Impuestos | Una nueva era fiscal

Las mayores economías del mundo alcanzan un pacto histórico sobre un impuesto mínimo de sociedades de “al menos el 15%”

Grandes males requieren grandes soluciones. Las mayores economías del mundo parecen haberse dado cuenta de que la competencia fiscal y la existencia de paraísos de baja tributación son un obstáculo demasiado poderoso para encarrilar la recuperación pospandémica. En un pacto histórico firmado en Londres viaja una de sus soluciones: un impuesto mínimo de sociedades de “al menos un 15%” y la imposición a las empresas con márgenes de beneficio superiores al 10% de que paguen al menos una parte de sus impuestos en el territorio en el que operen, y no donde tengan su sede”.

El acuerdo que adelantó el ministro británico de Finanzas, Rishi Sunak, requerirá que los gigantes tecnológicos multinacionales hagan una mayor contribución fiscal. El tipo impositivo del 15% marca un mínimo, lo que abre la puerta a elevarlo como había propuesto Estados Unidos. Francia, por ejemplo, aspira a una cifra común más alta. Se vincula además el avance en la medida a la eliminación del gravamen por servicios digitales que algunos países, como el Reino Unido o Francia, habían impuesto unilateralmente con la oposición de Washington.

“Facilitaremos la coordinación apropiada entre la aplicación de las nuevas normas impositivas internacionales y la retirada de todos los impuestos sobre servicios digitales, y otras medidas relevantes similares, sobre todas las compañías. Nos comprometemos a un impuesto mínimo global de al menos el 15%, aplicado por cada país”, afirma el texto resultado de la reunión. Estados Unidos quería la eliminación inmediata del gravamen digital, pero sus aliados europeos temían que de ese modo las grandes tecnológicas pasarían a pagar ya menos, mientras el Congreso estadounidense tardaría aún tiempo en aprobar la legislación derivada del nuevo acuerdo. A cambio de impulsar el impuesto mínimo, Estados Unidos accede a una demanda histórica del resto de naciones avanzadas. El acuerdo establece que aquellas grandes compañías que obtengan “un margen de beneficios del 10% o más” deberán pagar al menos un 20% de los impuestos sobre sus beneficios globales en los territorios donde operen, y no solo donde tengan la sede social. Queda por decidir el listado definitivo de “grandes compañías” que quedarán sometidas a la nueva medida.

“Mis homólogos de Finanzas y yo hemos llegado a un acuerdo histórico sobre la reforma fiscal mundial que exige a los mayores gigantes tecnológicos multinacionales que paguen su parte justa de impuestos”, ha explicado Sunak en Twitter, donde ha adelantado una parte de lo acordado en la reunión, celebrada en el palacete de Lancaster House, en el centro de Londres. Más allá de lo acordado por los ministros del G-7 (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Italia y Japón) el pacto será analizado en la reunión de ministros de Finanzas del G-20 —países desarrollados y emergentes— y de gobernadores de bancos centrales que se celebrará en julio en Venecia.

En ese comunicado oficial destacan su compromiso para “garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas” muy tocadas por la pandemia, y aseguran que “es vital seguir aprendiendo lecciones de la covid-19” para garantizar que el mundo esté preparado para futuras pandemias. El pacto está pensado para adaptar el sistema fiscal a la era digital global. “Es crucial asegurar que es justo, de modo que las compañías apropiadas [los gigantes tecnológicos] pagan el impuesto adecuado en el lugar que les corresponde y eso es un precio enorme para el contribuyente británico”, añadió el titular británico de Finanzas sobre una cuestión que se ha debatido durante la última década, pero sin llegar a consenso. Hasta ahora. A las buenas noticias y optimismo de Sunak se unían otros ministros. “Es una buena noticia para la justicia fiscal y para la solidaridad, y una mala noticia para los paraísos fiscales del mundo”, ha dicho el alemán Olaf Scholz. La secretaria de Estado del Tesoro estadounidense hablaba de un “compromiso muy significativo y sin precedentes”.

El descomunal gasto público con el que los países han tenido que responder al embate de la pandemia ha acelerado debates que se arrastraban durante años. En concreto, el de la necesidad de un sistema fiscal justo y eficaz en la era de la economía digital. La reunión de Londres es el primer encuentro cara a cara de los responsables de Finanzas de las siete economías más avanzadas del mundo desde que la crisis del coronavirus acabó con las grandes reuniones presenciales. Antes de comenzar una intensa discusión, sus participantes leyeron la carta abierta firmada por los ministros de las cuatro mayores economías de la eurozona publicada por los principales diarios europeos. “El dumping fiscal no puede ser una opción en Europa ni en ningún país del mundo”, afirmaban en el texto la española Nadia Calviño, el francés Bruno Le Maire, el alemán Olaf Scholz y el italiano Daniele Franco. “Esta práctica solo llevaría a una caída aún mayor de la recaudación del impuesto sobre sociedades, más desigualdad y la imposibilidad de financiar los servicios públicos básicos”. Denunciaban los cuatro la práctica llevada a cabo por las grandes tecnológicas de desplazar sus beneficios globales a aquellos territorios ―Irlanda, por ejemplo― que les ofrecen mayores ventajas fiscales. Eso a pesar de que su presencia es ya global y sus ventas y beneficios son particulares en cada país concreto.

La convicción de que hoy más que nunca resulta necesaria una coordinación impositiva que evite la existencia de ganadores y perdedores en la nueva economía digital ha concitado en pocos meses el consenso que se persiguió sin éxito durante años. Al acuerdo todavía le queda mucho recorrido por delante, y su éxito dependerá de un frágil equilibrio entre medidas técnicas y compromiso político global. Pero evidencia que la pandemia ha conseguido lo que parecía imposible: una nueva era fiscal.

LAS CLAVES DE LAS NEGOCIACIONES

Este hito no es el definitivo: todavía quedan varias reuniones clave este año para que se adopte una posición común a mayor escala. Pero es un primer paso que fija una postura contundente para frenar la elusión fiscal de las grandes corporaciones, que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) resta cada año unos 200 000 millones a las arcas públicas de los Estados. El G-7 no tiene un papel formal en el proceso sobre la reforma del sistema fiscal a nivel global, liderado por la OCDE y el G-20. Lo que es cierto es que las naciones que conforman el G-7 ―EE UU, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido― suponen un bloque poderoso con un peso específico relevante y capacidad para presionar a los demás Estados. La UE ha dado luz verde a la directiva que obliga a las multinacionales a desglosar los beneficios y los impuestos que pagan país por país, paraísos fiscales incluidos. También ha inaugurado un organismo independiente sobre fiscalidad (EU Tax Observatory), para que formule propuestas concretas sobre el sistema tributario comunitario, una de las políticas del bloque que hasta el momento ha esquivado la armonización que se ha impuesto en otras áreas.