que más de 2.000 rifles y pistolas fueran adquiridos y cruzaran la frontera sur, pero posteriormente perdió el rastro de la mayoría. Algunas de esas armas terminaron en manos de sicarios de poderosos carteles mexicanos. Una de ellas fue utilizada para matar al agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry en 2010; otra fue empleada al año siguiente en el asesinato en México de Jaime Zapata, un agente del ICE.

Por ahora, en Nuevo México no existe certeza sobre cuántas de las píldoras que no fueron decomisadas terminaron a la venta en las calles ni, peor aún, cuántas pudieron haber contribuido a provocar sobredosis fatales. Lo que sí se conoce es que, durante el periodo en que la política de la DEA estuvo vigente, el Estado registró un aumento de 21% en las muertes por consumo excesivo de drogas, mientras que a nivel nacional estas disminuyeron 14%.

“El fentanilo está devastando a familias en todo Nuevo México y merecemos saber la verdad sobre la práctica de la DEA de permitir que ese veneno llegue a nuestras comunidades”, declaró el fiscal estatal Torrez. La semana pasada, el funcionario presentó una demanda ante una corte federal de Albuquerque para que sea un juez el que obligue al Departamento de Justicia y a la DEA a revelar toda la información relacionada con esta práctica.

Según Torrez, las autoridades federales se han negado a cooperar y han ignorado sus solicitudes de información. Su objetivo, dijo, es determinar quiénes fueron los responsables y llevarlos ante la justicia. “En lugar de ser transparente con el público, el Departamento de Justicia está obstaculizando una vez más nuestros esfuerzos por esclarecer esta práctica inaceptable”, reclamó el fiscal.